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Veinte años de autogobierno   /8

Sentencias en materia urbanística: 

¡un triste récord nacional!

Otro de los temas manidos del pasado y, que al día de hoy, presenta un triste castigo para la imagen de Cantabria, se refiere a las reiteradas sentencias en materia urbanística. Un activo diputado autonómico ha dicho, con razón, que estamos ante un récord nacional, una triste noticia que ha tenido ecos en todo el Estado, que deja en muy mal lugar la gestión del urbanismo en Cantabria ante la reiterada intervención –y decisiones severamente críticas- de los Tribunales de Justicia, que se vienen sucediendo en los dos últimos años. 

Es conocido y está fuera de duda que corresponde al Gobierno de Cantabria la aprobación definitiva de los planeamientos urbanísticos de los municipios; en consecuencia, a través de su revisión por los técnicos competentes procede su aprobación si se ajustan a la legalidad y, devolverlos si incumplen las normas vigentes. Según la información parlamentaria de la que disponemos, en el año 2000 se habían producido once sentencias de derribo, obligando los Tribunales a demoler nada menos que trescientas viviendas. A finales del pasado año, las sentencias condenatorias habían llegado a las diecisiete con un total de cuatrocientas ochenta y seis viviendas a derribar, así como la determinación de unas indemnizaciones que superan los 7.000 millones de pesetas. 

El problema es enórme y se trata de ocultarlo o, rebajar sus efectos en el conocimiento por la opinión pública. Ya no se puede hablar de herencias de gobiernos anteriores cuando el actual modelo PP-PRC lleva camino de cumplir los siete años; por tanto, es de su responsabilidad una gestión deficiente del planeamiento urbanístico que pagan, sobre todo, las personas que de buena fe han adquirido unas viviendas que posteriormente son declaradas ilegales y sobre las que pesa, nada menos, que una orden de derribo. En definitiva, estamos ante problemas que generan obviamente inquietud social y  si el Gobierno dio, previamente, su aprobación  a lo que los Tribunales han condenado, la solución corresponde al Gobierno y al consejero que erró en la decisión ya que las sentencias condenatorias aunque responden a distintos contenidos, tienen un nexo común en denunciar que los planes urbanísticos aprobados por la Comisión de Urbanismo adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo son ilegales, basándose los jueces en dos fundamentos que consideran probados: por calificar como suelos urbanos terrenos que no lo eran o, porque no se han tenido en cuenta las normas de protección del paisaje. 

Esta inseguridad jurídica que el Gobierno actual ha llevado al urbanismo genera situaciones que afectan, por un lado, a las familias que ven amenazados su hogar, lo que es un problema social y, por otro, al desarrollo económico, ya que los promotores no tienen seguridad plena de que las construcciones para las que han obtenido licencia y arriesgan su dinero, sean legales definitivamente y a todos los efectos tras obtener todas las autorizaciones necesarias y tasadas por ley de las instancias competentes; inseguridad que también alcanza a los propietarios de terrenos que legítimamente intentan obtener unas plusvalías. 

El referido a las familias afectadas – casi quinientas- estamos ante un problema social de primer orden. Son familias que han obtenido su vivienda con todas las garantías administrativas –licencia municipal y habitabilidad extendida por el departamento del Sr. Revilla-; han escriturado la vivienda tras solicitar la correspondiente hipoteca, método por el que se adquiere, mayoritariamente, la vivienda en España. Cuando ya han cumplimentado todas las autorizaciones y pagada la vivienda –la hipoteca es con la Caja o con el banco correspondiente- o, ya viven en su piso, se enteran que su patrimonio es ilegal y que debe ser derribado. Imagínense la angustia de estas familias afectadas, sobre todo cuando no se les informa, obligación ética –primero- del Gobierno de Cantabria y, solidariamente, del Ayuntamiento en el que radica la construcción afectada.

Si algo tenemos que añadir es que estas familias no tienen la culpa. La responsabilidad recae en quienes aprobaron el plan de urbanismo que justificó, posteriormente, que los ayuntamientos concedieran las licencias de construcción. Esa responsabilidad, insistimos, está en el Gobierno de Cantabria que ha recibido en poco tiempo una cadena de sentencias condenatorias que justifican que la oposición pueda hablar con razón de ¡grave inseguridad jurídica!, lo mismo que los actuales gobernantes criticaban –con dureza y sin tregua- a anteriores ejecutivos cuando se producían sentencias de efectos, por supuesto, menores y sin esta dolorosa incidencia para el hogar de cientos de familias. 

Por otro lado, están los promotores, los que construyen las viviendas desde la iniciativa privada. La inseguridad en la que se mueven es también evidente, inseguridad que, además, se ha extendido sobre los propietarios de terrenos. Los primeros, porque no saben si donde construyen con licencia y todos los requisitos legales puede depender, al final, de una sentencia judicial; los segundos, porque muchos terrenos ya inservibles para la actividad ganadera por la caída del sector, sus propietarios que los han recibido de sus padres intentan legítimamente obtener unas plusvalías para compensar la falta de rentabilidad de los terrenos en un sector que lleva dos décadas de gran decadencia. En definitiva, esta inseguridad afecta al desarrollo económico que necesariamente debe sostenerse en los próximos años ya que la construcción soporta el crecimiento estable de la economía cántabra. 

Situación, por último, que afecta también a las entidades financieras que aprueban las operaciones crediticias con las empresas constructoras y que, por lo general, exigen, además de otras formalidades, la licencia para construir y un porcentaje determinado de contratos de venta firmados. La licencia municipal -a la vista de las sentencias de derribo- ya no es suficiente, sobre todo cuando la Consejería de Medio Ambiente se reserva competencias muy discrecionales, decidiendo si en una zona se puede construir a partir de los cien metros que protege la ley de Costas, a quinientos o a dos mil metros, cuando debiera estar bajo regulación concreta y específica de una ley, siempre con más garantías que las decisiones que responden a voluntades personales, lo que multiplica esa inseguridad jurídica a la que nos referíamos. A la vista de estos antecedentes, parece que los gobernantes de Cantabria tienen un especial interés en que los constructores, en última instancia, dependan de decisiones discrecionales de su poder político. Algo realmente sospechoso, sin duda, cuando lo lógico era que lo regulase una ley.  

Concluyendo, todas las sentencias condenatorias que se han venido produciendo en los últimos dos años representan una mala imagen para Cantabria. Se trata de todo un récord de sentencias que han tenido un amplio eco en los medios de comunicación nacionales, aún cuando el Gobierno se ha esforzado en rebajar los golpes recibidos desde la Judicatura, difuminar sus efectos y, en algunos caso, echar culpa al pasado, como si llevaran unos meses en el poder cuando van a cumplir siete años de responsabilidades. No hay disculpas desde el poder, quizás porque no se esperaban recibir tan fuertes varapalos por ilegalidad de los Tribunales de Justicia. Pero la realidad es la que es y no otra. También – que olvido, señores  presidente y vicepresidente- ¡somos los primeros!, en este triste balance que presenta todo un récord nacional.

ALERTA 17/3/2002