Espaldarazo a las Cajas de Ahorros

Desde que el Fondo Monetario Internacional abanderó en un reciente informe sobre la economía española, la sugerencia de “privatizar” las cajas de ahorros, se comenzó a especular con insistencia en la prensa económica sobre el inicio de un proceso que proyectado en varias fases culminaría con  un cambio en la naturaleza jurídica de estas entidades centenarias y su posterior fusión o absorción por los grandes bancos. Este debate que estaba siendo caldeado desde sectores muy interesados en hacer “desaparecer” la competencia de las cajas, ha sido abortado por el vicepresidente económico Rodrigo Rato quién en la 81º de la asamblea general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros ha sentenciado que “el actual marco jurídico es adecuado para que las cajas se desarrollen en el futuro”. El momento ha sido oportuno porque evitará más especulaciones y, además, ajustará todas las imprecisiones y excesos escuchados en el debate – insisto, muy interesado y alentado – que ahora se diluye ya que una privatización de las cajas no es posible pues como afirmó el vicepresidente Rato las cajas son fundaciones privadas y, por tanto, nada tienen de empresas o sociedades públicas.

El interés por las cajas es lógico por la importancia que estas entidades de ahorro han alcanzado en el sistema financiero español (41 por ciento de los créditos y 53 por ciento de los depósitos del mercado español), que se ha desarrollado vertiginosamente en los últimos veintidós años cuando el vicepresidente Fuentes Quintana impulsó una serie de medidas dirigidas a dar más protagonismo y eliminar trabas a la operativa de las cajas en España. He escuchado al profesor Fuentes afirmar que cuando llevó en 1977 las medidas liberalizadoras al Consejo de Ministros algunos compañeros de gabinete le indicaron que “estaba concediendo la libertad a unas entidades inválidas”. El error del pronóstico fue mayúsculo ya que desde entonces las cajas han sido capaces de crecer sin dejar a un lado sus raíces fundacionales de carácter social – en este año dedican en España más de 120.000 millones a través de su obra social –  y mientras estas entidades de ahorro han crecido y se han consolidado, demostrando una gestión más prudente que la de los bancos. Solo hay que recordar que mientras en España no ha quebrado una sola caja, la crisis bancaria entre 1978 y 1985 fue protagonizada por la banca privada, desclarándose insolventes 58 de los 110 bancos existentes en España en el comienzo de la etapa democrática. Curiosamente a lo largo de la historia bancaria española lo habitual no ha sido privatizar sino nacionalizar o intervenir aquellos bancos gestionados imprudentemente.

Las cajas de ahorros por su evolución y conquista de espacios económicos a los bancos, resultan entidades muy atractivas para cualquier grupo bancario por muchas razones: eliminar competencia con un evidente gancho social, el enorme volumen de su negocio que casi iguala a los bancos, eficiente funcionamiento gracias a su proximidad a los impositores y su rápido adaptación a los cambios. Sin embargo, por su carácter fundacional no pueden ser adquiridas ni puestas a la venta al no pertenecer al sector público ni al privado, carecen de propietario y corresponden al conjunto de la sociedad. Esta puerta estará siempre cerrada mientras el Parlamento nacional no modifique su naturaleza jurídica que el vicepresidente Rato ha cortado de raíz tras un debate que ha estado caldeado en las pasadas elecciones.

Con frecuencia se habla de la politización de las cajas. No es un debate del que hay que huir. Aceptando la presencia de políticos en sus órganos de gobierno, como representantes de la sociedad de cuya titularidad dependen las cajas, hay que precisar que la gestión corresponde  a los profesionales. Representantes de lo que podemos definir por la política siempre ha habido en las cajas ya que su origen es exclusivamente político – bien por impulso de la Corona o de los gobiernos de turno –  y si buscamos un ejemplo, encontramos el de Cantabria que de ochenta y cinco presidentes en los últimos cien años, setenta y ocho fueron gobernadores civiles de todos los regímenes políticos. La reflexión de esta frecuente acusación lleva, incluso, a una conclusión: aceptando que hay políticos o personas designadas por los partidos en los órganos de gobierno – como también hay impositores, representantes de entidades culturales o sociales de prestigio – ni una sola caja ha quebrado. Sin embargo, han quebrado muchos bancos gestionados por banqueros  y personas no provenientes de la política, cuyos fracasos en los últimos veinte años nos han costado a los españoles nada menos que dos billones de pesetas. La defensa de una gestión profesional y no política de las cajas, aunque exista presencia política en sus órganos, ha sido clave en esa afirmación de que nunca se ha producido la quiebra de una caja de ahorros.

A la sociedad española la interesa unas cajas próximas a sus necesidades, que inviertan una parte significativa de sus beneficios en cultura, investigación, medio ambiente, etcétera, pero que además garanticen una distribución justa del crédito. Digo esto porque allí donde han desaparecido cajas de ahorros – ejemplo de Estados Unidos – se ha detectado una regresividad en la distribución del crédito que ha afectado negativamente a las clases más modestas y a las minorías étnicas. Por ello, tendrán que esperar en España cuantos alentaban el fin de las cajas ya que hubiera sido sorprendente que unas entidades nacidas para combatir a los usureros del siglo XIX acabasen en las manos de los ambiciosos banqueros privados del siglo XXI y de las nacientes concentraciones bancarias.

JOSÉ RAMÓN SAIZ FERNÁNDEZ