Hasta llegar a su aprobación, debieron superarse numerosas incertidumbres y recelos, sobre todo de los diputados que representaban a Castilla-León en las Cortes Generales, si bien el proceso hacia el autogobierno fue imparable a partir de que el recordado alcalde de Cabezón de la Sal, don Ambrosio Calzada Hernández, iniciara el respaldo de los ayuntamientos democráticos -constituidos en abril de 1979- para solicitar al Gobierno de la Nación la petición oficial de constituirse en Comunidad Autónoma, dotándose de de un Estatuto en base al artículo 143 de la Constitución.

 En el largo camino de tramitación, el diputado De las Cuevas debió superar -incluso con algunas argucias, lo que le concede un especial protagonismo en el logro final- recelos, dificultades y opiniones contrarias, que se superaron por su posición de fuerza en el aparato de UCD en aquellas fechas; más tarde vino el golpe de Estado que pudo dar al traste con los estatutos de autonomía en proceso negociador y, finalmente, la LOAPA, legislación consensuada por UCD y el PSOE para controlar el desarrollo competencial autonómico. Se puede afirmar que el Estatuto cántabro sorteó todas las dificultades que le acecharon, que no fueron pocas. 

La historia posterior ya se conoce. El 30 de diciembre el Rey sancionaba la Ley Orgánica con motivo de un despacho vacacional en Baqueira Beret; el 11 de enero se publicaba en el Boletín Oficial de Cantabria y veinte días después entraba en vigor, aplicándose automáticamente la disposición final que mandataba el cambio de nombre de Santander por Cantabria. El 20 de febrero se constituía la Asamblea Regional provisional que eligió a don Isaac Aja Muela como primer presidente; semanas después la Cámara investía a don José Antonio Rodríguez Martínez como presidente de la Comunidad Autónoma y del primer Consejo de Gobierno, cuyo decreto de composición apareció en la portada del Boletín Oficial de Cantabria del 14 de abril. Estas son algunas de las fechas históricas del proceso autonómico que merece recordar al formar parte de la formación y constitución de la Comunidad Autónoma y el fin de la vieja Diputación provincial. 

Aquél Estatuto le asumimos a pesar de sus deficiencias. Escribí, entonces, que no siendo bueno, era el único posible en aquellos momentos de turbulencias y de los intentos del llamado bunker dirigidos a alterar la búsqueda de la normalidad democrática. Desde 1981 a 1999, año de la última reforma del Estatuto, discutimos su texto y contenidos en los medios de comunicación y en intervenciones públicas, con el fin de mejorar su nivel y equiparación al de otras autonomías. Fuimos pocos en este empeño al que dediqué decenas de artículos y dos libros (editados en los años 1992 y 1997) reivindicando una profunda reforma estatutaria, no impuesta desde Madrid sino elaborada y pactada en el Parlamento cántabro. El empeño no fue en balde y hace ahora dos años logramos una reforma profunda, eliminando todos los déficits y restricciones de la norma estatutaria de 1981 para alcanzar, finalmente, el rango de Comunidad Histórica.

  Como testigo de primera fila de la última reforma, defiendo  mi empeño exclusivo en alcanzar una definición para Cantabria que reconociera su dimensión histórica. Me comprometí a votar en contra de la reforma si no se lograba esa aspiración y el resto de los ponentes de los cuatro partidos a los que representaban -PP, PSOE, PRC e IDCAN- debieron rectificar su inicial acuerdo sobre la definición histórica de Cantabria que recogida en acta, representaba un paso atrás respecto a la contenida en el Estatuto de 1981. Como así fue, así lo escribo, aunque son pasajes de un debate en el seno de la ponencia que todavía siguen sin desvelarse, aún cuando las actas existen y fueron aprobadas y firmadas por todos los ponentes.

Hoy, veinte años después de aquella jornada histórica, el Gobierno de Cantabria está en manos de quienes en aquellos tiempos de reivindicación del autogobierno y de defensa posterior del Estatuto jamás aparecieron públicamente para comprometerse con la autonomía de Cantabria, a excepción -justo es reconocerlo- del señor Revilla. No es posible, por tanto, exigirles compromisos con la historia, la identidad cántabra, nuestras tradiciones, porque no las conocen ni las han vivido. Les da igual que se tergiverse nuestra historia con dineros públicos; se sienten indiferentes y pasivos ante injusticias que se cometieron con gentes de nuestro pueblo, como es el caso tan traído, por seguir siendo actualidad, de las expropiaciones para la construcción del pantano del Ebro, que significó el destierro a la fuerza de cientos de familias, contribuyendo el agua de Cantabria al gran progreso de otras tierras que hoy ya nos aventajan en riqueza regional, asunto que lamentablemente no se ha puesto sobre la mesa en el sí obligado de Cantabria al Plan Hidrológico. En fin, son tantos los escarnios que se nos han hecho que seguir por este camino, ahora mismo, no conduce a nada pero es necesario, al menos, poner en evidencia a tanto oportunista sobre la autonomía de Cantabria. 

Hace dos semanas escribía sobre nuestra actual inseguridad existencial por falta de un ejercicio decidido y riguroso de todos los mecanismos que contempla nuestro Estatuto y del autogobierno. Es en este contexto en el que, sin embargo, el señor Revilla tiene una alta cuota de responsabilidad como dirigente de un partido definido como regionalista. Se administran -no bien, desde luego- los presupuestos, pero no se hace política en el Parlamento cántabro, ni en las instituciones del Estado con las que se precisa gestionar y defender intereses cántabros. No se ejerce el mayor o menor peso político que podamos tener en Madrid, por esa falta de capacidad e ilusiones de gobernar Cantabria con la grandeza que reclama la necesidad de concretar horizontes suficientes para el progreso de nuestra tierra. 

En todo caso, celebremos el veinte aniversario de la aprobación del Estatuto aún cuando a veces sus contenidos se proyecten como letra muerta para un Gobierno que, salvo excepciones, no le siente y, un Parlamento que se ha convertido en una institución todavía muy alejada de los ciudadanos, ahora más por la escasa repercusión de sus debates y actividad por obra y gracia de una mayoría muy absoluta que obvia los debates trascendentes; dedicado, sin embargo, a tener protagonismo en áreas no decisivas ni incardinadas en el ser de la institución, como actividades protocolarias y reparto de subvenciones. Sin embargo, el Estatuto es ya hoy, tras la última reforma, una herramienta vital que posibilita un autogobierno más decidido y ambicioso del que lamentablemente carecemos.