Mayor inconformismo de los cántabros

Según el estudio sociológico anual de la Generalitat de Cataluña sobre opiniones y actitudes de las autonomías, uno de cada dos cántabros piensa que se tratan mal los intereses cántabros.

Teniendo en cuenta la alta inversión que el Estado viene realizando en autovías, el estudio refleja que la ciudadanía considera amortizada la histórica deuda del Estado en infraestructuras.

Hace unos días la Generalitat de Cataluña  ha dado a conocer el estudio sociológico anual que realiza un equipo bajo la dirección del experto Joaquín Arango sobre opiniones y  actitudes de las autonomías.  En las páginas de ALERTA se adelantaba el pasado lunes algunos de los datos –ciertamente muy significativos- que ofrece este importante estudio, muy acreditado ya que se viene realizando desde hace años alcanzando un importante eco en los medios de comunicación. De los datos facilitados por las agencias de prensa -a la espera de conocer en profundidad los contenidos del estudio- conviene reflejar lo que piensan los cántabros y los españoles en general sobre el trato que el Gobierno central ejerce hacia la comunidad de Cantabria:

1.-  Casi uno de cada dos cántabros (45 por ciento) piensa que el Gobierno central trata a Cantabria peor que al resto. Este inconformismo ha crecido en relación a estudios anteriores.

2.- Existe prácticamente la misma identidad cántabra que española; sin embargo, en sentimientos regionales Cantabria es la comunidad novena del ranking y en vocación española la doceava.  Destacar que el cantabrismo ha crecido respecto a análisis de otros años, lo que indica que va calando progresivamente una mayor conciencia regional.

Son dos datos esenciales de este estudio que abre una reflexión en el análisis del grado o nivel de satisfacción o insatisfacción de los cántabros con el actual Gobierno central. Hay, a este respecto, una conclusión que nos dice que el alto índice de insatisfacción de los cántabros en un tiempo en el que se están concretando inversiones importantes –sobre todo con el inicio de la autovía de la Meseta- quiere decir que nuestra ciudadanía considera que estas inversiones han llegado tarde, que ha sido largo el tiempo de espera en su ejecución, cuando el resto de Comunidades Autónomas ya tienen, hace tiempo, solucionados sus problemas de infraestructura viaria con la capital del Estado. La ciudadanía cántabra, según estos datos, no considera mérito alguno que la Administración central impulse definitivamente estas obras en el siglo XXI –nadie apuesta que las obras estén finalizadas para el 2005- cuando el resto de las comunidades –probado está- ya han solucionado este tipo de problemas.

El inconformismo cántabro puede estar centrado, además, en el aislamiento ferroviario hasta, al menos, el 2008; el progresivo deterioro industrial sin que el Gobierno central dirija alguna de las inversiones industriales hacia Cantabria y, finalmente, la visión alicorta del Insalud sobre Valdecilla en complicidad con la ineficiencia y la cortedad de miras del Gobierno de Cantabria, incapaz de arriesgar, apostar y proyectar  un nuevo Valdecilla.

Otro problema que subyace en este inconformismo se centra en  como el Gobierno de Cantabria -con la actual estructura de poder del PP y el PRC- se limita a asumir y cumplir los dictados de Madrid en relación a distintos campos de actuación en los que Cantabria ya tiene, además, competencias exclusivas. Que hay una nueva ley de enseñanza estatal, la consejera de Educación viaja al Ministerio, recibe la doctrina necesaria y regresa a Cantabria alabando el proyecto, sin aportación crítica alguna; que hay que firmar un convenio de vivienda, donde el cupo para Cantabria está adjudicado de antemano, también el consejero de Obras Públicas y  Urbanismo, el regionalista señor Revilla,  acude a Madrid y con el mismo ferviente acatamiento acepta lo que le ofrecen, sin negociación, aunque después se fabrique esa estrategia, ya inventada, de que tras duras negociaciones y firmeza en las reivindicaciones, se ha conseguido lo impensable.

 

Otro dato importante es que una gran mayoría de cántabros –entorno al setenta por ciento- considera que el Gobierno central favorece a unas más que a otras Comunidades Autónomas. Frente a unos gobernantes conformistas que no incomodan al Gobierno de la nación en la  distribución de los ingresos del Estado, vía inversiones presupuestarias, a pesar de la presencia de un regionalismo que lamentablemente se ha acomodado al poder y en el poder, los cántabros perciben con gran nitidez este tratamiento injusto e insolidario. Ahí tenemos el caso más reciente de un estudio que prueba que la fiscalidad vasca perjudica a Cantabria, tesis negada insistentemente por los consejeros del Gobierno y el propio presidente en los años 95-99 a pesar de nuestras reiteradas advertencias y críticas que ahora quedan probadas definitivamente en un estudio independiente. Claro que aquellos tiempos eran los de la luna de miel del Gobierno central con el PNV, que aquí se aplaudía por inercia y seguidismo, sobre todo si recordamos que Arzallus defiende lo mismo que entonces.

Concluyendo, entiendo que es bueno para el interés general que exista un espíritu inconformista en la ciudadanía cántabra en relación al trato negativo e insolidario que recibimos de la Administración central. Para aplaudir las políticas centralistas ya tenemos bastante con el seguidismo de nuestros gobernantes Martinez Sieso y Revilla Roiz.

Subvenciones agrarias: corrupción, suma y sigue

Después de la corrupción por las subvenciones del lino que afectó, sobre todo, a la comunidad castellano-manchega, surge ahora la red creada en Cantabria para cobrar de manera supuestamente fraudulenta subvenciones al sector agrario por formación continua. Las subvenciones generosas que conceden las administraciones tienen, por lo general,  tres fines: para comprar silencios y tejer una red política; desviarlas a enriquecimientos personales y, por último, cumplir con su finalidad.
En los presupuestos de Cantabria y de otras Administraciones las subvenciones –que representan un gasto y nunca una inversión productiva- aparecen cada año varios miles de millones de pesetas de distribución graciable, donde el favoritismo es la regla general para su concesión. La utilización política del dinero público tiene en Cantabria un referente importante, una comunidad en la que, por ejemplo, la Administración regional que ahora tiene competencias en Sanidad es incapaz de aportar un millón de pesetas para la operación en el extranjero del joven Nehemías y, sin embargo, no hay inconveniente en pagar con un millón de pesetas una aparición por tierras de Tudanca a la viuda de Cela, de cuya relación tempestuosa con nuestra comunidad logró, finalmente, con la cooperación de gobernantes cántabros, llevarse el manuscrito original de La Familia de Pascual Duarte, aún cuando era conocido que don José María de Cossío afirmó siempre ante testigos que “santa rita, lo que se da no se quita”.
Sobre la detención del secretario general de Asaja, algunos políticos como el consejero de Ganadería ya ha marcado distancias, afirmando que tan solo le veía una vez al trimestre. El presunto autor principal de un delito contra la Hacienda Pública tenía una amistad íntima con algunos políticos ligados tradicionalmente al sector ganadero, conexiones que son bien conocidas en el Parlamento cántabro.  Concluyendo, ya es hora de controlar más efectivamente las subvenciones, algunas tan inmorales porque no van a los fines establecidos o, se dirigen a crear redes políticas o silenciar a organizaciones, trucando gravemente la necesaria controversia.
 

ALERTA 1-06-02