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Veinte años de autogobierno   /7

Discriminaciones oficiales según la afinidad partidista

Uno de los déficits político e institucional del pasado tan denostado por algunos que están hoy en el Gobierno, se refirió a las discriminaciones o marginaciones por razón de la militancia política. Los que lo criticaban entonces –el Partido Socialista y el PRC del señor Revilla- tenían muchas veces razón cuando denunciaban prácticas que, como en el momento presente, representaban un claro favoritismo en las inversiones que, además, continuaban cuando el alcalde -que representa al pueblo a través de la confianza recibida de la mayoría de la Corporación-, era reelegado o no atendido debidamente cuando pertenecía a sensibilidades o militancias políticas no afines al partido gobernante. Desgraciadamente lo que existió entonces se repite hoy, existiendo un déficit importante en el ejercicio de las relaciones institucionales que se ven cercenadas al dar prioridad a los tintes partidistas en la gestión de los intereses públicos. 

Esto no es nuevo, ya que hay que recordar que con fecha 6 de octubre de 2001 la Federación Cántabra de Municipios que preside el alcalde del Partido Popular de San Vicente de la Barquera y que aglutina a los Ayuntamientos cántabros de todas las ideologías, aprobó nada menos que por unanimidad una resolución en los siguientes términos: 

“La Federación de Municipios de Cantabria insta al Gobierno de Cantabria a respetar la representación institucional de los alcaldes de Cantabria de tal forma que sean los Alcaldes los interlocutores con el Gobierno de Cantabria a la hora de coordinar y ejecutar las obras y servicios del Gobierno en los distintos municipios de la región”.  

¿Qué pasa en las relaciones institucionales del Gobierno con los municipios para que se presente y se apruebe, sin discrepancias, una resolución como la expresada?. Sencillamente que existe un grave déficit en ese campo, que refleja que frente a los criterios institucionales de buen orden existen acciones partidistas con cuyo ejercicio se daña la imagen de las instituciones del autogobierno.  Porque, en efecto, se lesiona la imagen institucional cuando las relaciones se alteran y no se respeta la voluntad popular, que es lo que viene sucediendo en los criterios con que el vicepresidente y los consejeros más políticos organizan sus viajes, aunque debo decir que esta alteración de las normas y de los criterios del buen protocolo y relaciones institucionales es quebrado, con creces, por el vicepresidente y líder del PRC, don Miguel Angel Revilla, el político que desde la oposición más lo denunciaba en el pasado y, probablemente, el más necesitado de ignorar lo que a otros reclamaba, una vez que ha implantado de forma descarada el favor político en los ayuntamientos que gobierna su partido para no perder su cuota electoral. Ejemplos los hay y algunos los extraigo del diario de sesiones del Parlamento número 74, de 15 de octubre pasado, en cuyo pleno se debatieron algunas de las graves anomalías institucionales que pasamos a enumerar. 

Así, cuando el señor Revilla visita municipios en los que el alcalde es militante de su partido, la relación institucional es la perfecta, al responder el protocolo  a lo que dictan las buenas normas y el sentido común. El gabinete del Sr. Vicepresidente se lo comunica al alcalde a los efectos oportunos; sin embargo, cuando visita municipios gobernados por su coaligado, el PP, como por el PSOE, el vicepresidente convoca a sus concejales para la foto de la prensa y discrimina a la representación popular personalizada en el alcalde. Valdáliga, Comillas, Piélagos,  Rionansa, Voto, Reocín, Santillana del Mar… son unos pocos ejemplos de un mal hacer en el campo de las relaciones institucionales. Así, ésta técnica consiste en anunciar un proyecto no ante el alcalde del municipio beneficiado, sino ante la representación de su partido. Uno de estos hechos reiterados nos informa que cuando el señor Revilla ha tenido que anunciar la subasta de viviendas sociales en Camargo, el vicepresidente se lo anuncia a la concejala del  PRC e ignora al alcalde. 

Hay otros casos que ya significan rizar el rizo. Cuando el Sr. Revilla tiene que presentar un determinado proyecto para la comarca del Nansa, cita a los concejales del PRC en los municipios de Rionansa y Tudanca –en los que gobierna con mayoría el PP- pero convoca a los alcaldes de Polaciones, Lamasón y Herrerías que pertenecen actualmente a su partido. Estas actuaciones se descalifican por sí mismas, pero adquieren una dimensión más escandalosa cuando las ejerce conscientemente quién en el pasado las denunció y demonizó. No me referiré en esta ocasión al escandaloso caso de Piélagos, donde la mejora de la carretera que une Miengo-Mogro con Puente Arce tiene un tratamiento totalmente discriminatorio cuando entra en el municipio cuya capitalidad es Renedo. Ejemplos de un estilo reprobable de Revilla hacia el alcalde Pacheco Bárcena, que ya se hizo patente en la anterior legislatura, afectando –lo que es grave- a la representación institucional del Ayuntamiento y a los intereses generales del Valle de Piélagos, cuyos hechos reiterados darían para escribir un largo artículo. 

Esto mismo ocurre con algunos consejeros del otro partido gobernante; así, recientemente la consejera de Educación  (PP) visitó Suánces para anunciar el proyecto de un instituto de secundaria y no lo hizo ante el alcalde legítimo –con el que tan obsesionado están-, sino ante los concejales de su partido, cuando el Ayuntamiento de Suánces es el que tiene que ceder los terrenos, aprobar la licencia de obras etcétera. Absurdo e inexplicable, ya que el buen orden institucional exige asumir las representaciones, como todo el mundo respeta al presidente de la Comunidad Autónoma por estar investido de la dimensión de primer representante del pueblo que se vincula, automáticamente, al de máximo representante ordinario del Estado en Cantabria. 

Tenemos que lamentar en la alteración del buen orden institucional, determinadas actuaciones del Gobierno o de sus miembros más significativos ante dos municipios de especial significado como Castro Urdiales y Villaverde de Trucíos. La ciudad castreña ofrece hoy una composición sociológica que exige reflexiones con profundidad sobre su próxima consolidación – en unos diez años, más o menos- como la segunda población de Cantabria en detrimento de Torrelavega, evidentemente no por la natalidad sino por la llegada masiva de ciudadanos que trabajan en el País Vasco y fijan su residencia en Castro-Urdiales. La intromisión del Gobierno cántabro en asuntos que corresponden a la autonomía municipal y a la voluntad mayoritaria de su Corporación, ha sido un hecho grave que no debiera repetirse. Hace ya un año plantée en dos artículos algunas acciones a desarrollar con urgencia en Castro, que por supuesto no se han tenido en cuenta. Ojalá que los errores en cadena del Gobierno con Castro-Urdiales no afecten a cuestiones trascendentes, pero es exigible la sensatez y el sentido común por todas partes. Sobre Villaverde de Trucíos, recordar que el alcalde tuvo que apelar al Rey para que las autoridades cántabras le recibieran en audiencia, cuando en otro tiempo el señor vicepresidente no dudaba en personarse en este municipio cántabro para hacer propaganda de cantabricidad. 

ALERTA 16/3/2002