Discriminaciones en las ayudas a las familias cántabras |
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Las familias no pueden ser tratadas con el mismo rasero ya que hay que ayudar más a quienes poco o nada tienen y establecer topes
para las rentas más altas.
Las medidas que se implantan a partir del 2003 son insuficientes porque no subvencionan por hijos que en los inicios de su escolaridad representan más gastos |
Por
fin, tenemos ya ayudas a las familias con hijos de Cantabria, aunque sean -como explicaré- insuficientes y discriminatorias,
medidas que se ponen en marcha en los últimos seis meses de la legislatura -a partir del 1 de enero de 2003- lo que representa
que, como siempre, la familia y los promesas en torno a la mejora de su contexto social, entran dentro de la subasta electoral.
Las medidas impulsadas en Cantabria son discriminatorias e insuficientes por las reflexiones que paso a exponer:
1.- LA MISMA AYUDA PARA RENTAS DESIGUALES. El decreto del Gobierno de Cantabria determina que todas las familias cántabras con hijos hasta los tres años, percibirán una ayuda de cien euros mensuales. El mismo decreto especifica que la ayuda será igual para todas las familias, al margen de sus rentas, patrimonio familiar, situación en cuanto al empleo, vivienda, etcétera. Esta medida es claramente injusta, primero, porque lo lógico es conocer, de entrada, de que dinero se dispone para esta partida y, segundo, distribuirla de manera que beneficie, sobre todo, a quienes tienen menos rentas. Mil doscientos euros al año no solucionan nada a familias con rentas en las que el matrimonio pueda percibir más de cincuenta mil euros anuales y, sin embargo, aplicada la misma ayuda a rentas no superiores a los doce mil euros o, a familias en paro y en situación marginal, el resultado es de clara injusticia. Las familias no pueden ser tratadas con el mismo rasero. Es necesario ayudar suficientemente a quienes poco o nada tienen y hay que establecer topes de rentas y patrimonio para aquellas familias que con total suficiencia pueden sacar adelante la familia, al margen de las subvenciones públicas. Conceder cien euros mensuales a una familia en paro, con vivienda alquilada, es una ayuda bien recibida, en principio, pero si la misma ayuda la reciben familias con rentas altas, vivienda propia y patrimonios suficientes, nos parece tratar de manera igual a situaciones profundamente desiguales. Una redistribución del conjunto de la partida presupuestaria para este fin basada en las rentas, situación en cuanto a vivienda y patrimonio, elevaría las ayudas a las familias que menos tienen y que más precisan de la ayuda pública. 2.- UN DECRETO QUE LIMITA LAS AYUDAS CON TOPES DE EDAD. Entendemos que las ayudas establecidas son insuficientes porque al fijarse, exclusivamente, para las familias con hijos hasta tres años de edad, rompen una línea de ayudas para familias que sí precisan de ingresos por hijo hasta edades superiores. El gasto de la familia por hijo es igual a los cuatro años que a los dos e, incluso, es superior a los seis que entre los 0 y los tres años, cuando comienzan los estudios y tienen que cubrir este apartado que es importante, muchas veces, en las cuentas económicas de las familias. Consideramos que las ayudas deben mantenerse y no aplicar una ruptura en la percepción de las mismas, que ocasionarían, sin duda, más de una alteración en la vida de las familias con rentas que anualmente están por debajo de los dos millones de pesetas. Estas medidas insuficientes y discriminatorias se ponen en marcha después de que en 1998 llevara al Parlamento de Cantabria una iniciativa sobre la situación de la familia y la necesidad de articular medidas para mejorar los índices de natalidad en el que llevamos bastantes años el dudoso honor de encabezar una de las más bajas tasas, con un índice por debajo del 1,4 hijos por mujer. Por primera vez se habló a fondo del estado de la cuestión en este campo de tanta sensibilidad y trascendencia para el futuro de los pueblos, que en mi caso representó una aportación más a la idea de mejorar las condiciones y ayudas a la familia sumada a las varias decenas de artículos que he escrito en los años ochenta y noventa, denunciando las misérrimas prestaciones familiares existentes en España, siempre a la cola de Europa, que ahora comienzan a despertar de su total congelamiento en las dos últimas décadas. Gracias a aquella iniciativa parlamentaria, se instó al Gobierno de Cantabria (reitero, en el año 1998), a impulsar cuantas medidas puedan ser eficaces en la modernización del sistema de protección familiar, además de promover con el Gobierno de la nación la actualización de las cuantías económicas de apoyo a la familia, bien de forma directa o, de compensación a través de medidas de política fiscal, destacando, entre otras, la aplicación de ayudas especiales a las familias a partir del segundo hijo, mayores deducciones por hijos en los impuestos o, la promoción de trabajo a tiempo parcial para las madres, como objetivos a introducir en la cultura ciudadana desde la legitimidad de las políticas de protección familiar en España y Cantabria. Propuse también en aquél debate la necesidad de crear una dirección general de la Administración autonómica específica para la Familia, con el fin de impulsar una muestra evidente de interés por la problemática de nuestras familias; propuestas que ya obligan al Gobierno cántabro desde hace cuatro años y en este tiempo nada se ha hecho, con un Ejecutivo huérfano de iniciativas en este y otros campos desde que tomara posesión en 1995 y que ahora se impulsan algunas, muy parciales, a seis meses de las próximas elecciones. Varias observaciones habría que hacer al decreto; así, nos parece una medida aislada que sin otras ayudas y otros objetivos suena mucho a subasta electoral; segundo, es insuficiente ya que se descartan otras ayudas que están reguladas en otras comunidades autónomas y, tercero, no entendemos -salvo intereses electorales- que se apliquen dentro de unos meses y no a partir de los presupuestos del presente año, lo que evidencia, sin duda, que se utiliza a la familia como una más de las subastas electorales que comenzaremos a escuchar a partir de ahora. Tengo la impresión que los cien euros que se ofrecen desde el Gobierno para una porción reducida de las familias cántabras con hijos hasta tres años, no representa, en pesetas, más que los famosos "puntos" que el régimen de Franco ya aprobó hace cuarenta años, si comparamos, además, sueldos y contexto social y económico de cada tiempo. Hoy, cuando la mujer aprecia significativamente tener autonomía personal a través de un trabajo renumerado, cualquier medida de un gobierno en cuyo ámbito territorial se presentan tan bajos índices de natalidad, la compatibilidad de la producción y la reproducción en la mujer significa -si de verdad hay ambición en este campo- conciliar vida laboral y vida familiar ya que -estamos todos de acuerdo- si la maternidad implica la pérdida de autonomía para las mujeres, es seguro que renunciarán a tener hijos o en el mejor de los casos, no más de uno. Articular una ayuda tan escasa y oportunista -se anuncian ahora para aplicarse el próximo año- ignorando los problemas de fondo, refleja el escaso interés de ahondar de verdad en la problemática de la familia cuando se precisan soluciones a medio y largo plazo. Así, por ejemplo, no se impulsan medidas de apoyo a partir del segundo hijo si la mujer opta por la excedencia en el trabajo o, ayudas de pago único por tercer hijo -en otras comunidades se sitúa en unas cuatrocientas mil pesetas al año- sin excedencia, prestaciones que son independientes del nivel de renta y compatibles con otras deducciones. Igualmente faltan medidas en materia de vivienda ya que al aplicarse por este Gobierno el injusto método del sorteo sin dar prioridad a las necesidades reales de la familia -cuando tiene dos o más hijos por encima de nuestro nivel de natalidad-, pone de manifiesto que no hay un plan, sino una medida aislada que representa una de esas subastas electorales a las que asistiremos en el próximo futuro. |
ALERTA 07/09/2002 © José Ramón SAIZ |
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