Trascendencia de una autovía y respeto al patrimonio cultural y natural

 

No se puede consentir que se opte por trazados “a la carta” a costa de arrasar un patrimonio histórico, cultural y natural que cuando se destruye representa borrar para siempre huellas del pasado de Cantabria que nos legaron nuestros antepasados.

Para Sieso-Revilla sólo los grupos que se presentan a las elecciones están legitimados para personarse en estos casos. ¡Que disparate!. Es tanto como negar la organización de la sociedad y la protesta civil contra Chernobil o las pruebas nucleares.

Pronto se cumplirán  cuarenta años de la demolición del gran Teatro Pereda, ubicado majestuosamente durante décadas en los comienzos de la calle del Martillo, esquina al Río de la Pila, que inaugurado en 1919 por los hermanos Herrera Oria fue el centro de gran solera teatral y cinematográfica. La piqueta del desarrollismo de los años sesenta se llevó por delante este edificio que hoy estaría declarado de interés cultural y protegido. Cuando desapareció gracias a la fiebre constructora de aquellos tiempos, muchos santanderinos y cántabros sintieron profundamente la pérdida de aquella joya, que aparece en todos los libros que recogen imágenes gráficas santanderinas de las primeras décadas del siglo XX. Lo mismo o parecido ocurrió en Torrelavega cuando en los comienzos de los años setenta, el Teatro Principal construido en 1902 por un grupo de empresarios locales,  fue demolido en 1967 para ganar dinero rápido.  Dos joyas de nuestro patrimonio que desaparecieron para siempre para irritación, entonces,  de  sectores minoritarios de intelectuales y profesionales. 

Hago este preámbulo para referirme a la noticia que estos días ha saltado a la primera página de este diario y ha sido cabecera de información en otros medios, referida a que por el Ministerio de Medio Ambiente se ha ordenado elaborar un nuevo estudio medioambiental del tramo Molledo-Pesquera de la autovía de la meseta. Los expertos –no necesariamente ecologistas- esperaban hace tiempo una decisión de este tipo, teniendo en cuenta que la Unión Europea vigila muy de cerca los efectos en el medio natural de las grandes infraestructuras y que no es la primera vez que interviene para paralizar obras de un Estado miembro. En este caso, se ha adelantado el Ministerio atendiendo recomendaciones de la Fiscalía del Medio Ambiente, dato que, en principio, pone de manifiesto que los distintos controles existentes en un Estado de Derecho ejercen sus cometidos, aunque no siempre con la celeridad necesaria. Las reacciones oficiales  –por cierto, crispadas contra los defensores del medio ambiente- no se han  hecho esperar desde el Gobierno PP-PRC y han sonado a una identidad con las tesis ultraliberales del actual  inquilino de la Casa Blanca, conocido por ser enemigo declarado de los acuerdos de Kioto sobre medio ambiente y entusiasta defensor de los intereses de las empresas contaminantes. 

Debo confesar que arrastro un desconcierto que espero explicar correctamente. Primero, siempre he entendido la autonomía -además de su base historicista y de identidad- como una aproximación de las instituciones a los administrados para escuchar sus inquietudes, construir una Administración menos burocratizada y, finalmente, estar cerca de las reivindicaciones. Así, varios tramos de la autovía de la Meseta –los que van desde Los Corrales hasta Reinosa- vienen siendo contestados fuertemente por los colectivos ciudadanos que saben del tema y que tienen estudiado su impacto. No es nuevo el daño que la autovía produce a la cohesión de Los Corrales de Buelna como ciudad en crecimiento; se divulgaron en su momento las inquietudes mayoritarias expresadas por la corporación de Bárcena de Pie de Concha –cuyo signo político ni es de izquierdas y mucho menos ecologista-; se conocen los informes de expertos sobre el daño irreversible de uno de los tramos a diverso patrimonio histórico y cultural de Cantabria, etcétera, resultando que es Medio Ambiente de Madrid quién al final interviene cuando correspondería a Medio Ambiente de Cantabria velar por la conservación de nuestro medio natural. Por tanto, cuando el vicepresidente regionalista señor Revilla sale con el presidente Sieso a demonizar a los ecologistas, sin importarles lo esencial, es decir, si se hace un daño real a un patrimonio cultural heredado, nos preguntamos:  

¿Es preciso que el trazado de la autovía (siempre fijado con unas claras connotaciones de reducir la inversión), destruya para siempre yacimientos arqueológicos como los de los poblados de Villordún y de Las Casas del Río en Montabliz

¿Es tolerable que un Gobierno de Cantabria, desde el significado del autogobierno, permita que la autovía provoque un impacto negativo y del deterioro visual y del entorno, quizás irreversible, en la Calzada Romana del Besaya, de una longitud de cinco kilómetros y que representa uno de los alicientes turísticos en alza en la zona?. Se trata, por cierto, de una calzada que enlaza con la vía principal llamado Itinerario de Barro, Calzada de los Blendios o Ruta de Bissalia, según los tramos por donde pasaba, y tenía su trayecto desde Pisoraca (actual Herrera de Pisuerga) pasando por Julióbriga dirección a Portus Blendium, actual Suances

¿Es que tienen que desaparecer todos los vestigios históricos de una zona extraordinaria en su conservación natural?. He constatado con muchas personas que se han acercado a Montalbiz que el trazado altera de forma irreversible un patrimonio cuya pérdida sería, cuando ya no lleve remedio, sentida por muchos. 

¿Por qué los poderes de Cantabria ignoran conscientemente los informes en su poder sobre la riqueza de fauna, flora y catálogo de especies de la Cuenca del Bisueña, afectada por el trazado?. 

Arqueólogos, historiadores, expertos en definitiva, han elaborado informes expresando su inquietud por los trazados impuestos –y no negociados-  de la autovía. Realmente, hay que preguntarse: ¿cómo es posible no ya desde una actitud regionalista sino desde la condición de cántabros y, más desde la responsabilidad de preservar el patrimonio histórico y natural a lo que obliga nuestro Estatuto, se puede despreciar la necesaria defensa de la integridad de una calzada romana de extraordinario interés o, la desaparición de yacimientos arqueológicos, poblados antiguos y un catálogo de fauna y flora protegidas por la legislación española y europea?.  No lo entiendo. Como tampoco entiendo qué clase de conciencia cántabra podemos proyectar y transferir a las nuevas generaciones cuando, a lo que parece, no importa arrasar con lo que sea del patrimonio histórico, cultural y natural de Cantabria con tal de ponerse una medallita. 

Afirma el señor Revilla que la decisión “cuasará un daño tremendo a Cantabria”. Contestaremos al titular de Obras Públicas,  que no es la primera ni será la última vez que ocurra que se exijan nuevos estudios de impacto medioambiental. Hay suficiente territorio muerto en la zona para elegir otros trazados –que debió hacerse a tiempo- aunque sean opciones más caras, pero no es admisible que después de esperar treinta años a tener una autovía, se ninguneen a Cantabria unos cientos de millones arrasando patrimonio histórico y natural de Cantabria con la complacencia entusiasta del regionalismo gobernante. Por cierto, ¿qué ocurre con el tramo Unquera-Llanes, también de urgencia para Cantabria, paralizado desde hace tres años por un trazado no idóneo que hasta ahora no ha encontrado la preocupación de nuestras autoridades?.  

En el siglo XXI no se puede arrasar la historia y atrincherarse en conceptos que se defendían en los años sesenta cuando la piqueta trabajaba a destajo, demoliendo un sinnúmero de joyas de nuestra arquitectura regional. Las autoridades de Cantabria han tenido varios años para analizar los trazados, emitir informes serios y solventes medioambientales y escuchar a colectivos especializados en la materia que precisamente existen para hacerse eco y trasmitir las inquietudes de la ciudadanía. Pero no se ha hecho. Poco parece importar que el trazado Molledo a Pesquera acaben con algo de historia y patrimonio cultural y natural de Cantabria, pero así parece. Así, al menos lo quiere imponer el pensamiento único, al igual que Bush quiere construir un mundo donde a su lado estarían los buenos y los malos serían el resto, los que, benditos de Dios, queremos que se respeten con rigor los derechos humanos. 

Si a los dirigentes de nuestra comunidad hay que juzgarles por sus declaraciones en estos días, prefiero ahorrarme la opinión. Según las tesis de Sieso y Revilla solo quienes se presentan a las elecciones están capacitados y legitimados para denunciar Chernobil o las pruebas nucleares. ¡Que disparate!. No pensaba que el déficit intelectual era de tamaño semejante. Por cierto, si la Autovía es, como dice el señor Revilla,  “auténtica fábrica para el desarrollo de Cantabria” (prefiero mejores definiciones) ¿cómo en 1997 rechazó en el Parlamento de Cantabria mi propuesta de adelantar la financiación por parte de la Comunidad –como hicieron otros Gobiernos autonómicos- en unos años de bajo endeudamiento y tipos de interés bajísimos?. Aquella si que pudo ser una apuesta valiente y, sin embargo, se rechazó por comodidad y falta de ambiciones. 

Se ha declarado desde el poder regional que ningún cántabro quiere que la Autovía se retrase un solo día -lo que  no merece discusión- pero también ningún cántabro permitiría –si fuera consciente y lo conociese- que por escoger un trazado a la carta desaparezcan para siempre vestigios de nuestra historia y un medio natural excepcional. Las huellas de la historia cuando se destruyen, no existe dinero en el mundo que pueda recuperarlas; sin embargo, los presupuestos de una estado moderno no solo por suficiencia sino por prioridad tienen que buscar otras alternativas que sean respetuosas con el patrimonio cultural y natural de un pueblo como el cántabro. Es de lamentar que la Administración Central –más lejana y más insensible- ordene nuevos informes y, sin embargo, la Administración cántabra que tiene competencias exclusivas en Medio Ambiente reaccione como ya nos tiene acostumbrados con Sniace: la culpa no es de quién contamina o elige un mal trazado; la culpa señores, la tienen los que piensan y protestan. Por cierto, en el barullo de declaraciones desde el Gobierno y los partidos que le apoyan, hemos podido escuchar a unos contra los ecologistas y, otros en sentido contrario. Nos quedamos con la sospecha de que se trata de ir justificando retrasos que estaban desde hace tiempo presentes en el contexto ciudadano y con la declaración del Ministerio de Medio Ambiente justificando su decisión en la necesidad de cumplir la ley. ¡Pues cúmplase!.

ALERTA 9/2/2002