Concierto vasco y nuestros derechos como cántabros

		Concierto vasco y ¡nuestros derechos! como cántabros
- El Lehendakari ejerce todo un desafío al Estado cuando somos nosotros los auténticos agraviados: nuestros empresarios tienen más cargas fiscales y menos ayudas para competir y nuestros universitarios no pueden opositar por un empleo por razones del idioma. - Un País Vasco que funcionara bien, por la senda constitucional y desde el equilibrio y pragmatismo de los catalanes, alejado de las fórmulas soberanistas, sería un marco positivo para todo el Estado, aún asumiendo la situación de ventaja de la que goza.		Los cántabros tenemos unos vecinos hacia oriente, los vascos, que cuentan con una autonomía más próxima al soberanismo -al menos en el campo económico y fiscal- que a nuestro modelo de autogobierno. Por tanto, todo lo que ocurre en su territorio, todas las acciones impulsadas por sus instituciones o los pactos que por vía de la Constitución o, a través de grandes compensaciones económicas que, sucesivamente, han alcanzado con Gobiernos de la nación de diferentes signos políticos, no pueden sernos ajenos. Cantabria, históricamente, ha tenido un freno desde el territorio vasco. Lo tuvo nuestra historia, tergiversada y adulterada durante varios siglos gracias a la escuela de Nebrija y de los historiadores pro-vasquistas y, que sólo por el tesón y la sabiduría del historiador burgalés, padre Enrique Florez, recuperamos en toda su autenticidad y vigor. Lo hemos tenido en los fueros y conciertos que han significado grandes ventajas para las tres provincias vascas y lo hemos sufrido, también, cuando decisiones que significaban una consolidación para la identidad cántabra, encontraron siempre la oposición vecina, como el caso de la carretera de Castilla a Santander en el siglo XVIII o, su oposición a que La Montaña se hiciera más autónoma al dejar de depender del Consulado de Burgos en cuanto al desarrollo del puerto y de sus relaciones mercantiles. Es decir, todo aquello que lograban nuestras incipientes instituciones provinciales que perjudicara, directa o indirectamente a intereses vascos, encontraba de inmediato un freno e impedimentos desde los territorios vecinos. En las últimas semanas ha sido actualidad la negociación del concierto, un derecho de las instituciones vascas que los españoles, generosos con la historia, reconocimos en la Constitución, pero una negociación que a los cántabros -como vecinos- nos debe alarmar, porque ahondar en diferencias financieras y fiscales representa más insolidaridad y más perjuicios para Cantabria, aunque reconozcamos que un País Vasco que marche bien, por la senda constitucional, desde el equilibrio y el pragmatismo de los catalanes y, no instalado en el soberanismo institucional, representaría, que duda cabe, aspectos positivos para todo el Estado, aún asumiendo las ventajas de las que goza la comunidad vasca. Al final, no ha habido acuerdo aunque las dos partes estén condenadas a rubricar un pacto; sin embargo, las declaraciones del lehendakari nos parecen todo un desafío al Estado del que forma parte, indeclinablemente, el País Vasco. Eso de que hagan las cuentas y liquiden a la Administración central como les plazca, cuando el Estado -todos- seguimos aportando importantes dineros de los presupuestos nacionales para sus proyectos de modernización, nos parece ciertamente injusto e insolidario. Y lo es para los españoles en general y para los cántabros, como vecinos, en particular, que por proximidad sabemos tanto de las ventajas como de los beneficios que han conseguido a costa de las pobrezas de los demás. No son éstas reflexiones antivasquistas; soy consciente de la necesidad de convivir con nuestros vecinos, tengo simpatías por su gran mayoría silenciosa que quiere paz y progreso en un contexto de amplia autonomía desde la tolerancia, el respeto y los derechos de cada pueblo. Pero cómo cántabros debemos reivindicar, para lograr algo positivo, los mismos derechos que tienen nuestros vecinos y que articulan eficazmente a favor de su propio desarrollo. En este objetivo, como cántabro y, en su momento, representante del pueblo en mi condición de diputado autonómico, he cumplido con mi conciencia y deber. Así, hace seis años impulsé en el Parlamento de Cantabria una serie de iniciativas dirigidas, por un lado, a que nuestra Comunidad recibiera compensaciones por la fiscalidad vasca, bastante inferior a la vigente en Cantabria y, por otro, que los cántabros dispusiéramos de los mismos derechos. Según un estudio que expuse en el debate parlamentario, el impuesto de Sociedades aplicado en el País Vasco, después de una serie de deducciones, se situaba hasta quince puntos por debajo del vigente en nuestra Comunidad Autónoma. Todas mis iniciativas salieron adelante por la mayoría de votos de la oposición, absteniéndose los partidos en el Gobierno PP-PRC, aún cuando la resolución aprobada el 22 de enero de 1996 instaba al Gobierno cántabro y al Gobierno de la Nación "a que adoptaran las medidas que sean necesarias para defender los intereses de la región frente a las iniciativas fiscales aprobadas por el País Vasco y que son discriminatorias para Cantabria".		Recuerdo que los responsables del Gobierno cántabro prometieron en el debate parlamentario inmediatas compensaciones, así como que cumplirían en el menor plazo de tiempo posible un estudio sobre los perjuicios económicos que dichas medidas podrían suponer para la actividad productiva en Cantabria y, sobre todo, para la competitividad entre empresas de un mismo Estado con diferente fiscalidad. El tiempo pasó; no hubo resultados positivos y los gobernantes no expresaron de forma inequívoca su protesta ante Madrid . Sí lo hizo el presidente de La Rioja, la comunidad autónoma más pequeña del Estado, que ha demostrado más capacidad política en esta reivindicación que la expresada por nuestros autoridades. Desde mi visión personal, recogía en la referida iniciativa parlamentaria que las medidas fiscales entonces aprobadas por las Diputaciones forales vascas desequilibraban a su favor el nivel de presión fiscal existente en el resto de España, lo que suponía un agravio significativo que tiene consecuencias muy directas en las Comunidades vecinas, caso de Cantabria, Castilla y León y La Rioja. Se rebajó el tipo general del Impuesto de Sociedades que llegaba hasta un cinco por ciento para las pymes que declarasen un beneficio inferior a 10 millones de pesetas, la actualización de balances al año 1996, libertad de amortización para las pequeñas empresas, deducción del 15 por ciento de la cuota por las inversiones en activos fijos y del 10 por ciento para las dotaciones a una reserva para inversiones productivas y, así un largo numero de novedades que "diferencian" notablemente la fiscalidad vasca con la vigente en el resto de España, principio por el que existe un expediente abierto en la Unión Europea a instancias de la comunidad riojana. El debate culminó con la aprobación de la resolución que presenté en el Parlamento cántabro que giró sobre estos dos mandatos al Gobierno, que nunca se defendieron en las instancias oportunas para que se aplicaran "en Cantabria los mismos tipos de gravamen que los aprobados en el País Vasco para el Impuesto de Sociedades, así como cualquier otra medida o disposición que pudiera suponer una discriminación para los intereses de Cantabria" reclamando al mismo tiempo las mismas competencias que "tienen Navarra y el País Vasco para modificar el Impuesto de Sociedades". En esta irritante discriminación frente a nuestros vecinos, apelamos a que el Gobierno de la nación apueste más decididamente por territorios que como Cantabria tienen acreditada su lealtad constitucional; es decir, a favor de una comunidad como la cántabra que recibe como todas dineros de la Administración central, pero también pagamos más al Estado para las cargas propias y comunes de la nación. Pero si ello no fuera suficiente -que lo es- tenemos que reinvindicarlo por el hecho comprobado que salimos seriamente perjudicados a muchos efectos, ejemplo de nuestros empresarios, que tienen muchas más cargas fiscales y menos ayudas, peligrando su competitividad o, nuestros universitarios que no pueden opositar por razones del idioma, situaciones que exigen que el Estado se tome en serio nuestra indefensión y discriminación. ¿O no lo es que a pesar de todas sus ventajas fiscales y económicas está previsto que les financie al cien por cien el tren de alta velocidad, que tendrán con bastante antelación a que los cántabros veamos modernizado nuestro deteriorado ferrocarril?. Se les cofinanció el metro de Bilbao hace varios años por un importe de casi cien mil millones de pesetas mientras los cántabros tenemos un ferrocarril de vía estrecha en el que no se han invertido, todavía, el 30 por ciento de las partidas previstas para el periodo 1997-2002. ¿Dónde está, por cierto, nuestro Gobierno ante estos lamentables y reiterados incumplimientos?. El problema de la fiscalidad y de los derechos de los vascos -superiores a los nuestros- no tiene solución sólo por la vía de la compensación, sino por el ejercicio de los mismos derechos o la aplicación de las mismas normas. Sin embargo, desde Cantabria y sus instituciones, salvo las resoluciones del Parlamento que he citado, no ha salido una sola iniciativa que contemple este grave problema, cuando ahora sería el momento de plantear demandas con motivo de la negociación del concierto económico de nuestros vecinos. El problema viene cuando nuestros dirigentes se apoltronan en la comodidad política, en vez de exigir con radicalismo, si se precisara, que la Constitución española contiene un articulado que proclama la solidaridad y que todos los españoles somos iguales ante la ley. ALERTA 5/1/2002

Concierto vasco y ¡nuestros derechos! como cántabros

- El Lehendakari ejerce todo un desafío al Estado cuando somos nosotros los auténticos agraviados: nuestros empresarios tienen más cargas fiscales y menos ayudas para competir y nuestros universitarios no pueden opositar por un empleo por razones del idioma.

- Un País Vasco que funcionara bien, por la senda constitucional y desde el equilibrio y pragmatismo de los catalanes, alejado de las fórmulas soberanistas, sería un marco positivo para todo el Estado, aún asumiendo la situación de ventaja de la que goza.

Los cántabros tenemos unos vecinos hacia oriente, los vascos, que cuentan con una autonomía más próxima al soberanismo -al menos en el campo económico y fiscal- que a nuestro modelo de autogobierno. Por tanto, todo lo que ocurre en su territorio, todas las acciones impulsadas por sus instituciones o los pactos que por vía de la Constitución o, a través de grandes compensaciones económicas que, sucesivamente, han alcanzado con Gobiernos de la nación de diferentes signos políticos, no pueden sernos ajenos.

Cantabria, históricamente, ha tenido un freno desde el territorio vasco. Lo tuvo nuestra historia, tergiversada y adulterada durante varios siglos gracias a la escuela de Nebrija y de los historiadores pro-vasquistas y, que sólo por el tesón y la sabiduría del historiador burgalés, padre Enrique Florez, recuperamos en toda su autenticidad y vigor. Lo hemos tenido en los fueros y conciertos que han significado grandes ventajas para las tres provincias vascas y lo hemos sufrido, también, cuando decisiones que significaban una consolidación para la identidad cántabra, encontraron siempre la oposición vecina, como el caso de la carretera de Castilla a Santander en el siglo XVIII o, su oposición a que La Montaña se hiciera más autónoma al dejar de depender del Consulado de Burgos en cuanto al desarrollo del puerto y de sus relaciones mercantiles. Es decir, todo aquello que lograban nuestras incipientes instituciones provinciales que perjudicara, directa o indirectamente a intereses vascos, encontraba de inmediato un freno e impedimentos desde los territorios vecinos.

En las últimas semanas ha sido actualidad la negociación del concierto, un derecho de las instituciones vascas que los españoles, generosos con la historia, reconocimos en la Constitución, pero una negociación que a los cántabros -como vecinos- nos debe alarmar, porque ahondar en diferencias financieras y fiscales representa más insolidaridad y más perjuicios para Cantabria, aunque reconozcamos que un País Vasco que marche bien, por la senda constitucional, desde el equilibrio y el pragmatismo de los catalanes y, no instalado en el soberanismo institucional, representaría, que duda cabe, aspectos positivos para todo el Estado, aún asumiendo las ventajas de las que goza la comunidad vasca. Al final, no ha habido acuerdo aunque las dos partes estén condenadas a rubricar un pacto; sin embargo, las declaraciones del lehendakari nos parecen todo un desafío al Estado del que forma parte, indeclinablemente, el País Vasco. Eso de que hagan las cuentas y liquiden a la Administración central como les plazca, cuando el Estado -todos- seguimos aportando importantes dineros de los presupuestos nacionales para sus proyectos de modernización, nos parece ciertamente injusto e insolidario. Y lo es para los españoles en general y para los cántabros, como vecinos, en particular, que por proximidad sabemos tanto de las ventajas como de los beneficios que han conseguido a costa de las pobrezas de los demás.

No son éstas reflexiones antivasquistas; soy consciente de la necesidad de convivir con nuestros vecinos, tengo simpatías por su gran mayoría silenciosa que quiere paz y progreso en un contexto de amplia autonomía desde la tolerancia, el respeto y los derechos de cada pueblo. Pero cómo cántabros debemos reivindicar, para lograr algo positivo, los mismos derechos que tienen nuestros vecinos y que articulan eficazmente a favor de su propio desarrollo. En este objetivo, como cántabro y, en su momento, representante del pueblo en mi condición de diputado autonómico, he cumplido con mi conciencia y deber. Así, hace seis años impulsé en el Parlamento de Cantabria una serie de iniciativas dirigidas, por un lado, a que nuestra Comunidad recibiera compensaciones por la fiscalidad vasca, bastante inferior a la vigente en Cantabria y, por otro, que los cántabros dispusiéramos de los mismos derechos. Según un estudio que expuse en el debate parlamentario, el impuesto de Sociedades aplicado en el País Vasco, después de una serie de deducciones, se situaba hasta quince puntos por debajo del vigente en nuestra Comunidad Autónoma. Todas mis iniciativas salieron adelante por la mayoría de votos de la oposición, absteniéndose los partidos en el Gobierno PP-PRC, aún cuando la resolución aprobada el 22 de enero de 1996 instaba al Gobierno cántabro y al Gobierno de la Nación "a que adoptaran las medidas que sean necesarias para defender los intereses de la región frente a las iniciativas fiscales aprobadas por el País Vasco y que son discriminatorias para Cantabria".

Recuerdo que los responsables del Gobierno cántabro prometieron en el debate parlamentario inmediatas compensaciones, así como que cumplirían en el menor plazo de tiempo posible un estudio sobre los perjuicios económicos que dichas medidas podrían suponer para la actividad productiva en Cantabria y, sobre todo, para la competitividad entre empresas de un mismo Estado con diferente fiscalidad. El tiempo pasó; no hubo resultados positivos y los gobernantes no expresaron de forma inequívoca su protesta ante Madrid . Sí lo hizo el presidente de La Rioja, la comunidad autónoma más pequeña del Estado, que ha demostrado más capacidad política en esta reivindicación que la expresada por nuestros autoridades.

Desde mi visión personal, recogía en la referida iniciativa parlamentaria que las medidas fiscales entonces aprobadas por las Diputaciones forales vascas desequilibraban a su favor el nivel de presión fiscal existente en el resto de España, lo que suponía un agravio significativo que tiene consecuencias muy directas en las Comunidades vecinas, caso de Cantabria, Castilla y León y La Rioja. Se rebajó el tipo general del Impuesto de Sociedades que llegaba hasta un cinco por ciento para las pymes que declarasen un beneficio inferior a 10 millones de pesetas, la actualización de balances al año 1996, libertad de amortización para las pequeñas empresas, deducción del 15 por ciento de la cuota por las inversiones en activos fijos y del 10 por ciento para las dotaciones a una reserva para inversiones productivas y, así un largo numero de novedades que "diferencian" notablemente la fiscalidad vasca con la vigente en el resto de España, principio por el que existe un expediente abierto en la Unión Europea a instancias de la comunidad riojana. El debate culminó con la aprobación de la resolución que presenté en el Parlamento cántabro que giró sobre estos dos mandatos al Gobierno, que nunca se defendieron en las instancias oportunas para que se aplicaran "en Cantabria los mismos tipos de gravamen que los aprobados en el País Vasco para el Impuesto de Sociedades, así como cualquier otra medida o disposición que pudiera suponer una discriminación para los intereses de Cantabria" reclamando al mismo tiempo las mismas competencias que "tienen Navarra y el País Vasco para modificar el Impuesto de Sociedades".

En esta irritante discriminación frente a nuestros vecinos, apelamos a que el Gobierno de la nación apueste más decididamente por territorios que como Cantabria tienen acreditada su lealtad constitucional; es decir, a favor de una comunidad como la cántabra que recibe como todas dineros de la Administración central, pero también pagamos más al Estado para las cargas propias y comunes de la nación. Pero si ello no fuera suficiente -que lo es- tenemos que reinvindicarlo por el hecho comprobado que salimos seriamente perjudicados a muchos efectos, ejemplo de nuestros empresarios, que tienen muchas más cargas fiscales y menos ayudas, peligrando su competitividad o, nuestros universitarios que no pueden opositar por razones del idioma, situaciones que exigen que el Estado se tome en serio nuestra indefensión y discriminación. ¿O no lo es que a pesar de todas sus ventajas fiscales y económicas está previsto que les financie al cien por cien el tren de alta velocidad, que tendrán con bastante antelación a que los cántabros veamos modernizado nuestro deteriorado ferrocarril?. Se les cofinanció el metro de Bilbao hace varios años por un importe de casi cien mil millones de pesetas mientras los cántabros tenemos un ferrocarril de vía estrecha en el que no se han invertido, todavía, el 30 por ciento de las partidas previstas para el periodo 1997-2002. ¿Dónde está, por cierto, nuestro Gobierno ante estos lamentables y reiterados incumplimientos?.

El problema de la fiscalidad y de los derechos de los vascos -superiores a los nuestros- no tiene solución sólo por la vía de la compensación, sino por el ejercicio de los mismos derechos o la aplicación de las mismas normas. Sin embargo, desde Cantabria y sus instituciones, salvo las resoluciones del Parlamento que he citado, no ha salido una sola iniciativa que contemple este grave problema, cuando ahora sería el momento de plantear demandas con motivo de la negociación del concierto económico de nuestros vecinos. El problema viene cuando nuestros dirigentes se apoltronan en la comodidad política, en vez de exigir con radicalismo, si se precisara, que la Constitución española contiene un articulado que proclama la solidaridad y que todos los españoles somos iguales ante la ley.

ALERTA 5/1/2002