Desde hace ya tiempo el área de urbanismo del Gobierno de Cantabria está en crisis. Era un hecho conocido pero nunca abordado, evidenciando una escasísima voluntad para solucionar esta situación que culminó recienternente con el cese del anterior director de Urbanismo y Vivienda y el anuncio por parte del vicepresidente y consejero de Obras Públicas de una remodelación de la Comisión Regional de Urbanismo. Muchas denuncias están recogidas en el diario de sesiones del Parlamento de Cantabria; sin embargo, los partidos coaligados en el Gobierno han actuado como siempre: huir de buscar soluciones para no dar la razón a la oposición, aunque sea a costa de deteriorar un campo productivo en el que se mueven no sólo intereses económicos sino las aspiraciones de muchas familias por acceder a una nueva vivienda en sintonía con sus necesidades y posibilidades.

Cuestionada la composición de la Comisión Regional de Urbanismo (CRU) a partir de que los tribunales de justicia comenzaran a suspender normas subsidiarias de municipios cántabros aprobadas por la propia CRU, el Gobierno y. en concreto. el consejero del área, en vez de tornar medidas que fueran corrigiendo las disfunciones, cae en el error de la ley del péndulo y se anuncia, nada menos, que en la próxima Comisión de Urbanismo el empresariado promotor, protagonista de un porcentaje significativo del crecimiento económico anual de la Comunidad Autónoma, quedará excluido. Me pregunto, inicialmente, como puede marginarse por un Gobierno de derechas y, por tanto, presumiblemente defensor de la iniciativa económica, la libre empresa, etcétera, a una parte importante de la economía productiva de Cantabria, como son los que arriesgan sus dineros para la construcción de viviendas.

Esta crisis continuada ha generado una inseguridad jurídica que el Gobierno no ha sido capaz de atajar, añadiendo incluso más incertidumbres con una nueva legislación cuyos, primeros efectos se van a concretar en un cierto parón del sector, así como a corto y medio plazo un incremento significativo del precio de la vivienda al existir menos oferta de suelo. En consecuencia, la actividad de la construcción - que marca las pautas de una economía en crecimiento o en recesión - va a tener en Cantabria unos efectos negativos añadidos a los que traerá la crisis que todos vaticinan.

En este contexto de inseguridad se concretan, además, las polémicas sentencias judiciales que ordenan el derribo de construcciones en algunos puntos de Cantabria, especialmente en aquellos, en los que Arca incrementa su actuación. Las últimas se refieren a Cuchía (Miengo) y a Liencres, respecto a la cual he escuchado en Radio Santander unas declaraciones del alcalde de Piélagos, Jesús Angel Pacheco Bárcena. El alcalde, cuya sentencia le ha cogido fuera de Cantabria, se ha visto sorprendido y perplejo por una decisión judicial que no entiende y de forma lacónica y escéptica ha afirmado que con las mismos fundamentos que la sala emplea en esta sentencia, cientos e, incluso, miles de viviendas en Cantabria podrían considerarse en situación irregular y, por tanto, afectadas por lógicas incertidumbres de derribo.

Esta inseguridad que denunciamos en el campo del desarrollo urbanístico en Cantabria afecta a propietarios de terrenos, promotores y a los adquirientes de algunas urbanizaciones contra las que se recurre, así corno a los propios Ayuntamientos que ven como sus ingresos por licencias se gastan en una espiral de pleitos judiciales. Unas reflexiones que nos llevan a una ley del suelo que se ha consensuado entre el Gobierno y la oposición que puede llevar al sector a perder uno o dos años, tiempo en el que se concretará y notará la recesión que se anuncia, propiciando una reducción sustancial del número de viviendas a construir, así como que se incremente su precio significativamente;

unos jueces que dictan sentencias sobre cuyos efectos - es mi opinión - no alcanzan a conocer las consecuencias reales porque no se enfrentan a la decisión final del derribo, lo que plantea que clase de justicia tenemos; unos propietarios que han recibido como herencia de sus antepasados unas tierras que con un sector ganadero sin horizontes precisan obtener unas justas plusvalías; los promotores que generan impulso económico y trabajo y que como contrapartida tienen derecho a unos beneficios y, finalmente, unos Ayuntamientos cuyas corporaciones aún aprobando por unanimidad la concesión de licencias con todos los informes técnicos favorables, no parece suficiente para los jueces.

Los Ayuntamientos - y aquí rompo no solo una lanza por el de Piélagos - primer interesado en mantener ordenadamente la costa de Liencres ~ tienen la obligación legal de tramitar las licencias de construcción que se solicitan, siempre y cuanto respeten los planes urbanísticos vigentes y cuenten con los informes técnicos favorables para su aprobación definitiva por el pleno corporativo. Cuando una licencia cumple estos parámetros, el alcalde y la Corporación no pueden rechazar ni retrasar una licencia. Está obligado a concederla salvo dañar con intencionalidad los intereses del titular de esa licencia y esto es lo que, al menos, ha ocurrido en Liencres a través de un expediente objetivo. Estas situaciones plantean, pues, una pregunta: ¿donde queda la autonomía municipal?. Al paso que vamos ¿no sería más preferible con el fin de ahorrar tantos gastos jurídicos, que sean los jueces quienes concedan las licencias?. Ya se que es un absurdo, pero algunos, cansados de tanta inseguridad ya reclaman que este camino como el más razonable en este contexto urbanístico que sin duda está creando serios perjuicios económicos a la actividad económica, los Ayuntamientos y a las familias afectadas.

Los chalets que según la sentencia judicial se tienen que derribar en Liencres están en el área urbana y cuentan con todos los servicios: luz, agua, saneamiento. Sin embargo, un informe pericia] - el Ayuntamiento declara que fue realizado sin una visualización del terreno - niega la existencia de estos servicios. aún cuando se indica en los autos que los obreros que construyeron la urbanización debieron actuar con sumo cuidado para no alterar la red de saneamiento existente. Una urbanización, además, ubicada a casi dos kilómetros de la costa de Liencres, lo que indica que respeta todas las normas de protección.

Finalmente, la inseguridad en el área del urbanismo se incrementará en el futuro si los empresarios del sector quedan marginados de los organismos competentes en la materia. Si la Comisión Regional es "el órgano consultivo y de gestión" en materia urbanística - artículo 254.1 de la Ley Autonómica del Suelo - nos parece un retroceso para la libre iniciativa económica y el ejercicio de las actividades empresariales dentro de la economía cántabra. Creo que la presencia de los empresarios del sector y de cuántos agentes tengan algo que decir, aportará seguridad, estabilidad y un consenso sobre el desarrollo sostenible que demanda Cantabria. Que el vicepresidente Revilla mantenga esta actitud de negar su presencia, puede entenderse desde el hecho de que en su partido difícilmente encontraremos un programa y una ideología, pero que el presidente de la Comunidad Autónoma permita semejante marginación que va en contra de la iniciativa empresarial, parte esencial de la identidad programática de su partido. ofrece bien a las claras la idea de los "reinos de taifas" en que se ha convertido un Gobierno incoherente que no es capaz de compatibilizar ordenadamente las competencias de Medio Ambiente y Obras Públicas respecto a la planificación urbanística.

ALERTA 29/9/2001