Me he inclinado por un titular llamativo -algunos podrán afirmar que es tremendista- para encabezar esas reflexiones, lo que no quiere decir que en el horizonte y si las cosas siguen por los tumultuosos caminos actuales, el peligro no sea real. ¿Quién no tiene más o menos frescas en la memoria las marchas o cruzadas cántabras del Sr. Revilla a Villaverde de Trucíos, cuando desde la oposición reclamaba que se garantizara por los medios que fuere y, con todas las consecuencias, la cantabricidad de este enclave territorial en tierras vascas?. Ahora que gobierna, camino ya de siete años, ostentando la vicepresidencia y la consejería de Obras Públicas, se arma por aquellas tierras cántabras, enclavadas en el corazón del Señorío de Vizcaya, un buen lío y la Corporación municipal de Villaverde de Trucíos para llamar la atención por el deterioro de sus relaciones con el Gobierno de Cantabria, acude a un viejo derecho -finiqutado por la Constitución- de reclamar al Rey que, sin embargo, es un camino más positivo y responsable para los intereses cántabros que ponerse en manos del lehendakari vasco.

La historia, sin embargo, da estas vueltas y finalmente nos muestra con que descaro se actuaba, aunque nos duela profundamente en este y otros casos lo que viene sucediendo, ya que el Gobierno Sieso-Revilla está errando -con grave peligro para la integridad territorial de Cantabria- en su política con los municipios que soportan una fuerte influencia sociológica de la comunidad vasca. En vez de optar y desarrollar una política global e integradora, con sentido de comunidad, se dejan llevar por mezquinos partidismos, cuando se trata de actuar por otras vías, es decir, reforzar lo cántabro allí donde existen amenazas, que vienen de un expansionismo económico de los territorios vascos que tienen asumidas unas competencias y una fiscalidad muy equivalentes a las de un estado soberano.

No es nuevo que el Gobierno de Cantabria fomente el clientelismo en detrimento de una política institucional razonable y positiva en todos los sentidos. Hace unos meses dimitió por razones profesionales el alcalde de Mazcuerras y afirmó que en seis años el presidente regional no había pisado el municipio, no por falta de invitaciones oficiales; la Corporación de Polanco ha tenido que acudir a los tribunales para defender sus derechos a una financiación justa por parte del Gobierno, que ha llegado a boicotear, incluso, actos que en torno a la figura de don José María de Pereda no hay justificación alguna sobre la ausencia del presidente, consejero de Cultura o, cargo en el que pudieran delegar por actos más trascendentes en la misma jornada, caso de la entrega a la familia del escritor del título de Hijo Predilecto del municipio; el alcalde de Piélagos denuncia con toda razón cómo una y otra vez el consejero de Obras Públicas deja las carreteras a medias cuando su trazado penetra en el territorio municipal; no hablemos de Castro Urdiales que con cuarenta mil habitantes de hecho, desde el Gobierno de Cantabria se actúa peligrosa y partidistamente por sometimiento a intereses caciquiles ya caducos.

Ahora, es la Corporación municipal de Villaverde de Trucíos que reclama atención no tanto presupuestaria sino institucional y que, al menos, se ejecute lo que se promete y se aprueba. Su alcalde, Pedro María Llaguno Artolachipi, ha dado estabilidad y buena administración al enclave cántabro en Vizcaya. Lo ha hecho desde el sentido común y la responsabilidad y, como todo alcalde que se precie de serlo, defendiendo a ultranza los intereses de su municipio, históricamente deficitario por los excelentes servicios de los municipios vascos que le rodean. Conozco a Llaguno y durante algún tiempo estuve al lado de sus reivindicaciones, como ahora de sus demandas de auxilio al Rey, aunque constitucionalmente no tenga efectividad alguna y solo represente un viejo derecho con el que llamar la atención sobre una situación injusta.

El alcalde Llaguno se distingue por decir las cosas claras y en estos años ha tenido buenas peleas con el Gobierno porque pequeñas obras que se aprobaban y se ejecutaban con años de retraso, constatándose una grave dejación de los responsables cántabros en el seguimiento de esas obras. No es fácil para un Ayuntamiento cuyos representantes trabajan en Bilbao y con un presupuesto bajísimo, hacer cola en las instituciones radicadas en Santander, muchas veces sin lograr entrevistarse con los responsables y volver a su pueblo con las manos vacías, sobre todo cuando los municipios que rodean los pueblos del municipio de Villaverde cuentan con todos los servicios y derechos. Estoy seguro que ha tomado el acuerdo de reclamar al Rey para evitar "in extremis" otra decisión que inmediatamente serviría para que demagógicamente el señor Revilla se enfundase la coraza de cántabro, dispuesto a defender contra cualquier invasor este enclave. Sin embargo, obras son amores y no estaría de más que, de inmediato, el vicepresidente tratara de salvar situaciones que tienen peligros evidentes para nuestra integridad territorial.

Es necesario y urgente que el Gobierno rectifique. Las declaraciones de Llaguno apelando al Rey para que garantice solidaridad con su municipio, entendiendo las claves territoriales de Villaverde de Trucíos, responden a una estrategia moderada. Los co-dirigentes del Gobierno de Cantabria se están deslizando, en este campo, por un camino peligroso que solo puede debilitar la propia integridad de la Comunidad Autónoma. Abusando de una mayoría muy absoluta en el Parlamento no solo han reducido a casi cenizas a la Cámara legislativa, sino que impulsan el clientelismo y favoritismo hasta el descaro, ya que hasta en sus propias filas partidistas hay ayuntamientos favorecidos y otros castigados.

El alcalde Llaguno, como los gobernantes de Castro Urdiales y de otros municipios que soportan un partidismo absurdo que va en contra del propio interés de Cantabria, deben manifestar sus inquietudes y reivindicaciones por el camino de la responsabilidad y el sentido común, sin apelar a nada extraño. Por esa vía contarán con el aliento de muchos cántabros que entienden que Cantabria precisa de acciones de gobierno solidarias, integradoras y eficaces. El debate, a la espera de que el Gobierno rectifique su insistente error, debe discurrir por ahí, sin que afecte a sentimientos o, a la propia identidad territorial de Cantabria. Cántabros somos todos; por ello, reclamamos un gobierno para todos, sin discriminaciones.

ALERTA 8/12/2001