Los mismos derechos que los vascos/ y 2
Aunque la Constitución reconoce el concierto y la "ventaja" fiscal del País Vasco, hay que recordar otros artículos que proclaman la solidaridad y que todos los españoles somos iguales ante la ley. Los perjuicios que genera una fiscalidad muy inferior a la aquí vigente, no tienen solución por la vía de la compensación, sino por el ejercicio de los mismos derechos o la aplicación de las mismas normas.
Hace cinco años impulsé en el Parlamento de Cantabria una serie de iniciativas parlamentarias dirigidas, por un lado, a que nuestra Comunidad recibiera compensaciones por la fiscalidad vasca, bastante inferior a la vigente en el resto de España y, en concreto, en Cantabria. Según un estudio al que entonces tuve acceso, el impuesto de Sociedades aplicado en el País Vasco, después de una serie de deducciones, se situaba hasta quince puntos por debajo del vigente en nuestra Comunidad Autónoma. Todas mis iniciativas salieron adelante por la mayoría de votos de la oposición, absteniéndose los partidos en el Gobierno del PP y PRC.
Una de aquellas propuestas parlamentarias se debatió el 22 de enero de 1996 en el seno de la Comisión de Economía, Hacienda, Comercio y Presupuesto del Parlamento, sesión que culminó con la aprobación de la propuesta de resolución que defendí ante la Cámara por la que se instaba al Gobierno cántabro y al Gobierno de la Nación "a que adopten las medidas que sean necesarias para defender los intereses de la región frente a las iniciativas fiscales adoptadas por el País Vasco y que son discriminatorias para Cantabria", reclamándose las compensaciones económicas que anularan los perjuicios originados a los intereses de la Comunidad Autónoma.
Recuerdo que los responsables del Gobierno cántabro prometieron inmediatas compensaciones, as_ como que cumplirían en el menor plazo de tiempo posible un estudio sobre los perjuicios económicos que dichas medidas podrían suponer para la actividad productiva en Cantabria y, sobre todo, para la competitividad entre empresas de un mismo Estado con diferente fiscalidad. El tiempo pasó; no hubo resultados positivos y los gobernantes, por falta de independencia y personalidad política ante el poder central (del mismo partido), no expresaron de forma inequívoca su inquietud y protesta ante Madrid . Sí lo hizo el presidente de La Rioja, la comunidad autónoma más pequeña del Estado, que ha demostrado más capacidad política que nuestros dirigentes.
A falta de compensaciones económicas, me inclinó más adelante por plantear que se nos fijara por el Estado la misma fiscalidad que aplicaba el País Vasco en base a sus competencias. En una nueva iniciativa parlamentaria planteaba la situación existente, indicando que como se ha dicho gráficamente "sin autonomía financiera, no hay verdadera autonomía, y que tan importante como las facultades para gobernar son los medios económicos". Este pensamiento es lo que, en definitiva, representa y supone la figura del concierto económico, instrumento jurídico que regula las relaciones de orden financiero y tributario entre el País Vasco y el Estado. En base al citado concierto, las haciendas vascas, dependientes de las diputaciones forales y no del Gobierno autónomo, tienen capacidad de recaudación fiscal directa, así como potestad para determinar la ejecución del gasto. Estas mismas haciendas son las que después aportan al Gobierno vasco los fondos con los que contará este para elaborar sus presupuestos.
También planteaba que la capacidad fiscal del País Vasco se basa, entre otros, en los tributos de IRPF, IVA e impuesto de Sociedades (denominados tributos concertados), que representan el 86,5 por ciento del conjunto de la presión fiscal. Además de recaudación, las haciendas forales vascas disponen de competencias para regular dichos impuestos, con excepción por el momento del IRPF, siempre que se mantenga un nivel de presión fiscal efectiva similar a la del Estado.
Desde mi perspectiva personal, recogía en la referida iniciativa parlamentaria que las medidas fiscales entonces aprobadas por las Diputaciones forales vascas no respetaban el nivel de presión fiscal existente en el resto de España, lo que suponía un agravio significativo que tiene consecuencias muy directas en las Comunidades vecinas, caso de Cantabria, Castilla y León y La Rioja. Así, se rebajó el tipo general del Impuesto de Sociedades que llega hasta un cinco por ciento para las pymes que declaren un beneficio inferior a 10 millones de pesetas, la actualización de balances al año 1996, libertad de amortización para las pequeñas empresas, deducción del 15 por ciento de la cuota por las inversiones en activos fijos y del 10 por ciento para las dotaciones a una reserva para inversiones productivas y así un largo numero de novedades que "diferencian" notablemente la fiscalidad vasca con la vigente en el resto de España. El debate se culminó con la aprobación de la resolución que presenté a la Comisión de Economía, que giró sobre estos dos mandatos al Gobierno, que nunca se defendieron en las instancias oportunas:
"1.- Realizar conjuntamente con el resto de las Comunidades Autónomas afectadas, cuantas gestiones sean precisas ante el Gobierno de la Nación, dirigidas a que con vigencia desde el 1 de enero de 1996 se apliquen en Cantabria los mismos tipos de gravamen que los aprobados en el País Vasco para el Impuesto de Sociedades, así como cualquier otra medida o disposición que pudiera suponer una discriminación para los intereses de Cantabria.
2.- Que ante las instancias estatales oportunas se reclame que las Comunidades Autónomas puedan modificar el Impuesto de Sociedades, competencia que ahora solo tienen el País Vasco y Navarra".
En un Estado cada día más competitivo, es difícil aceptar que haya territorios que jueguen con ventaja y más si son vecinos, ya que pueden afectar directamente a intereses en juego. El Gobierno de la nación debe tomarse muy en serio este problema y aunque es la Constitución la que reconoce esta "ventaja" del País Vasco al asumirse su hecho diferencial, sería conveniente tener presente otros artículos constitucionales que proclaman la solidaridad y que todos los españoles somos iguales ante la ley. El problema de la fiscalidad vasca no tiene solución por la vía de la compensación, sino por el ejercicio de los mismos derechos o la aplicación de las mismas normas. Sin embargo, desde Cantabria y sus instituciones, salvo las resoluciones del Parlamento que he citado, no ha salido una sola iniciativa que contemple este grave problema, cuando ahora sería el momento de plantear demandas con motivo de la negociación de la financiación autonómica. El problema viene cuando nuestros dirigentes aceptan su propia comodidad política que la incomodidad de poner en riesgo su cuota de poder que les llega de Madrid.
(Publicado el 3 de junio de 2001)