Siempre he defendido la acción de gobierno en una Cantabria autónoma como una tensión entre realidad y proyecto desde el convencimiento de que no se trata de una realidad para administrar sino un proyecto a construir sobre esa realidad, irradiando una tensión permanente sobre las políticas que se desarrollen. Viendo el paisaje institucional y político cántabro, lo cierto es que no se ve esa tensión para el logro de acciones y objetivos que modernicen nuestra comunidad. Se palpa, por ejemplo, en el hecho de que la primera preocupación del Gobierno es que exista en su entorno una paz social ficticia que les garantizan los agentes sociales y económicos a través de pactos sostenidos sobre subvenciones muy generosas, cuando se precisa de apuestas reales y de verdad por ganar un futuro. Es decir, hacer realidad eso de "somos comunidad" que solo para el Gobierno PP-PRC es una frase o un slogan en el que afianzar su publicidad millonaria.

En el último número de "Cantabria Económica" puede leerse unas excelentes reflexiones de su director, Alberto Ibañez, con el título "Desmesura de lo público". Comienza su comentario señalado que "dicen las estadísticas que la fuente más importante de nuevo empleo en Cantabria son las administraciones públicas, lo cual no es, obviamente, para sentirnos satisfechos, máxime cuando la política de Aznar es justo la contraria". Añade el articulista que "en Cantabria la Administración regional tiene una tendencia natural al gigantismo, pero nunca habíamos llegado a suponer semejante contribución al empleo que probablemente sea mucho mayor, ya que en estas cifras no se incluyen las desmesuradas contrataciones de las empresas públicas que surgen por doquier, para que nadie diga que no se crean empresas en la región". Hila estas reflexiones con un reciente discurso de Aznar cuando afirmó que "cuanto más poder se atribuyen las autoridades, más parcelas de la vida económica y social dependerán de quienes en cada momento gobiernan, más licencias hay que pedir, más prebendas se pueden conceder y eso genera favoritismo o, en el mejor de los casos, simple y llana arbitrariedad".

Estas reflexiones denuncian la tendencia de los gobernantes actuales en impulsar lo público, cuando la filosofía sobre la que se asientan los dos partidos gobernantes es, que se sepa, todo lo contrario. Esto tiene algo que ver con ese ficticio slogan de "somos comunidad", porque si de verdad existiera esa apuesta de forma convincente y con todas las consecuencias, no constataríamos como el actual Gobierno abandona conscientemente algo que es una bandera de otras comunidades autónomas que luchan por el desarrollo y fortalecimiento de sus empresas, apostando sobre todo por controlar para el propio crecimiento interno la contratación pública.

Si esa voluntad de "somos comunidad" fuera cierta y real, el Gobierno habría puesto en vigor hace ya tiempo unas normas de contratación que favorecieran a la empresa de Cantabria. Nada se ha hecho a este respecto, con lo cual hay si hacemos un recorrido por las obras de Valdecilla, autovía de la meseta y con Asturias o, infraestructuras que se están realizando como la feria de muestras, que importan en su conjunto decenas de miles de millones de pesetas, la adjudicación se ha hecho a empresas que pagan sus impuestos y crean empleo fijo en otras comunidades. Es decir, se apuesta por el desarrollo de empresas ajenas a Cantabria y se limita el crecimiento de las propias, lo que empobrece a la propia comunidad.

Es ciertamente ofensivo para quienes sabemos que se actúa en contra de lo nuestro, cuando siendo conscientes de que tenemos empresas suficientes, bien organizadas y competentes para hacer obras de envergadura, más del ochenta por ciento de la adjudicación pública que afecta a Cantabria cae en manos de empresas foráneas, que posteriormente subcontratan casi a precios de lo comido por lo servido esas mismas obras. Recuerdo –y en aquél momento como diputado denuncie duramente estos hechos- cómo obras que ahora me vienen a la memoria, caso de las del puerto de Suances o el puente de Torres, se adjudicaron por el Sr. Revilla a empresas de fuera. Se trata de un ejemplo de obras que perfectamente pueden realizarse por una de las decenas de empresas que trabajan en ese sector en Cantabria.

Claro que parece más fácil someterse a las presiones de las empresas poderosas de fuera que atender el propio desarrollo y crecimiento de las nuestras. Nuestro Producto Interior Bruto ganaría algunas décimas si toda esta contratación pública se quedara en Cantabria, como las empresas gallegas son atendidas y privilegiadas en Galicia o, las castellanas en Castilla y León. Ahora que asistimos a la presentación de las propuestas de relevantes arquitectos para la nueva sede de Puertochico, con toda seguridad asistiremos a cómo la obra por varios miles de millones de adjudicará a una empresa foránea.

Sin embargo -como escribe el director de Cantabria Económica- la Administración cántabra no lleva precisamente el camino que propugna Aznar, indicando que después del doloroso desajuste económico en la nueva competencia de Educación, que va a producir un quebradero de cabeza a la hora de confeccionar cada presupuesto y de otro problema parecido en la Universidad, se va a incrementar el número de funcionarios.

Creo que en la situación actual habría que optar por más trabajo y pasión a favor de un programa que coincida con las necesidades de la comunidad, sustituyendo a este triunfalismo y autocomplacencia que coincide con dos nuevas sentencias que representan un varapalo importante, una de ellas, de nuevo, en el ámbito urbanístico. Como cántabros ejercientes cllaro que nos gustaría que ese slogan "somos comunidad" fuera realidad y la afirmación se ejerciera desde los poderes cántabros. Pero no tenemos esa satisfacción que debiera surgir de la fuerza de unas instituciones que sostenidas en el voto de los cántabros, fueran menos dependientes del clientelismo político de Madrid y, por ello, sus gobernantes dieran la cara en exigir que empresas cántabros al menos se las adjudicara ¡un tramo de autovía! – el cien por cien para las de Madrid- y otras infraestructuras culturales, deportivas y sanitarias fueran realizadas por nuestras empresas en ese gran objetivo de fortalecer –y no debilitar- nuestro tejido industrial.

También nos agradaría que el slogan "somos comunidad" sirviera para plantar cara con buenas maneras al Gobierno de la nación ante las migajas que en ocasiones se nos ofrecen, ejemplo del Plan Hidrológico, cuando tanto entregamos en solidaridad con otras comunidades españolas, aún no cumpliéndose en la práctica totalidad de las promesas cuando se construyó el pantano del Ebro que tanta riqueza ha aportado a otras regiones, que nos han superado en todo, cuando algunas estaban a la cola.

En fin, nos gustaría decir que esto va mejor y, sin embargo, observamos que en el reparto de papeles que existe en la gobernación cántabra la mediocridad supera a los deseos y ambiciones. Una comunidad sin liderazgo político y, sobre todo, sin independencia para defender nuestros intereses, es una comunidad que vive resignada a lo que la den sin derecho al pataleo. Es lo que tenemos a falta de resultados concretos, aunque la propaganda millonaria esté próxima a informarnos que vivimos en el país de las maravillas.

ALERTA 25/11/2001