Puede ser el camino a seguir si, como va a ocurrir, el País Vasco camina hacia una total independencia fiscal, gravemente perjudicial para nuestros intereses.

Los grupos parlamentarios que apoyan al Consejo de Gobierno de la Diputación Regional (PP-PRC) impidieron el pasado viernes en el pleno del Parlamento regional que se instara al Gobierno de la nación a presentar ante el Tribunal Constitucional el correspondiente recurso de inconstitucionalidad contra las medidas fiscales vascas. Quienes hasta ayer lanzaban sus críticas contra cualquier decisión del Gobierno central, a partir de esta semana pasada se han convertido en un escudo protector. Se trata de hacer política partidista, que no es, en este caso, política cántabra de defensa de nuestros intereses regionales. Lamentamos afirmar que el Consejo de Gobierno que encabeza el señor Martínez Sieso se ha convertido, con tal actitud incomprensible desde todo punto de vista cántabro, en los defensores del pacto Partido Popular-PNV que abrirá un abismo en cuanto a régimen financiero y fiscal entre el País Vasco y el resto de España (excepto Navarra) con unos claros perjudicados. La unidad económica de España que queda rota y los vecinos de la comunidad vasca y, en especial, la región de Cantabria. Veamos los argumentos.

Hace unos días la Diputación Foral de Vizcaya aprobaba un importante paquete de medidas fiscales, mucho más dulces y flexibles que las existentes en Cantabria y en el resto de España. Un periódico económico de alcance nacional al presentar los acuerdos titulaba: El País Vasco camina hacia la revolución fiscal y añadía: “La nueva normativa fomenta la inversión empresarial y trata de relanzar los valores que cotizan en Bilbao”. Pero éste, siendo un problema –que lo es y mucho- es mínimo en relación al que se nos viene encima. Si lo aprobado hace unos días por el Consejo de gobierno de la Diputación vizcaína se califica de revolución fiscal, definir lo pactado, firmado y prometido por el Gobierno de Aznar al Partido Nacionalista Vasco solo tiene un nombre: cesión de una auténtica soberanía e independencia fiscal. El portavoz del PNV en este debate de la Diputación de Vizcaya afirmó –y así lo ratificaron otros portavoces del nacionalismo vasco- que lo pactado por Aznar permitirá en la práctica el establecimiento de una política fiscal soberana. Es decir, el País Vasco actuará en poco tiempo como se de un estado confederado se tratara en lo político e institucional, pero soberano e independiente en materia fiscal. Con otras palabras: lo que a medio plazo tan solo unirá a los vascos con España es lo meramente formal; lo práctico, los dineros, la capacidad fiscal y, en general, un concierto económico con más derechos, que es lo que finalmente concreta una soberanía e independencia; todo esto, quedará bajo su total soberanía.

El lector comprenderá el alcance de las medidas fiscales aprobadas por la Diputación vizcaína con un fácil ejemplo sobre el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades.: si Iberdrola tributa a partir del comienzo de año por una tarifa del 32,5 por ciento más otras exenciones ¿por qué razones Electra de Viesgo queda obligada a tributar por el 35 por ciento, cuando ambas empresas están dentro de un mismo sector industrial y de un mismo Estado? Realmente no tiene sentido. Si a esta medida se unen otras sesenta aprobadas con reducciones concretas en la fiscalidad, además de otras ventajas de mayor o menor alcance, tenemos que afirmar que se está desarticulando la unidad económica de España y que se vulnera de forma clamorosa varios artículos de la Constitución, entre ellos el que proclama la igualdad de los españoles ante la Ley, lo que debería implicar que no se permitieran estas graves discriminaciones que, reiteramos, atentan a un principio que es básico para detectar el mayor o menor grado de armonía y coherencia de un Estado, como es la unidad de mercado.

Los resultados de la atracción por estas ventajas fiscales se conocen prácticamente todos los días. La multinacional Daewoo de instala en Vitoria; Caja Madrid abre una mutua en le País Vasco debido al mejor trato fiscal respecto a los planes y fondos de pensiones y mutualidad vigente en el resto de España, etcétera. Por si esto fuera poco, la Diputación de Vizcaya también se propone mejorar sensiblemente los incentivos a favor del mecenazgo. Y si estas medidas no fueran suficientes, el ya presidente Aznar les firmó un documento que les garantiza anualmente 140.000 millones más de pesetas, un concierto económico más ambicioso y, atención, retirar todas las acciones jurídicas contra este abuso fiscal que, insistimos, rompe para siempre la unidad económica de España.

Ante estas situaciones y la connivencia que demuestra el Gobierno cántabro con unos pactos nacionales entre el PP y el PNV, se favorece, por un lado, al País Vasco, y se penalizan a comunidades vecinas como Cantabria, grave discriminación que tienen ahora mismo unos costos difícilmente cuantificables, que sumado a las cesiones a otras Comunidades Autónomas, sin duda provocarán recortes en nuestra escasísima participación en los presupuestos del Estado, ante lo que preguntamos: ¿es posible un radicalismo cántabro?. Por el conformismo no caminamos a buen puerto. Aquí, a lo que se ve y parece, solo les va bien a quienes saben ejercer un poder con unos votos con una esencia radical que nos entusiasmaría si fuéramos vascos o catalanes, porque estaríamos identificados plenamente con estas reivindicaciones, pero somos cántabros. Y los cántabros ya hemos pagado y bien el ejercicio de la solidaridad para que todavía nos sigan sangrando.