Las mayorías absolutas otorgan el poder, pero no necesariamente la autoridad; con la mayoría se vence, pero no se convence siempre. Nunca una mentira se dignifica con la mayoría; sigue siendo mentira por más votos de que se disponga. Es inadmisible que se aproveche una mayoría para descalificar a cuantos no pensamos como ellos, coartando la libertad, la iniciativa y la crítica.

¿Que les pasa?. ¿No notan cierta impertinencia, mala educación e incluso descaro en algunas de las declaraciones de miembros del Gobierno PP-PRC de nuestra Comunidad Autónoma?. Cuando se han dado a conocer una serie de informes que desgraciadamente (y empleo esta calificación porque los resultados de crecimiento económico en estos años de bonanza económica se sitúan por debajo de la media nacional, es decir, son negativos para nuestras aspiraciones de un mayor desarrollo y recuperación de una situación perdida), nos hemos encontrado con una cascada de descalificaciones que no dicen nada positivo a favor del actual Ejecutivo. Términos como "bluff", que el coste por página ha ascendido a tantas miles de pesetas, que sus autores viven en otro planeta y un largo etcétera de afirmaciones por parte, en este caso, de los consejeros de Economía y Hacienda y de Turismo e Industria que se han repartido los papeles para desacreditar cualquier informe, apunte, opinión o indicio que no guste al poder oficial instalado en la mayoría absoluta.

El pasado lunes el consejero de Economía señor Santamaría - que sigue sin contestar las preguntas sobre el incremento de seis mil millones de pesetas de la deuda cántabra en un solo año, en cuyo empeño de clarificación seguiremos insistiendo -, ha protagonizado una actitud intolerante en el Parlamento cuando se ha debatido, a iniciativa de la oposición, el informe del Consejo Económico y Social cuyo debate terminó con la dimisión de su presidente. Las actitudes del señor Santamaria Velasco no son nuevas y nos recuerdan el estilo desafiante de otras mayorías absolutas que precisamente dejaron de serlo por el menosprecio y otros gestos poco o nada ejemplarizantes.

Seguramente que desde la comodidad que ofrece la mayoría debe resultarle ocioso al consejero de Economía tener que escuchar otras opiniones; y por eso lejos de intentar convencer con razones y argumentos, las despachan con tres o cuatro desautorizaciones para provocar de esta manera una humillación. Por tanto, habrá que calificar tal actitud de mal sistema, nefasta práctica y prepotente enfoque del servicio público, que no nos ha sorprendido en este consejero de Economía que en una actitud prevaricadora con un alto funcionario con importantes servicios al interés general de Cantabria - su nombre, don Fermín Sánchez López de Haro - le ha cesado hasta de su categoría funcionarial alcanzada en un concurso, simplemente porque ha ejercido con honor y honradez su representación en Caja Cantabria.

Los ciudadanos tenemos que asumir que en ocasiones se cometan errores e, incluso perdonar cuando se constata voluntad y empeño y, sin embargo, las cosas no salen bien. Pero lo que no puede asumirse es la negación y descalificación de cualquier derecho de análisis o juicio crítico, cuando los datos y estadísticas no cuadran con lo deseable para los intereses políticos - no de los ciudadanos - de la mayoría gobernante y que cuando se produce la saludable y refrescante crítica desde la sociedad civil o, desde organismos o entidades que precisamente tienen unas obligaciones en ese campo, se quiera aplastar la opinión, descalificarla y denigrarla. Más, sobre todo, cuando aquí en Cantabria tenemos un Gobierno que no es capaz de aprovechar todas las posibilidades de la comunidad, no se conocen proyectos imaginativos que sean un referente y, también, que los grandes problemas no van con ellos y dejan a Cantabria sin capacidad para ofrecer alternativas más positivas y rigurosas, ejemplos de Valdecilla, con unas obras que realizadas en el siglo XXI nos dejan un hospital viejo, solo retocado, que responde a criterios ya superados del siglo XX; la actitud sometida al poder central en el Plan Hidrológico Nacional que nos pagan con unas migajas, mientras otras comunidades se llevan el agua y los dineros; la autopista de peaje mientras seguimos esperando las anheladas infraestructuras, el aislamiento del norte de España y, por tanto, de Cantabria en materia de ferrocarril, el retraso manifiesto en las nuevas tecnologías y asi un largo etcétera de aspiraciones no ejecutadas y que algunas tardarán, todavía, más de una década.

Ante esa falta de propuestas, de capacidad para ejercer desde el Gobierno objetivos de verdadero riesgo pero que son necesarios y sin un modelo definido sobre Cantabria, en el siglo XXI seguimos viviendo de los efectos de la ejecución, en parte, de una red regional de carreteras que en su momento generaron polémica pero que hoy se demuestra que fueron acertadas; de Cabárceno, como referencia indiscutible del turismo y de Cantabria; el palacio de festivales, cuya estructura y funcionalidad le hará útil para muchas generaciones o de aquella mejora genética de la ganadería, un sector que hoy está por los suelos, en plena agonía, entre la indiferencia de los gobernantes, cuando en nuestro nombre, el de los cántabros, debieran aplicar medidas excepcionales para garantizar el equilibrio económico de las familias ganaderas.

Entiendo como lícito que cada político tenga su personal opinión sobre cualquier tema y conviene que el ciudadano la conozca para que luego su voto sea libre y responsable. Pero, en cambio, es criticable que la mayoría imponga su parecer con mala educación y es inadmisible que se aproveche esa mayoría para coartar la libertad, la iniciativa y la capacidad de maniobra de otros grupos o instituciones afines o no a la mayoría absoluta gobernante. Es evidente que la mayoría del PP-PRC es larga pero eso no debiera impedir que el Parlamento cántabro funcionara con autenticidad, con más rigor, donde se debatan en profundidad los asuntos y no se entendiera su labor como un estorbo que hay que superar y como hay mayoría da igual de cualquier manera. Tan evidente como que las mayorías absolutas otorgan el poder, pero no necesariamente la autoridad. Con la mayoría se vence, pero no se convence siempre. Nunca una mentira se dignifica con la mayoría; sigue siendo mentira por más votos de que se disponga. Y condicionar el derecho a la libertad de expresión es una forma de dictadura, de corrupción de las más elementales normas democráticas, por más democrático que sea el origen de quién actué de esta manera.

Sería razonable que los responsables de la cosa pública en Cantabria modifiquen su estilo, actitud positiva que sería bien aceptada en favor del prestigio de las instituciones y el ejercicio responsable de cada parte en sus funciones para las que están legitimadas. No puede ser que el Gobierno quiera controlarse a sí mismo, que quiera dar el visto bueno a las estadísticas antes de publicarlas; en definitiva, que exprese con prepotencia su irritación y malestar porque entidades y organismos que, incluso como ocurre con el CES, están subvencionados con sus dineros - en ocasiones intencionadamente para diluir la crítica o buscar su silencio -, digan que ésto va mal o que va mejor en el resto de España. Y es todo un error no sólo por el mal estilo, sino porque necesitamos una sociedad viva y no muerta o sometida ya que no hay mejor motor que el espíritu emprendedor y este espíritu no puede cercenarse desde los poderes públicos, sino alentarle y motivarle para que aporte sus energías en favor de los intereses generales de Cantabria, que es lo único importante.

(Alerta 10.02.2001)