Las ayudas a la familia entran en la subasta electoral

En 1998 llevé al Parlamento de Cantabria una iniciativa sobre la situación de la familia y la necesidad de articular medidas para mejorar los índices de natalidad en el que llevamos bastantes años el dudoso honor de encabezar una de las más bajas tasas de natalidad, con un índice por debajo del 1,4 hijos por mujer. Creo que por primera vez se habló a fondo del estado de la cuestión en este campo de tanta sensibilidad y trascendencia para el futuro de los pueblos, que en mi caso representó una aportación más a la idea de mejorar las condiciones y ayudas a la familia sumada a las varias decenas de artículos que he escrito en los años ochenta y noventa denunciando las misérrimas prestaciones familiares existentes en España, siempre a la cola de Europa. 

Los datos que ofrecí en aquél debate eran bien concluyentes: la estadística sobre movimiento natural de la población en Cantabria en el periodo 1992-97 ofrecía este inquietante dato: 19.097 nacimientos y 25.207 defunciones, es decir, un decrecimiento vegetativo de 6.110 habitantes. De aquél debate surgieron varias propuestas, de las que destaco: 

1.- El Parlamento de Cantabria insta al Gobierno a que dentro de sus competencias impulse cuantas medidas puedan ser eficaces en la modernización del sistema de protección familiar. 

2.- El Parlamento insta al Gobierno a defender en las mesas sectoriales en las que participa con el Gobierno de la nación la actualización de las cuantías económicas de apoyo a la familia, bien de forma directa o, de compensación a través de medidas de política fiscal, destacando, entre otras, la aplicación de ayudas especiales a las familias a partir del segundo hijo, mayores deducciones por hijos en los impuestos o, la promoción de trabajo a tiempo parcial para las madres, como objetivos a introducir en la cultura ciudadana desde la legitimidad de las políticas de protección familiar en España y Cantabria. 

Propuse también en aquél debate la necesidad de crear una dirección general de la Administración autonómica específica para la Familia, con el fin de impulsar una muestra evidente de interés por la problemática de nuestras familias; propuestas que ya obligan al Gobierno cántabro desde hace cuatro años y en este tiempo nada se ha hecho, con un Ejecutivo huérfano de iniciativas en este y otros campos. Sin embargo, se acaba de anunciar que a partir del primero de enero del próximo año, se concederá una ayuda de cien euros a las familias que tengan un hijo hasta los tres años de edad.  

Varias observaciones habría que hacer a este anuncio; así, nos parece una medida aislada que sin otras ayudas y otros objetivos suena mucho a subasta electoral; segundo, es insuficiente ya que se descartan otras ayudas que están reguladas en otras comunidades autónomas y, tercero, no entendemos –salvo intereses electorales- que se apliquen dentro de unos meses y no a partir de los presupuestos del presente año, lo que evidencia, sin duda, que se utiliza a la familia como una más de las subastas electorales que comenzaremos a escuchar a partir de ahora.  Tengo la impresión que los cien euros que se ofrecen desde el Gobierno para una porción reducida de las familias cántabras con hijos no representa, en pesetas,  más que los famosos “puntos” que el régimen de Franco ya aprobó hace cuarenta años, si comparamos, además,  sueldos y contexto social y económico de cada tiempo. 

Hoy, cuando la mujer aprecia significativamente tener autonomía personal a través de un trabajo renumerado, cualquier medida de un gobierno en cuyo ámbito territorial se presentan tan bajos índices de natalidad, la compatibilidad de la producción y la reproducción en la mujer significa -si de verdad hay ambición en este campo- conciliar vida laboral y vida familiar ya que –estamos todos de acuerdo- si la maternidad implica la pérdida de autonomía para las mujeres, es seguro que renunciarán a tener hijos o en el mejor de los casos, no más de uno. 

Articular una ayuda tan escasa y oportunista –se anuncian ahora para aplicarse el próximo año-  ignorando los problemas de fondo, refleja el escaso interés de ahondar de verdad en la problemática de la familia cuando se precisan soluciones a medio y largo plazo. Así, por ejemplo, no se impulsan medidas de apoyo a partir del segundo hijo si la mujer opta por la excedencia en el trabajo o, ayudas de pago único por tercer hijo –en otras comunidades se sitúa en unas cuatrocientas mil pesetas al año- sin excedencia, prestaciones que son independientes del nivel de renta y compatibles con otras deducciones.  Igualmente faltan medidas en materia de vivienda ya que al aplicarse por este Gobierno el injusto método del sorteo sin dar prioridad a las necesidades reales de la familia –cuando tiene dos o más hijos por encima de nuestro nivel de natalidad-, pone de manifiesto que no hay un plan, sino una medida aislada que representa una de esas subastas electorales a las que asistiremos en el próximo futuro.  

Torrelavega: Se desempolvan viejas promesas

 En los últimos días se han desempolvado viejas promesas que no se han cumplido y que ahora, de nuevo,  a un año de las próximas elecciones se vuelven a anunciar, como si la ciudadanía no tuviera memoria. Entre las que se refieren a Torrelavega, mi ciudad, recuerdo la que aseguró establecer, de inmediato,  la sede de la Consejería de Medio Ambiente en Torrelavega, anunciada el mismo día que se creó el Gobierno Sieso-Revilla (1995), que figura ya  entra las muchas que se llevó el viento para siempre. Cuando se vislumbran segundas partes en algún desembarco para repetir, probablemente, un fracaso, tres promesas no cumplidas han salido o saldrán en los próximos meses a enarbolarse en el portaestandarte del electoralismo: el polígono industrial, el teatro y el parque de La Viesca.

Los tres objetivos me ocuparon -con reiteración- en el Parlamento de Cantabria. Sobre el teatro que se ha proyectado, hay que recordar que fue aprobado el 29 de enero de 1996 por la Cámara de acuerdo con la iniciativa que presenté y defendí. El entonces consejero de Cultura, hoy alcalde, no ejecutó el acuerdo porque en Torrelavega gobernaban los socialistas; ahora, los populares parecen aplicarle igual correctivo que lamentablemente paga la ciudad y el consejero Cagigas avala un proyecto que no debiera aceptarse por ser ridículo que se gasten mil quinientos millones para un salón de actos que no llega a los seiscientos asientos, una prueba de la cortedad de miras desde la que se malgobierna.

Sobre el polígono industrial, en vez de unir esfuerzos institucionales para dotar a Torrelavega de suficiente terreno industrial, cuando acaba la legislatura –y ya gobiernan hace siete años- la consejería de Industria -que ha mirado a otra parte en estos años- aporta una nueva propuesta que solo persigue ver quien pone la primera piedra antes de las elecciones. Pero hasta ahora ¡siete años sin hacer nada! y esta legislatura, a nivel de alcaldía, sin aportar más luz y capacidades que anteriores equipos de gobierno. Finalmente, desde hace siete años el mismo consejero viene hablando del parque de La Viesca. A otro gobernante le sobró la mitad de tiempo para construir Cabárceno. En fin, que promesas no van a faltar a partir de ahora.

 ALERTA 8-6-02