La complacencia, por no decir la docilidad, en asuntos como el Plan Hidrológico, Valdecilla, la autopista de ¡peaje!, la falta, en definitiva, de capacidad reivindicativa ante el Gobierno central para defender el progreso legítimo de los cántabros, nos demuestra que las instituciones no ejercen el poder depositado en el Estatuto.

El pasado 1 de febrero se ha celebrado un nuevo aniversario -el decimonoveno- de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía para Cantabria. Se han escuchado discursos que no vamos a discutir que puedan estar bienintencionados; sin embargo, ha faltado la pregunta clave que interesa a muchos ciudadanos: ¿ejerce Cantabria el poder político y la representación y defensa de los intereses de la comunidad cántabra que inspiran nuestro Estatuto y el autogobierno?. El presidente del Parlamento lanzó - según los medios de comunicación - una dura crítica hacia las actitudes de quienes, al parecer, dudan de la capacidad del autogobierno. Sinceramente, los peligros no hay que buscarlos fuera; el problema reside en si en el pueblo de Cantabria se está instalando un determinado escepticismo en cuanto al ejercicio del autogobierno, el desarrollo de los derechos políticos en favor de los cántabros que reconoce el Estatuto y, sobre todo, si sus intereses son defendidos correctamente. Una pregunta, ésta última, sin duda clave para el partido, el PRC, que sostiene al presidente de la Cámara Legislativa, que trataremos de contestar.

Aún está reciente la última reforma estatutaria en la que participé y que se centró en afianzar el poder político de Cantabria a través de una serie de propuestas que conformaron el "espíritu" que debiera animar, desde mi personal punto de vista, la reforma y cuyas líneas generales logré que definiera y aprobara el Parlamento en sesión del 22 de marzo de 1996, al defender una iniciativa que culminó con un acuerdo que se publicó en el Boletín Oficial de la Cámara, del que destacan los siguientes principios:

1. Máximo poder político a través del ejercicio del autogobierno.

2. Reconocimiento de la dimensión histórica de Cantabria que superara la difusa definición de "entidad regional"

3. Inclusión de todas las competencias no contempladas en la Constitución como exclusivas del Estado.

4. Eliminación de todas las "limitaciones" restrictivas impuestas por los pactos estatales de los que surgió la LOAPA en 1982.

Este marco que defendí para la reforma a través de una proposición no de ley que titulé "Medidas para una profundización en el autogobierno de Cantabria", anticiparon que podía existir un consenso amplísimo para una reforma estatutaria que debía proyectarse, además, como la primera impulsada por el Parlamento de Cantabria ya que las dos anteriores lo habían sido a iniciativa de sendos pactos estatales PP-PSOE que se limitaron a modificar aspectos muy puntuales y no decisivos del Estatuto de 1981. Pero el camino no fue fácil, sobre todo teniendo en cuenta que en aquél debate y en la necesidad corresponsable de consenso, señalé para que nadie se llamara a engaño, que era primordial - cara a una aceptación global de la reforma - la modificación sustancial del artículo 1º sobre la definición histórica de Cantabria.

En las actas oficiales de la Ponencia para debatir la reforma quedó manifestada mi oposición al acuerdo al que llegaron el resto de los ponentes: PP (Rodriguez Argüeso); PSOE (Neira Jimenez); PRC (De la Sierra González) e IDCAN (Berriolope Muñecas) sobre el artículo 1º y que, con mi voto en contra, pactaron con el siguiente texto:

Desaparecía, como puede comprobarse, la definición de "entidad regional histórica", alcanzando los ponentes señalados, incluido el hoy presidente del Parlamento en representación del PRC, un acuerdo claramente restrictivo, incluso con el del viejo Estatuto del 81, haciendo desaparecer las bases historicistas que desde un principio inspiraron el proceso de reivindicación del Estatuto en los años setenta. Finalmente, en el momento cumbre de alcanzar o no un acuerdo global sobre la reforma, el artículo primero - con mi reiteración de que una redacción no satisfactoria cuestionaba la totalidad de la reforma -, se concretó en el siguiente texto, hoy vigente:

La diferencia entre uno y otro texto es tan importante como el que Cantabria pasara de no contar con rango alguno de identidad histórica en la definición de su artículo primero, a que se reconociera por las Cortes Generales su dimensión de Comunidad Histórica. Para algunos, en aquél momento, pudo ser un triunfo banal y sin sustancia; sin embargo, para quienes sentimos el valor de la historia y el orgullo positivo de la aportación de Cantabria a la construcción de España, el acuerdo fue trascendente y emotivo. Había que aprovechar la oportunidad; de ello no tenía la menor duda y una conquista esencial era, sin duda, el que nos definiera ese rango de Comunidad Histórica que aunque no ofrece mayores presupuestos o nuevos derechos políticos, en la práctica reconoce los valores históricos y de identidad de una comunidad como la nuestra.

Ahora bien, visto lo visto en los últimos meses y aprovechando algunas de las reflexiones del presidente del Parlamento, pregunto: ¿el problema que se plantea es el de las actitudes de los que no creen o tienen dudas sobre el autogobierno o, de quienes ejercen el autogobierno sin convicciones e, incluso, marginando de su estrategia política la capacidad reivindicativa en favor del progreso de los cántabros?. ¿Se utiliza en ese fin esencial - el derecho a un mayor progreso de los ciudadanos cántabros - el poder que representa el Parlamento?. O, por el contrario, con Estatuto y todos sus contenidos y, además, con un partido regionalista en la gestión de la Comunidad ¿tenemos un Gobierno simplemente sometido a intereses ajenos a Cantabria?. Esta pregunta ya la he contestado afirmativamente en otros artículos.

Prestemos un poco de atención al panorama de las últimas semanas. Hace unos días se aprobó el Plan Hidrológico Nacional en el que se anuncia que se nos van a conceder 50.000 millones de pesetas en diez años para obras que hace tiempo están anunciadas y, que aunque ya debieron incluirse en los presupuestos del Estado, lo que se hace es sumarlas a las aportaciones del Plan Hidrológico. Pues bien, más del doble de esta cantidad consiguieron en el último momento las comunidades de Castilla-La Mancha y Extremadura en su negociación con el ministro Matas para dar su apoyo al plan. Nada menos que obtuvieron 115.000 millones de pesetas adicionales. Nosotros, 50.000 millones para los próximos diez años ¡y eso que tenemos en nuestro territorio el nacimiento del Ebro y el pantano por el que tampoco ahora recibiremos las compensaciones que dejen a cero la deuda histórica!. Aragón, sin embargo, se ha adueñado de la titularidad de las aguas y sacará, finalmente, buenos frutos de su actual oposición. El regionalismo cántabro, sin embargo, aplaude a Matas y sepulta en el olvido todas las frustraciones y engaños sufridos por ciudadanos cántabros que soportaron un gran expolio nunca compensado.

Valdecilla. Nuestras autoridades se enteran por la prensa del nuevo gerente. El Gobierno PP-PRC habían pedido el cese del anterior, no mereciendo respuesta del Insalud. Menosprecio, pero también incapacidad manifiesta de elevar una protesta, aún cuando con motivo de la reforma del Estatuto - con la oposición, por cierto, del PP y del PRC - el resto de los ponentes logramos imponer un artículo que lamentablemente - tome nota el Sr. De la Sierra - se está burlando y que finalmente pagaremos todos los cántabros con una pérdida importante de calidad hospitalaria:

Podemos hablar también de la autopista ¡de peaje!. Señores del Gobierno y de las instituciones cántabras: ¿No les parece una humillación que tras sufrir tres décadas de retraso en infraestructuras, esta comunidad se la obligue, sin rechistar, a aceptar un tramo de peaje en la autovía del Cantábrico?. Por favor. ¡Por dignidad!.

Entiendo la figura del presidente del Parlamento para que en ocasiones como la de la jornada del 1 de febrero, haga llamamientos a unirnos en torno a nuestra pequeña constitución que es el Estatuto. No entiendo, salvo que sea por partidismo, intentar echar las culpas al empedrado ya que si existen grupos de opinión que no tienen fe en el autogobierno, habría que preguntarse si, en parte, esa falta de fe está motivada por situaciones como las expresadas anteriormente. Mire, Señoría: que todavía el Gobierno de Cantabria, dos años largos de la aprobación de la reforma, utilice en sus papeles oficiales el término "Consejo de Gobierno" cuando esta definición se finiquitó o, que algunos consejeros se refieran, todavía, a "Diputación Regional" cuando también desapareció del Estatuto, ¿con qué valor se puede pedir a los ciudadanos en general las actitudes que demanda el presidente del Parlamento en relación a nuestro Estatuto?. Pregúntese también su Señoría cómo es posible - y lo tenemos reciente - que a medio millón de cántabros y, especialmente, los ciudadanos de la segunda ciudad de Cantabria, se les hurtara un derecho que otras comunidades ofrecieron a sus ciudadanos, cómo el de presenciar por televisión un encuentro de fútbol histórico. Y el hecho - grave, denigrante y humillante - no es un problema de competencias, sino de ejercer con autenticidad, fe, convencimiento y, por supuesto, mejores actitudes, este Estatuto de Autonomía de Cantabria que va camino de cumplir dos décadas.

(ALERTA 03.02.2001)