Autogobierno 1/ Autogobierno 2/ Autogobierno 3/ Autogobierno 4/ Autogobierno 5/		Veinte años de autogobierno /6 Fiscalidad vasca: Incumplimientos del Gobierno cántabro
La reciente sentencia del Tribunal de la Unión Europea, a instancias de La Rioja, demuestra la indefensión de nuestros intereses, como también ocurre actualmente con el silencio oficial sobre el concierto vasco. Este es otro de los graves déficits de la gobernación de Cantabria, que se añade a las inhibiciones del Ejecutivo –por obediencia al poder central- en asuntos de trascendencia como Valdecilla y el Plan Hidrológico.		Hace unos días el Tribunal de la Unión Europea ha ratificado la ilegalidad de las ayudas fiscales vascas. Se trata de una contundente sentencia que condena al pago de costas a la parte recurrente -las instituciones vascas- contra una resolución de la Comisión Europea promovida a raíz de una denuncia del Gobierno de La Rioja. La noticia fue aprovechada, de inmediato, por el aparato gubernamental y el propio presidente de la Comunidad Autónoma para afirmar, más o menos, que nos han dado la razón, como si Cantabria fuera parte personada en los recursos y en las instancias comunitarias, lo que si se quiere decir o trasladar intencionadamente a la opinión pública, ya señalamos que es falso. Una vez más tengo que escribir sobre este asunto y afirmar que el Gobierno de Cantabria y los partidos que le sustentan, hicieron una grave dejacción de sus derechos y compromisos instados por el Parlamento autonómico, de reclamar en las instancias oportunas contra las ventajas fiscales en el territorio vecino, es decir, se encogió de manos y hombros -como es habitual- dejando indefensos los intereses cántabros que, sin embargo, sí ejerció el Gobierno de la Comunidad de La Rioja al entender que los acuerdos sobre ventajas fiscales del País Vasco dañan los intereses riojanos y rompen la unidad de mercado. No es sólo triste que las autoridades cántabras intenten sacar ventaja en un asunto sobre el que no han movido un músculo, sino que mantengan en una estrategia cómplice la boca cerrada sobre los acuerdos incluidos en el recientemente aprobado concierto vasco y su incidencia en nuestros intereses como comunidad vecina. Silencio, pues, en torno a un asunto que nos afecta, pero rápida reacción y locuacidad para decir, más o menos, al hilo de la resolución del Tribunal de la UE, que "nos han dado la razón, ya lo decíamos nosotros", etcétera. En consecuencia, se oculta que fue La Rioja quién denunció el caso ante la Unión Europea, que el Gobierno cántabro incumplió acuerdos del Parlamento de presentar los recursos que fueran necesarios y fue mentira -hay que escribirlo con esa contundencia- que se pactaran compensaciones económicas como se anunció entonces. Me permitirán los lectores evocar algunas de mis actuaciones en el Parlamento de Cantabria en la legislatura pasada. Fue en diciembre de 1995 cuando presenté varias iniciativas relacionadas con la fiscalidad vasca desde dos principios básicos: primero, que al generar perjuicios para Cantabria se deberían exigir compensaciones económicas y, segundo, la necesidad de que los cántabros alcancemos los mismos derechos que los vecinos para competir en pie de igualdad. El 22 de enero de 1996 se debatió mi iniciativa, aprobándose una resolución que instaba al Gobierno cántabro "a defender los intereses de la comunidad frente a las iniciativas fiscales adoptadas por el País Vasco y que son discriminatorias para Cantabria", reclamándose, al tiempo, las compensaciones económicas que anularan los perjuicios originados a los intereses de nuestra comunidad. Al mismo tiempo, se demandaba al Gobierno a que adoptara medidas de carácter político, y en su caso jurídico, para impedir la reforma fiscal vasca. Votaron en contra -fíjense en este dato- los grupos parlamentarios Popular y Regionalista. Eran los tiempos de la luna de miel entre el Gobierno central (PP) y el PNV, que también acató el PRC aún a costa de traicionar intereses cántabros. Meses después, reiteré iniciativas en la misma línea de denunciar las medidas fiscales vascas; en concreto, en el Boletín Oficial del Parlamento del 16 de julio de 1996 se publicó otra iniciativa que defendida en la Cámara instó al Gobierno a realizar gestiones ante el Gobierno de la Nación para que se aplicaran, de inmediato, los mismos tipos de gravamen que los aprobados en el País Vasco para el impuesto de sociedades, así como cualquier otra medida o disposición que pudiera suponer una discriminación para los intereses de Cantabria, además de que por parte del Consejero de Economía se llevara este problema al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que "arbitre las medidas necesarias tendentes a corregir y evitar todo tipo de discriminación fiscal". Los grupos parlamentarios Popular y Regionalista se abstuvieron. Consecuentemente si la primera iniciativa intentaba impedir las ventajas fiscales vascas por perjudicar a las comunidades vecinas, en esta segunda se pedía igualdad de derechos, iniciativas positivas en el orden de defender derechos de Cantabria y, sin embargo, no fueron apoyadas por los partidos en el Gobierno.		El 10 de noviembre de 1995 compareció -también por mi iniciativa- el consejero de Industria para debatir la incidencia de las medidas fiscales vascas en Cantabria. En el diario de sesiones número 19-B, página 530, puede leerse esta perla del representante del Gobierno: "no se espera que a corto plazo las medidas que vayan a aprobarse puedan tener un efecto significativo sobre las decisiones de inversión en el País Vasco y, por tanto, en nuestra Comunidad". Casi siete años después habría que preguntarle al señor consejero cómo - y no hay más razón que subvenciones y las ventajas fiscales - se estableció la firma Daewoo en el País Vasco. Esta empresa y otras muchas se beneficiaron de los créditos fiscales del 45 por ciento de la inversión de las tres diputaciones vascas, así como las reducciones del impuesto de sociedades de los mismos territorios. Pues bien, la sentencia del Tribunal de la UE que no ha admitido una sola de las alegaciones de las instituciones vascas, ha confirmado como ilegales incentivos como el crédito fiscal de hasta el 45 por ciento de la inversión (deducible de la cuota del impuesto de sociedades para inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas) y las llamadas "minivacaciones fiscales" (deducción de la cuota del impuesto de sociedades del 99, con el setenta y cinco, cincuenta y veinticinco por ciento en los cuatro primeros años desde el que se obtenga beneficio para las empresas de nueva creación con inversión de 80 millones y creación de 10 empleos). Fue la comunidad de La Rioja al comprobar como estas ventajas provocaron el traslado de empresas al País Vasco, cuando inició los recursos que comienzan ahora a dar resultados prácticos. ¿Que se ha hecho por el Gobierno cántabro en estos temas desde 1996 a nuestras fechas?. La respuesta que puedo dar es que estamos ante un suspenso bien ganado, con una inhibición absoluta en la defensa de los intereses de Cantabria. Compensaciones, cero; acciones jurídicas, ninguna; presentación de recursos ante la Unión Europea, no se conocen. Y, sin embargo, gracias al gobierno de La Rioja la Comisión Europea decidió, en primera instancia, exigir la devolución inmediata de las ayudas más los intereses percibidas por las empresas que se instalaron en el País Vasco atraídas por los fuertes incentivos, conociéndose ahora la sentencia -inequívoca en sus pronunciamientos- del Tribunal de la UE. La pequeña comunidad riojana ha conseguido, por tanto, un importante éxito político y de gestión con esta sentencia del Tribunal de la UE, que ha despejado toda duda sobre la ilegalidad de los incentivos cuestionados, que también rechazó el Parlamento de Cantabria pero que el Gobierno de Martinez Sieso-Revilla decidió mirar para otra parte. ¡Vaya defensa de los intereses cántabros, señor Presidente, señor vicepresidente!. Sin embargo, el presidente riojano se personó en Bruselas, se entrevistó con varios comisarios europeos, presentó las reclamaciones oportunas y, finalmente, gana la batalla. Ha comentado don Pedro Sanz: "El trabajo realizado por nuestro Gobierno con los comisarios Van Miert y Mario Monti, ha resultado de gran trascendencia para la resolución de un problema histórico que ha perjudicado a La Rioja". Por su parte, la vicepresidenta riojana, Aránzazu Vallejo, ha declarado que "el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio y la perseverancia del Gobierno riojano ha dado sus frutos". (Diario La Rioja, primera página del 26 de junio de 2001). Estas son las claves: la perseverancia, el trabajo y la pasión en pro de los intereses generales, la defensa de los derechos, la lucha contra las desigualdades que se debió ejercer desde Cantabria y no se hizo, como en tantas otras cuestiones lacerantes para los cántabros: Valdecilla, Plan Hidrológico, entre otras. La Rioja han dado una lección en defensa de sus intereses. Aquí, todo lo contrario. Un Gobierno sometido a lo que se manda desde Madrid y que convierte a nuestro Gobierno en una mera agencia del poder central y unos gobernantes que siguen insistiendo que ¡somos los primeros! en crecimiento. El último dato del paro ahí está: estamos por encima de la media nacional. ALERTA 10/3/2002

Autogobierno 1/ Autogobierno 2/ Autogobierno 3/ Autogobierno 4/ Autogobierno 5/

Veinte años de autogobierno /6

Fiscalidad vasca: Incumplimientos del Gobierno cántabro

La reciente sentencia del Tribunal de la Unión Europea, a instancias de La Rioja, demuestra la indefensión de nuestros intereses, como también ocurre actualmente con el silencio oficial sobre el concierto vasco.

Este es otro de los graves déficits de la gobernación de Cantabria, que se añade a las inhibiciones del Ejecutivo –por obediencia al poder central- en asuntos de trascendencia como Valdecilla y el Plan Hidrológico.

Hace unos días el Tribunal de la Unión Europea ha ratificado la ilegalidad de las ayudas fiscales vascas. Se trata de una contundente sentencia que condena al pago de costas a la parte recurrente -las instituciones vascas- contra una resolución de la Comisión Europea promovida a raíz de una denuncia del Gobierno de La Rioja. La noticia fue aprovechada, de inmediato, por el aparato gubernamental y el propio presidente de la Comunidad Autónoma para afirmar, más o menos, que nos han dado la razón, como si Cantabria fuera parte personada en los recursos y en las instancias comunitarias, lo que si se quiere decir o trasladar intencionadamente a la opinión pública, ya señalamos que es falso. Una vez más tengo que escribir sobre este asunto y afirmar que el Gobierno de Cantabria y los partidos que le sustentan, hicieron una grave dejacción de sus derechos y compromisos instados por el Parlamento autonómico, de reclamar en las instancias oportunas contra las ventajas fiscales en el territorio vecino, es decir, se encogió de manos y hombros -como es habitual- dejando indefensos los intereses cántabros que, sin embargo, sí ejerció el Gobierno de la Comunidad de La Rioja al entender que los acuerdos sobre ventajas fiscales del País Vasco dañan los intereses riojanos y rompen la unidad de mercado.

No es sólo triste que las autoridades cántabras intenten sacar ventaja en un asunto sobre el que no han movido un músculo, sino que mantengan en una estrategia cómplice la boca cerrada sobre los acuerdos incluidos en el recientemente aprobado concierto vasco y su incidencia en nuestros intereses como comunidad vecina. Silencio, pues, en torno a un asunto que nos afecta, pero rápida reacción y locuacidad para decir, más o menos, al hilo de la resolución del Tribunal de la UE, que "nos han dado la razón, ya lo decíamos nosotros", etcétera. En consecuencia, se oculta que fue La Rioja quién denunció el caso ante la Unión Europea, que el Gobierno cántabro incumplió acuerdos del Parlamento de presentar los recursos que fueran necesarios y fue mentira -hay que escribirlo con esa contundencia- que se pactaran compensaciones económicas como se anunció entonces.

Me permitirán los lectores evocar algunas de mis actuaciones en el Parlamento de Cantabria en la legislatura pasada. Fue en diciembre de 1995 cuando presenté varias iniciativas relacionadas con la fiscalidad vasca desde dos principios básicos: primero, que al generar perjuicios para Cantabria se deberían exigir compensaciones económicas y, segundo, la necesidad de que los cántabros alcancemos los mismos derechos que los vecinos para competir en pie de igualdad. El 22 de enero de 1996 se debatió mi iniciativa, aprobándose una resolución que instaba al Gobierno cántabro "a defender los intereses de la comunidad frente a las iniciativas fiscales adoptadas por el País Vasco y que son discriminatorias para Cantabria", reclamándose, al tiempo, las compensaciones económicas que anularan los perjuicios originados a los intereses de nuestra comunidad. Al mismo tiempo, se demandaba al Gobierno a que adoptara medidas de carácter político, y en su caso jurídico, para impedir la reforma fiscal vasca. Votaron en contra -fíjense en este dato- los grupos parlamentarios Popular y Regionalista. Eran los tiempos de la luna de miel entre el Gobierno central (PP) y el PNV, que también acató el PRC aún a costa de traicionar intereses cántabros.

Meses después, reiteré iniciativas en la misma línea de denunciar las medidas fiscales vascas; en concreto, en el Boletín Oficial del Parlamento del 16 de julio de 1996 se publicó otra iniciativa que defendida en la Cámara instó al Gobierno a realizar gestiones ante el Gobierno de la Nación para que se aplicaran, de inmediato, los mismos tipos de gravamen que los aprobados en el País Vasco para el impuesto de sociedades, así como cualquier otra medida o disposición que pudiera suponer una discriminación para los intereses de Cantabria, además de que por parte del Consejero de Economía se llevara este problema al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que "arbitre las medidas necesarias tendentes a corregir y evitar todo tipo de discriminación fiscal". Los grupos parlamentarios Popular y Regionalista se abstuvieron. Consecuentemente si la primera iniciativa intentaba impedir las ventajas fiscales vascas por perjudicar a las comunidades vecinas, en esta segunda se pedía igualdad de derechos, iniciativas positivas en el orden de defender derechos de Cantabria y, sin embargo, no fueron apoyadas por los partidos en el Gobierno.

El 10 de noviembre de 1995 compareció -también por mi iniciativa- el consejero de Industria para debatir la incidencia de las medidas fiscales vascas en Cantabria. En el diario de sesiones número 19-B, página 530, puede leerse esta perla del representante del Gobierno: "no se espera que a corto plazo las medidas que vayan a aprobarse puedan tener un efecto significativo sobre las decisiones de inversión en el País Vasco y, por tanto, en nuestra Comunidad". Casi siete años después habría que preguntarle al señor consejero cómo - y no hay más razón que subvenciones y las ventajas fiscales - se estableció la firma Daewoo en el País Vasco. Esta empresa y otras muchas se beneficiaron de los créditos fiscales del 45 por ciento de la inversión de las tres diputaciones vascas, así como las reducciones del impuesto de sociedades de los mismos territorios. Pues bien, la sentencia del Tribunal de la UE que no ha admitido una sola de las alegaciones de las instituciones vascas, ha confirmado como ilegales incentivos como el crédito fiscal de hasta el 45 por ciento de la inversión (deducible de la cuota del impuesto de sociedades para inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas) y las llamadas "minivacaciones fiscales" (deducción de la cuota del impuesto de sociedades del 99, con el setenta y cinco, cincuenta y veinticinco por ciento en los cuatro primeros años desde el que se obtenga beneficio para las empresas de nueva creación con inversión de 80 millones y creación de 10 empleos). Fue la comunidad de La Rioja al comprobar como estas ventajas provocaron el traslado de empresas al País Vasco, cuando inició los recursos que comienzan ahora a dar resultados prácticos.

¿Que se ha hecho por el Gobierno cántabro en estos temas desde 1996 a nuestras fechas?. La respuesta que puedo dar es que estamos ante un suspenso bien ganado, con una inhibición absoluta en la defensa de los intereses de Cantabria. Compensaciones, cero; acciones jurídicas, ninguna; presentación de recursos ante la Unión Europea, no se conocen. Y, sin embargo, gracias al gobierno de La Rioja la Comisión Europea decidió, en primera instancia, exigir la devolución inmediata de las ayudas más los intereses percibidas por las empresas que se instalaron en el País Vasco atraídas por los fuertes incentivos, conociéndose ahora la sentencia -inequívoca en sus pronunciamientos- del Tribunal de la UE.

La pequeña comunidad riojana ha conseguido, por tanto, un importante éxito político y de gestión con esta sentencia del Tribunal de la UE, que ha despejado toda duda sobre la ilegalidad de los incentivos cuestionados, que también rechazó el Parlamento de Cantabria pero que el Gobierno de Martinez Sieso-Revilla decidió mirar para otra parte. ¡Vaya defensa de los intereses cántabros, señor Presidente, señor vicepresidente!. Sin embargo, el presidente riojano se personó en Bruselas, se entrevistó con varios comisarios europeos, presentó las reclamaciones oportunas y, finalmente, gana la batalla. Ha comentado don Pedro Sanz: "El trabajo realizado por nuestro Gobierno con los comisarios Van Miert y Mario Monti, ha resultado de gran trascendencia para la resolución de un problema histórico que ha perjudicado a La Rioja". Por su parte, la vicepresidenta riojana, Aránzazu Vallejo, ha declarado que "el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio y la perseverancia del Gobierno riojano ha dado sus frutos". (Diario La Rioja, primera página del 26 de junio de 2001).

Estas son las claves: la perseverancia, el trabajo y la pasión en pro de los intereses generales, la defensa de los derechos, la lucha contra las desigualdades que se debió ejercer desde Cantabria y no se hizo, como en tantas otras cuestiones lacerantes para los cántabros: Valdecilla, Plan Hidrológico, entre otras. La Rioja han dado una lección en defensa de sus intereses. Aquí, todo lo contrario. Un Gobierno sometido a lo que se manda desde Madrid y que convierte a nuestro Gobierno en una mera agencia del poder central y unos gobernantes que siguen insistiendo que ¡somos los primeros! en crecimiento. El último dato del paro ahí está: estamos por encima de la media nacional.

ALERTA 10/3/2002