Servicios Sociales: un derecho de los cántabros.

En España tenemos consagrados una serie de derechos universales que nadie pone en cuestión, destacando, esencialmente por su valor para los ciudadanos, los de la sanidad y la educación. Estos derechos están tan arraigados que hoy no es posible cerrar un hospital o una escuela públicas, porque sería tanto conculcar principios esenciales de la Constitución. El Estado, a través de los Gobiernos, asume estos derechos y a nadie se le pasa por la cabeza la posibilidad de que pueda cerrarse una escuela o un hospital públicos. Pero, ¿qué pasa con los servicios sociales?. Hoy por hoy, las Administraciones públicas siguen sin aceptar como derechos, en igual categoría a los sanitarios y educativos, a unos servicios sociales que en la sociedad del siglo XXI son necesarios asegurar a través de los presupuestos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Así, aunque los presupuestos públicos inciden más o menos en este aspecto, suele ocurrir que cuando hay recortes se ajusta a la baja, con frecuencia, de las ayudas sociales, como si no fuera inhumano dejar que personas puedan morir de frío en la calle o, un minusválido no tenga derecho a una ayuda en el domicilio.

En Cantabria ha surgido recientemente la polémica en torno a la estrategia de la Administración autonómica respecto a AMICA, organización social que, como primer apunte, no responde a intereses privados, ni mercantiles y mucho menos de negocio, sino a la aspiración responsable de cientos de familias que tienen un problema y que han tenido la capacidad y el sentido de responsabilidad de organizarse para crear las infraestructuras necesarias con el fin de asistir a las personas necesitadas de su entorno. Esto tiene un valor y la sociedad cántabra, el propio Gobierno, debieran sentir un reconocimiento hacia estas instituciones que trabajan con resultados positivos para impulsar iniciativas de rehabilitaciòn, formación y creación de empleo para sectores hasta no hace mucho tiempo extremadamente marginados. Por ello, las instituciones no pueden ver estos servicios indispensables y, menos a estas organizaciones sociales, desde una visión mercantilista, sino de profundo contenido social y solidario.

No ignoramos que, por ejemplo, en el apoyo a las personas mayores existen intereses mercantiles muy fuertes con la construcción de residencias privadas de alto standing y, por tanto, abiertas solo a las familias que tienen grandes recursos y pueden pagar no menos de doscientas mil pesetas mensuales por una plaza. Tenemos ejemplos en Cantabria suficientes y parece que con alta rentabilidad, si tenemos en cuenta que empresas importantes de servicios están impulsando negocios en torno a la asistencia a las personas mayores. Aceptado este aspecto mercantilista en la promoción de plazas para mayores, es evidente que las Administraciones no pueden encogerse de hombros o, hablar alegremente de privatización de servicios sociales, sino que tienen que dedicar presupuestos a la construcción y mantenimiento de otras residencias para personas con menos ingresos y como ejercicio no de la solidaridad de la sociedad con los más desprotegidos, sino como un derecho reconocido de éstos colectivos.

Pero este aspecto genuinamente mercantilista le rechazamos cuando se trata de servicios básicos para los cuales, además, existen organizaciones como Amica que han demostrado una organización y capacidad dignas de público elogio, con personas que están trabajando con pasión y sacrificio, ejemplo que ya expresamos hace algunas semanas al evocar la rica y fructífera personalidad de don Matías Sainz Ocejo, recientemente desaparecido cuando estaba en plena etapa de logros positivos en este campo de lo social. Por tanto, entiendo y defiendo que cuando las instituciones subvencionan o sacan a concurso atenciones sociales, no es entendible decidir a favor de una empresa mercantilista, que por su misma concepción espera beneficios de su gestión, en detrimento de organizaciones que no tienen ánimo de lucro y que se sostienen en la unión de cientos de familias con unos mismos fines, demostrando, además, eficacia y más rigor en los trabajos a desarrollar.

Al hilo de esta reflexión, hay que denunciar con la mayor insistencia y vigor, que el Ayuntamiento de Torrelavega concertara servicios de asistencia domiciliaria a minusválidos y ancianos con una sociedad privada de Zaragoza en perjuicio alevoso de Amica; decisión privatizadora que ha fracasado, abandonando dicha empresa los servicios que le fueron adjudicados y cuyos platos rotos ha tenido que asumir la Residencia-Asilo San José. Amica fue entonces la gran perjudicada por la decisión de los gobernantes locales y, sin embargo, con responsabilidad encomiable, viene realizando servicios especializados de atención domiciliaria sin recibir una peseta de apoyo del Ayuntamiento de Torrelavega. No es que esto sea ilógico; es, sencillamente, irresponsable y vergonzante para quienes gobiernan la segunda ciudad de Cantabria, castigando a una organización que surgió, precisamente, de la unión y el sentimiento de familias torrelaveguenses. Pido desde aquí, públicamente, que el Ayuntamiento realice una misma acción que la recientemente planteada sobre la Real Sociedad Gimnástica con el fin de garantizar la existencia de Amica y sus nobles fines.

Aún hoy, sin embargo, existen numerosas insuficiencias del Estado de Bienestar que están sobrecargando a las familias, cuando sigue siendo una reivindicación permanente garantizar derechos como los del acceso a las guarderías de cero a tres años, servicios domiciliarios y otros tipos de servicios para personas con discapacidades y personas de la tercera edad. En nuestro país, la silla del Estado de Bienestar sólo tiene tres patas: una, la que garantiza el derecho a la sanidad; otra, que garantiza el derecho a la educación, y una tercera, el derecho a la pensión, derecho, por cierto, todavía incompleto. La cuarta pata, sin duda, se refiere al derecho a unos servicios sociales que incidan, sobre todo, en las necesidades reales de las clases medias/bajas que son las que, generalmente, utilizan los servicios públicos, mientras que la gente con recursos accede a servicios privados, hecho éste que explica, en ocasiones, la pobreza del sector público ya que las clases de rentas altas, con gran influencia mediática y política, tienden a despreocuparse del sector público, que tiene grandes obligaciones –que en Cantabria siguen sin asumirse con plenitud- en torno a los servicios sociales. En consecuencia, los fondos públicos no solo están para tener una buena escuela o un buen hospital, sino también unos buenos servicios de ayudas a las personas con discapacitación y de la tercera edad.

Este derecho de los cántabros a los servicios sociales, seriamente resquebrajado por la estrategia inoportuna e insolidaria del Gobierno cántabro, en este caso hacia Amica, exige, sobre todo, que las ayudas y subvenciones no sean graciables o, que el responsable de turno, como ha ocurrido recientemente desde el Gobierno de Cantabria, se traten de imponer innovaciones no consensuadas y, además, inspiradas en el más puro mercantilismo. Las ayudas a las organizaciones sociales no pueden ni deben responder a caprichos oficiales sino que tienen que estar respaldadas en una legalidad aceptada y de obligado cumplimiento por las instituciones competentes. Solo de esta manera se crea un campo estable y positivo a estas organizaciones, que a veces quedan malheridas absurdamente cuando se pactan ayudas, se planifican acciones con estas subvenciones previamente acordadas y, finalmente, al no respetarlas el Gobierno, desequilibran y amenazan hasta su misma supervivencia. Por supuesto, no estamos hablando de caridad institucional, sino de derechos sociales de los cántabros en el siglo XXI.

ALERTA 19/1/2002