Más pruebas de la indefensión de intereses cántabros

Más pruebas de la indefensión de intereses cántabros

Desde hace seis años nuestros transportistas no pueden circular por el país vasco los domingos y festivos. Sin embargo, el Gobierno de Cantabria no ha movido un dedo para apoyar en la vía jurídica los intereses del sector .

Cuando el Gobierno vasco aprobó dicha norma, existía un pacto estatal entre el PNV y el PP, del que también participaba el PRC. Esta fue una de las claves por las que nada se hizo contra una medida anticonstitucional.

Ahora que están muy calientes y polémicos los asuntos sobre el País Vasco y que en contraposición a lo que acontece en la política y la convivencia de la comunidad vecina se organizan en Madrid homenajes a la bandera, conviene recordar -no sin tristeza pero también con legítimo cabreo- como aquellos que desde Cantabria se envuelven, de vez en cuando, en el patriotismo y acusan a las instituciones vascas de sobrepasarse; sin embargo, a la hora de la verdad se cruzan de brazos y abandonan de la forma más vergonzante intereses cántabros que debieran estar garantizados, precisamente desde el Estado de Derecho combatiendo determinadas decisiones en el ámbito que corresponde: el político, en primera instancia y, el judicial, cuando no se restablece lo que entendemos como legalidad. Se darán cuenta, de esta manera, cómo actúa (o no está ni se le espera) el Gobierno de Cantabria frente a una discriminación injusta del Gobierno vasco en relación a intereses del sector del transporte de Cantabria y del resto de las Comunidad Autónomas norteñas.

Puedo referirme a este caso en primera instancia ya que en la legislatura anterior del Parlamento de Cantabria defendí una proposición no de ley sobre el asunto que comentaremos y que aprobada por unanimidad no ha tenido efectos reales, al desistir el Gobierno de Cantabria en una prueba más de su desatención a intereses cántabros e, incluso, a que se restablezca la legalidad constitucional, que además de un derecho es un deber luchar por tan loable objetivo.

En mayo de 1997 el Gobierno vasco aprobó un derecho estableciendo medidas especiales de regulación de tráfico prohibiendo la circulación por las vías públicas de su comunidad a todos los camiones de un determinado tonelaje que tuvieran su origen y destino fuera de la Comunidad vasca durante los domingos y días festivos, desde las cero hasta las veinticuatro horas. Defendí en el Parlamento cántabro a través de una iniciativa que está recogida en su Diario de Sesiones, que la norma vasca en los términos en que estaba redactada y la prohibición que contenía, era contraria a derecho y perjudicaba de forma notable los intereses de los transportistas de las Comunidades autónomas que como Asturias, Galicia, Cantabria, La Rioja o Navarra precisan de circular por territorio vasco y, en concreto, los festivos y domingos para llegar a sus destinos - Francia y otros países europeos- a primera hora del primer día laborable de la semana.

En mis razonamientos indicaba, además. que la medida representaba una violación flagrante del artículo 139 de la Constitución que determina que "todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado" o, el precepto que señala que "ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas o la libre circulación de bienes en todo el territorio español". En base a estas consideraciones, afirmaba en mi propuesta parlamentaria que la restricción impuesta por el Gobierno vasco consagraba una desigualdad entre los ciudadanos por razón del territorio y siendo, además, una medida que obstaculiza la libertad de circulación, su adopción debía estar revestida de todas las cautelas necesarias para evitar la infracción de principios constitucionales tan trascendentes.

En el debate parlamentario, el resto de los grupos apoyó la iniciativa y el Gobierno de Cantabria se sumó a la misma. Falto de reflejos y de estar en la defensa de los intereses cántabros, no se había posicionado previamente en torno a este conflicto de evidente envergadura -si lo hicieron otros Gobiernos autonómicos- ya que entonces el PP tenía un pacto a nivel de Estado con el PNV y el PRC participaba del mismo. En todo caso, se apoyó mi propuesta de resolución en estos términos:

"Teniendo en cuenta que la medida del Gobierno vasco conculca la Constitución Española, el Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a promover cuantas acciones políticas y jurídicas sean necesarias para defender los intereses de los camioneros afectados y el restablecimiento de la legalidad constitucional en cuanto al derecho de todos los españoles a circular libremente por el territorio nacional".

Este fue el texto aprobado que representaba los deberes para un Gobierno que no los ha cumplido. Una inhibición, por tanto, que permite que la norma vasca siga vigente; nuestros transportistas soportando los perjuicios consiguientes y los ciudadanos viendo como se rompe un principio elemental de un Estado.

Soberanismos que ¡no se discuten!
Han pasado seis años y nos encontramos ante una evidente incompetencia del Gobierno de Cantabria en este asunto, al incumplir la resolución parlamentaria anteriormente referida. Ante tamaño disparate de mirar para otra parte, como siempre que se abre un tema polémico y de tensión, nos preguntamos si así se defiende el Estado de Derecho y, en definitiva, los intereses de un sector, como el transportista, que se ha visto seriamente perjudicado por esta medida vigente desde hace varios años. Después, de forma oportunista, algunos gobernantes y políticos de Cantabria denuncian los intentos soberanistas del gobierno vecino y se les llena la boca de declaraciones retóricas en las que siguen el guión previamente remitido desde Madrid.

Ahora bien, defender en la práctica el respeto a la Constitución, que no se pisoteen derechos tan evidentes y trabajar para restablecer una legalidad, a nuestro juicio, conculcada, eso cuesta trabajo, precisa de pasión y ganas, exige lucha política y, por tanto, nada de nada. El soberanismo del PNV no es, muchas veces, una simple declaración de intenciones, sino el ejercicio día a día de su poder, como representa este caso, frente al que nuestros gobernantes llevan nada menos que seis años cruzándose de brazos. Al final, algún gobierno autónomo y las asociaciones de los transportistas mantienen abierta la vía jurídica en el Supremo en cuyo litigio, por cierto, no está personado el Gobierno de Cantabria.

En definitiva, otra prueba más -de las muchas- que vamos poniendo sobre la mesa y que representan dejacción no solo para Cantabria sino para el respeto a la propia legalidad en el Estado. ¿Y que dicen a esto los gobernantes felices de Cantabria?. Callar, como siempre y sonrojarse unos minutos mientras se desayunan con estas reflexiones.