La ley de presupuestos del Estado que defiende el Gobierno de la nación ha eliminado la deducción general - entre el 7 y el 12 por ciento - en los módulos del IRPF, que se fijó en 1993, lo que representa otro dato negativo para los intereses del colectivo productivo menos beneficiado del estado de bienestar.

Los presupuestos del Estado para el próximo año no traen buenas noticias para los empresarios familiares que cotizan como autónomos. El Gobierno de la nación se dispone a aprobar unas medidas fiscales que representan un serio perjuicio para los intereses de este colectivo de varios millones de empresarios autónomos en España - unos cinco mil en Cantabria - que verán incrementada su presión fiscal de forma significativa, mejor dicho, desmesurada. Diversas asociaciones de empresarios autónomos han calificado como una afrenta del Gobierno la supresión de la deducción general en los módulos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que permitirá a la Hacienda Pública recaudar en el 2001 algunas decenas de miles de millones de pesetas.

Siempre hemos defendido que los Gobiernos debieran ser más sensibles a la importancia y trascendencia de los autónomos y de las empresas familiares en general, desasistidas históricamente porque no se movilizan en defensa de sus intereses o, porque la baja sindicación de sus empleados no alcanza la efectividad necesaria para impulsar una presión a los poderes públicos. A pesar de su fuerza relevante en la economía de los países más avanzados y el hecho constatado de que constituyen la mayoría numérica del tejido productivo de las economías avanzadas, existe una cierta insensibilidad de los Gobiernos hacia los pequeños empresarios y autónomos. Su poder es real, pero al menos en España no tiene una voz que sea debidamente escuchada, aunque en el contexto de otras economías los pequeños empresarios y autónomos forman parte de los segmentos sensibles para los poderes públicos competentes. Así ocurre en Estados Unidos donde el 35 por ciento de las quinientas mayores empresas son de carácter familiar; en el Reino Unido este porcentaje alcanza el 76 por ciento, mientras que en España 170 de las mil empresas más fuertes son de carácter familiar.

Dada la trascendencia del empresario familiar y del autónomo en nuestra economía, es lógico que se dispare la alarma cuando se concretan medidas que puedan ser negativas para este colectivo de tanta trascendencia en nuestro tejido empresarial. Y la noticia que está a debate es que el Gobierno de la nación en el proyecto de presupuestos, ha intentado colar sin que se notara este incremento fiscal, que hace perder credibilidad a su insistente y constante estrategia de vender que en los últimos años los impuestos han bajado y que la economía va muy bien, aunque el último dato, el de la inflación, nos haya devuelto a porcentajes superiores a los existentes en el último Gobierno socialista de González, anticipo o aviso serio de que llegan tiempos de estrechezes. Prácticamente nadie se había dado cuenta de que en el proyecto de presupuestos que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados desaparecía la reducción de entre el 7 y el 12 por ciento en el impuesto sobre la renta (IRPF) de la que se vienen beneficiando, desde 1993, los varios millones de empresarios autónomos que declaran a través del régimen de módulos. Si nadie lo remedia y el Senado no enmienda esta intención del Gobierno, habrá decaído una trayectoría, hasta ahora positiva, de una menor tributación en el IRPF a través de los módulos. Los autónomos, los grandes desasistidos de la protección social en España, verán una vez más perjudicados sus intereses, mientras los partidos políticos que buscan su apoyo en tiempos electorales, una vez más les abandonan hasta las siguientes promesas del 2003 y del 2004.

Con cierta frecuencia he insistido que los poderes públicos deben defender a colectivos como los pequeños empresarios y los autónomos, muy desasistidos quizás porque no han sido capaces de organizar sus fuerzas y defender unidos sus derechos y reivindicaciones. El autónomo, que nos ocupa en estas reflexiones, se encuentra casi abandonado en cuanto a protección social, a pesar de que la Seguridad Social ingresa miles de millones de pesetas de este colectivo; colectivo, además, que cuenta con limitaciones significativas; así, se le niegan las percepciones por enfermedad hasta pasados los primeros quince días de permanecer en situación de baja. Por otra parte, las jubilaciones presentan cuantías escasas en relación a los trabajadores por cuenta ajena y, no digamos si éstos trabajadores pertenecen a un sector en reconversión, ya que en estos casos la pensión media es hasta cinco o seis veces superior a la de un autónomo. En otras palabras, el autónomo sigue siendo el gran sacrificado en el estado de bienestar social, a pesar de las múltiples promesas que vuelven a la actualidad y a reiterarse en las campañas electorales.

Otro de los problemas nunca resueltos para el empresario familiar o el empresario autónomo se refiere a la transmisión generacional de la empresa ya que solo una pequeña parte de las empresas familiares consigue mantener el carácter familiar por más de una generación. De un reciente estudio realizado por la London Business School para España, resulta que al 63 por ciento de los empresarios familiares les gustaría que la empresa siguiese en manos de la familia después de su jubilación. No obstante - según datos del Instituto de la Empresa Familiar - sólo un 34 por ciento consigue alcanzar este objetivo. Esa ruptura en la continuidad es debida a que el empresario familiar no siempre consigue superar con éxito desafíos como planificar la sucesión o incorporar directivos no familiares, sino que los poderes públicos y, en concreto, el Gobierno de la nación y los Ejecutivos autonómicos, mantienen un sistema impositivo claramente desfavorable para la empresa familiar, especialmente el impuesto sobre el patrimonio y sucesiones, porque impide su capitalización sólida y rápida. Solo la Generalitat de Cataluña ha impulsado medidas ambiciosas, con una reducción de la presión fiscal dentro de sus competencias, para posibilitar la transmisión generacional de la empresa familiar, hecho que no debe extrañar por el adelanto que existe en Cataluña sobre el resto del Estado en este tipo de medidas y, sin duda, por el peso de la empresa familiar en la economía de la comunidad catalana.

En definitiva, instamos a los poderes públicos a que ponga en marcha una fiscalidad más europea sobre el empresario familiar y el autónomo, dada la trascendencia de su peso en la economía nacional y su protagonismo como fuente de riqueza y empleo. El Gobierno generá una gran frustración en el empresario autónomo que desde 1993 contaba con una deducción general en los módulos del IRPF, si en el debate presupuestario en el Senado no modifica su intención de eliminar una bonificación que estaba consolidada después de siete años de experiencia en la declaración del IRPF de este importante colectivo, tantas veces engañado y que está en la cola de los beneficiados del estado de bienestar.

(ALERTA 18.11.2000)