Entre los cántabros existen la impresión muy consolidada de que la gran bonanza económica de estos años no se ha aprovechado óptimamente.

El problema no es que Extremadura ejecute mejor el plan de viviendas; la preocupación se acrecienta cuando también nos deja atrás en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías.

La memoria histórica es siempre importante y no puede obviarse en la acción política. Uno recuerda ˇcómo no! cuando en otros momentos de nuestro autogobierno y con otro presidente y otros ejecutivos, cualquier estadística adversa, daba igual su procedencia, de inmediato era utilizada desde la oposición con todos los resortes de comunicación a su alcance para debilitar o deteriorar a quienes gobernaban. Entiendo que es una estrategia lícita y que ya los gobiernos juegan con muchas cartas a su favor como para que la oposición deje pasar la oportunidad de criticar cuando inesperadamente aparecen estadísticas que no son favorables para quienes gestionan la cosa pública, tanto desde el punto de vista de la promesa electoral como de los compromisos asumidos en la investidura de un Ejecutivo. Esto viene ocurriendo en Cantabria en el último año, que afecta, especialmente, a dos áreas de la acción del Ejecutivo: por un lado, los datos sobre el crecimiento económico y, por otro, la gestión de la vivienda pública; asuntos que en el pasado generaron ríos de tinta por algunos miembros del actual Gobierno de Cantabria; en concreto, el vicepresidente señor Revilla, que en cada ocasión, circunstancia y al momento de que por los teletipos de las agencias se ofrecía una estadística adversa, rápidamente ejercía, sin piedad, una crítica lacerante contra el Gobierno del momento.

Nada objeté en aquellos tiempos a que el hoy vicepresidente y consejero de la Vivienda ejercitara su derecho de oposición, pero también debo decir que nunca pensé que quienes acudieron a ese derecho desde la legitimidad, discutan y se molesten cuando otros ejercen la misma labor desde la misma legitimidad; por otra parte, saludable acción ya que ningún Gobierno puede estimarse que sea democrático sino tiene al mismo tiempo una oposición que le controle. Por tanto, que la actual oposición en el Parlamento de Cantabria salga de una situación en la que parecía estar sedada y ejerza cierta caña sobre los responsables de la gestión pública cuyos fracasos las estadísticas ratifican, nos parece bueno y positivo. Lo mismo digo que cuando desde el Gobierno se rechazan las estadísticas y afirman que se hace demagogia sobre sus conclusiones, lo razonable es que debamos pensar que quienes gobiernan no tienen más argumentos con los que combatir la estadística negativa.

En el campo de la gestión de la vivienda y la participación de Cantabria en el correspondiente plan nacional, dos estadísticas han coincidido plenamente en estas semanas: que Cantabria es la comunidad con menor grado de cumplimiento del referido plan, por un lado; y que nuestra comunidad se sitúa en el último lugar en la construcción de viviendas protegidas, por otro. Ambas informaciones han sido trasmitidas por las agencias informativas desde Madrid y corresponden a sendos informes del Consejo de Colegio de Arquitectos y al Servicio de Estudios del BBVA. Tras la aparición de la primera estadística francamente negativa y bochornosa, la consejería competente salió con sus cifras totalmente contrarias; tras la aparición de la segunda oleada de datos, el departamento de la Vivienda ha mantenido un discreto silencio, no sea que en las próximas semanas aparezcan otros organismos con estadísticas y valoraciones equivalentes.

Estamos, pues, ante un área donde el fracaso es evidente. Pero es un fracaso no exclusivamente de una consejería y su titular, sino de todo un Gobierno que en el Parlamento y en la investidura de su presidente, se comprometió a superar con creces todos los compromisos que los planes de vivienda estableciesen para nuestra Comunidad Autónoma. Parecía que se les quedaban pequeños los planes de vivienda y, sin embargo, a la vista está que no hay capacidad para cumplir unos deberes que al estar financiados por Madrid no se puede decir que fueran ambiciosos y, cuyo incumplimiento manifiesto representa indirectamente una pérdida de financiación importante; es decir, perjuicio económico, además del daño que se hace a las familias expectantes de contar con una vivienda pública. Y no estamos los penúltimos o los terceros por la cola - por aquello del peso demográfico - sino que estamos en el último lugar, por debajo, por ejemplo, de La Rioja, que tiene la mitad de nuestra población o de Navarra, que tiene en el Estado el mismo peso demográfico que Cantabria y, sin embargo, nos superan con creces en porcentajes y actuaciones. Concluyendo, estamos cuatro veces por debajo de la media nacional. Puede ser razonable - por necesidades sociales - que Extremadura haya logrado un grado de cumplimiento del 88,9 por ciento (Cantabria en las mismas fechas se sitúa en un 8,3 por ciento); sin embargo, no se puede ignorar que en una reciente estadística - la lejana y pensamos empobrecida Extremadura - nos aventaja también en el desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías, es decir, en posicionamiento de futuro. Es decir, algo va mal y no solo la vivienda.

A la vista de estas reflexiones, las promesas sobre la vivienda y su cumplimiento distan mucho de satisfacer a los cántabros. Porque el incumplimiento no es ya con lo prometido desde la responsabilidad de gobernar - que siempre se afina más y se actúa con más dosis de prudencia - sino que el balance sería escandaloso si recuperando la memoria histórica y acudiendo a las hemerotecas, ponemos sobre la mesa las promesas en campaña electoral. Acudiendo a la visión que tengo más cerca, el tandem Revilla/Marcano prometieron en la campaña regional/municipal de 1995 nada menos que diez mil viviendas de las llamadas sociales para el conjunto de la comunidad, de las que mil viviendas se construirían en Torrelavega. Estamos en el 2001 y en la capital del Besaya no se han construido más allá del centenar. Es decir, ˇde escándalo!, cómo es igualmente escandaloso que en marzo la segunda ciudad de Cantabria esté sin presupuestos; no exista actividad que pudiera generar un mínimo de entusiasmo y la euforia de quienes anunciaban cambios sustanciales en la gestión hoy tienen que rendirse porque se han perdido ya dos años sin que podamos decir que, por fin, algo nuevo se ha hecho, porque hasta ahora todo ha sido Achupar@ rueda de los proyectos ya diseñados.

Lo mismo nos ha ocurrido en otras estadísticas, especialmente en las referidas al crecimiento económico de Cantabria en el conjunto nacional. No hace falta recordar que todas aquellas que no han sido del agrado del Ejecutivo fueron duramente combatidas y descalificadas. El informe del CES ya produjo el cese de su presidente, aunque hasta ahora las estadísticas del BBVA no han arrastrado a Ybarra, aunque quién sabe con este consejero de Economía que, por cierto, sigue sin informarnos sobre esos seis mil millones de incremento de deuda en un solo año y que nadie ve, en obras, por ningún sitio. Así las cosas, tenemos un Gobierno que da por bueno lo que le es favorable y combate con ardor lo desfavorable, tarea inútil cuando el ciudadano percibe, a veces, mucho más que lo que dicen las estadísticas y, en general, hoy los cántabros observamos que nuestro crecimiento es muy limitado, que no ganamos puestos en el ránking de las Comunidades Autónomas y que seguimos teniendo una asignatura pendiente con la reducción lenta pero continuada del sector industrial. El fino olfato de los ciudadanos que nos enfrentamos todos los días a la realidad sabemos bastante más que lo que pueden indicar los números y, hoy en Cantabria, existe una impresión muy consolidada de que la gran bonanza económica de estos años no se ha aprovechado óptimamente.