La caida industrial cántabra, suma y sigue. |
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El último boletín de situación reitera la atonía del sector a lo largo de 2002, en lo que representa un lento pero constante
deterioro de una actividad que debiera crecer y empujar el crecimiento.
Como ejemplo, el Gobierno compra los coches oficiales a empresas que no operan en Cantabria y siguen contratando obras importantes con empresas de fuera, despreciando las propias. |
A
El último boletín de estudios y análisis económico de Cantabria que edita
el Gobierno cántabro en colaboración con una entidad financiera, indica
que durante el presente año 2002 se está produciendo una atonía
en el sector industrial de la Comunidad Autónoma. Se trata de una nueva
confirmación -entristecedora para nuestros intereses- de la lenta
pero continua recesión industrial, el sector, sin embargo, que
debiera crecer y empujar para mantener un crecimiento económico
armónico que reduzca el impacto de la estabilización del sector
turístico o las pérdidas de otros sectores, a excepción de la construcción.
Hace algunos meses desde el Gobierno se insistía en el crecimiento de este sector y en aquella ocasión preguntábamos con que datos objetivos y contrastados se sostiene desde los ámbitos gubernamentales que el sector industrial está creciendo cuando llevamos unos meses con anuncios de reajustes de plantillas en grandes empresas. Sin acudir a los archivos, citaba los casos de Quijano, Global Steel Wire, Equipos Nucleares, Solvay, Sniace y algunas más, como el cierre definitivo, a un año vista, de las explotaciones de Asturiana de Zinc en Reocín. Preguntaba entonces: ¿Con que fuerza moral los gobernantes afirman que está creciendo el sector industrial cuando no hay trabajo cualificado para nuestros jóvenes profesionales que salen de la Universidad y la gran mayoría -siete de cada diez- tienen que marchar de Cantabria?. He escrito con insistencia que el Gobierno de Cantabria no apoya el desarrollo de nuestras empresas, como se demuestra en esos ¡ciento treinta mil millones de pesetas! adjudicados en obra pública a empresas con sede social fuera de Cantabria y, por tanto, favoreciendo los presupuestos de sus respectivas comunidades autónomas y perjudicando los nuestros. Esta estrategia de favorecer a los de fuera lastra el desarrollo de nuestras empresas que, además, mantienen empleo fijo y pagan aquí sus impuestos. Es una irresponsabilidad más a las que se pueden añadir otras. Por ejemplo, nuestros gobernantes -lo reitero por lo indignante del caso- han adquirido con el dinero de nuestros impuestos unos flamantes coches oficiales, sustituyendo los anteriores que tenían una antigüedad de cinco años. Mientras Fraga obliga a que los coches de sus consejeros sean de la marca Citroen; Valencia, de la Ford; Cataluña, Volkswagen-Audi; el País Vasco, Mercedes Benz; es decir, distintivos de su industria automovilística, resulta que en Cantabria tenemos una planta de Nissan (Los Corrales de Buelna) y, sin embargo, adquirimos los coches a una empresa radicada a ochocientos kilómetros de nuestra comunidad. Esta actitud del Gobierno cántabro en otra comunidad sería un escándalazo. La Fundación La Caixa ha publicado hace unos meses su "Anuario social de España 2001". Se trata de un informe elaborado por el Instituto Lawrence R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha convertido en uno de los estudios más completos y rigurosos para medir el bienestar social. Si los datos de Cantabria, por lo general, no permiten ni la euforia ni el catastrofismo, sin embargo, las estadísticas que reflejan el índice industrial (informe de La Caixa, página 371) y el reciente estudio conocido "Las pymes en España 1996-2000", presentan datos seriamente preocupantes. Así, estamos en la cola del índice industrial con La Rioja - que tiene, sin embargo, un pujante sector agrario y vitinícola, mientras la ganadería cántabra sigue en crisis-, con tan solo un 1,2 sobre el total nacional. Navarra -con la misma población de Cantabria- nos duplica la fuerza en este sector y comunidades autónomas que ofrecían una imagen tradicional de fuerza en otros sectores, presentan índices, hoy, superiores a los de Cantabria. En cuanto a la creación de nuevas pymes, el informe refleja, por ejemplo, que crecemos mucho menos que el País Vasco (8 por ciento frente al 20) y ello a pesar del contexto de miedo y extorsión económica al empresariado- el crecimiento ha sido del 20 por ciento. Los datos referidos a grandes empresas son, sin embargo, negros para Cantabria y esperanzadores para el resto de las Comunidades Autónomas. Así, en nuestra comunidad han descendido de 42 a 37; sin embargo, en el resto de las autonomías el incremento en su territorio de grandes empresas ha sido importante. Ejemplos vecinos: en Asturias pasaron de 69 a 73; en Castilla y León de 86 a 98; en Galicia de 131 a 157; en el País Vasco de 240 a 268 y en Navarra de 75 a 110. En otras comunidades con un nivel de riqueza inferior al cántabro, los datos son también positivos: citamos, por ejemplo, a Andalucía, que ha pasado de 285 a 322 grandes empresas; Extremadura de 23 a 40 y Aragón de 80 a 112. Estos son datos reales que no coinciden, precisamente, con las reiteradas autocomplacencias oficiales de los gobernantes que intentan cambiar -ojalá que fuera con hechos- la realidad decadente de Cantabria en cuanto a su sector industrial, ocultándonos en sus balances oficiales y propagandísticos la verdadera situación. De todo este balance en estos años -el informe de La Caixa coincide con la gestión del actual gobierno PP-PRC- se desprende que en los últimos siete años en un contexto que los gobernantes califican de exitosa normalidad el resultado que tenemos a la vista es que hemos perdido empresas grandes y la localización de nuevas -siempre de estructura pequeña- no ha sido suficiente para contrarrestar el desequilibrio existente. Otro de los criterios que, además, frenan el crecimiento de la empresa de Cantabria es el referido a la obra pública. Considero que sólo con que el Gobierno de Cantabria velara -como es su obligación- para que una cuarta parte -reitero, solo una cuarta parte- de la inversión pública estatal y el noventa por ciento de la autonómica se quedara en empresas de Cantabria, asistiríamos a que seis u ocho empresas de nuestra comunidad crecieran y dejaran libres inversiones menores para empresas más pequeñas o para la creación de otras nuevas. Sin embargo, el Gobierno hace al revés y con esta política de premiar al de fuera no genera -sino destruye- tejido empresarial en la comunidad. En suma, toda una salida de capital absurda, empobrecedora y demostrativa de un Gobierno que no defiende los intereses de Cantabria. El problema está apuntado pero a buen seguro seguiremos sin políticas donde los déficits están más marcados y afectan, en especial, a toda nuestra juventud a la que formamos con nuestro dinero para -por obligación- tener que emigrar y desarrollar su profesionalidad en otras comunidades. Concluyendo, si las reconversiones y reajustes continúan, no se fomenta la investigación ni llegan inversiones nuevas, se puede asegurar que Cantabria dejará de ser (si no lo es ya) una comunidad industrial. |
ALERTA - 19 de Octubre de 2002 © José Ramón SAIZ www.joseramonsaiz.com |
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