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Plan del litoral: rigor frente a discrecionalidad |
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En Cantabria se está concretando el diálogo roto entre gobernantes y gobernados, porque los primeros entienden que los segundos solo tienen derecho a tener voz cada cuatro años . Se necesita un Plan urgente que no sea otra promesa electoral incumplida, que permita la controversia sin coacciones desde el poder político y, sobre todo, sea justo socialmente. |
No conozco caso alguno de
administración sometida al derecho y a la ley en la que cuestiones
importantes queden sometidas, en última instancia, a la discrecionalidad
de algunos políticos, hecho que viene ocurriendo en Cantabria en
materia urbanística cuando muchas licencias de construcción, en última
instancia, están sometidas a la libre decisión del consejero de Obras Públicas,
señor Revilla y del responsable de Medio Ambiente, Gil Diaz. A mi juicio,
esta inseguridad jurídica que provoca la discrecionalidad nos lleva
a lo que se conoce como el clientelismo político, hacer más
intervencionista a la administración y, finalmente, que el ciudadano intuya
o piense que detrás de una licencia importante pueden existir otras cosas;
formas, por supuesto, que no ayudan a construir una autonomía con
todas las garantías jurídicas, sino avanzar hacia fórmulas de caciquismo
que se promueven cuando el poder político tienen amplios márgenes de
discrecionalidad.
El Plan del Litoral es necesario y, desde hace tiempo, se reclamaba con urgencia, objetivo y reflexión en el que todo el mundo coincide; ahora bien, las discrepancias surgen sobre la forma de llegar a su redacción y aprobación. Por lo visto y oído hasta ahora, la normativa se intenta imponer con formas de escasa educación que se inspiran en el pensamiento único, cuando el titular de Medio Ambiente ha llamado de todo a quienes en defensa de sus criterios, consideraciones intelectuales y profesionales o, simples y legítimos intereses, se han opuesto a la redacción puntual, que no a la necesidad del Plan. No me parece una pérdida de papeles concreta en este caso; es –entiendo- un ejemplo de la soberbia política que presenta rasgos de autoritarismo, una política que consiste en demonizar a quién se opone a algún interés de los partidos dominantes, para terminar descalificando al opositor, no ya político, sino intelectual o profesional en el ejercicio de su responsabilidad. Algunos creen que en una democracia se puede imponer una dictadura de los aparatos de los partidos políticos y que solo éstos y no las personas, con su dignidad -que no es precisamente un valor de todos los partidos- tienen derecho a opinar, descalificar, aplastar y manipular desde la propaganda política la libre opinión de los ciudadanos. En el debate sobre el Plan del Litoral ocurre lo que en muchas democracias que siendo en sus textos más o menos rigurosos, los partidos y los políticos las desacreditan. Sencillamente se produce el diálogo roto entre gobernantes y gobernados, porque los primeros no escuchan a los segundos, al pensar que su voz -la única a la que tienen derecho-, es la que expresan cada cuatro años en las urnas. Y este principio es reflejo de autoritarismo que lentamente va generando esa decadencia de la confianza y la estima que los ciudadanos tienen por la política y los políticos, lo que no significa pérdida de crédito del sistema democrático sino desprestigio de todo aquello que está impregnado de política, hasta el punto de que una mayoría de jóvenes ha desviado su participación no hacia los partidos sino en las ONGs, que las condieran más nobles y participativas que las dictaduras de las organizaciones partidarias en las que simplemente ofrecer una voz discrepante representa una condena a galeras. Pero retomando el análisis del Plan del Litoral, hay que lamentar, además, la acusación interesada y genérica -en un intento de buscar votos entre los ciudadanos de a pie- del consejero de Medio Ambiente, cuando demagógicamente habla de que quienes se oponen al plan del litoral son los promotores de los grandes pelotazos urbanísticos, cuando pelotazos – tal y como parece entenderlos el señor Consejero de Medio Ambiente- ha habido en el pasado más reciente –ahí están muchas sentencias judiciales y anulaciones de planes urbanísticos de su Gobierno- - y, desgraciadamente, los habrá en el futuro, a los que contribuirá la discrecionalidad del poder político. No se si consideran que la ciudadanía es tonta, retrasada mental o ignorante absoluta para hacernos ver que el Plan del Litoral, ahora o cuando se apruebe, representa la cruzada contra las infracciones urbanísticas. Por cierto, llegados a este punto, es lícito y conveniente preguntar: ¿como no planearon el litoral hace siete años, cuando entró el actual Gobierno PP-PRC o, cuando el Sr. Gil hace quince años llegó a la dirección general de Medio Ambiente?. Es lamentable que a un sector que viene siendo el motor económico de Cantabria en estos años, mientras se cae el industrial y el ganadero/pesquero, se le coja de chivo expiatorio, cuando los constructores han construido donde han obtenido una licencia y donde la Administración se lo ha permitido, concretamente en estos últimos siete años los señores Revilla y Gil Diaz. Salvo que, ya digo, nos quieran tratar como subnormales, detrás de cada pelotazo urbanístico ha habido un político que lo permitió o autorizó y, por supuesto, han podido existir más cosas.
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En todo caso, el verdadero pelotazo en
democracia es el asumir decisiones, sin controles, que culminan en la
arbitrariedad. Así, en la actual redacción del Plan del Litoral, solo hay
que observar como son tratados algunos municipios con influencias poderosas
en el Partido Popular o el Regionalista o, como se hace la vista gorda en
construcciones en zonas de marisma en algún municipio de la bahía y, donde
se prometió hace años denunciar como delito la posibilidad de construir;
sin embargo, parece que de lo dicho y prometido nada de nada. Los amigos
alcaldes de los consejeros competentes no tienen problemas ni
necesitan alegaciones; incluso para demostrar que son más ecologistas que
los mismísimos ecologistas piden más protección, pero para otros, no para
su municipio.
Cuando un Plan del Litoral se redacta con indicaciones partidistas y de favor para los amigos, la gangrena termina infectando todo el proyecto, de ahí que sean muchos los colectivos que han protestado y profesionales del urbanismo ya han dejado sentir su inquietud, defendiendo la norma pero no todas sus debilidades, falta de rigor o, el lamento de muchas familias con escasos recursos y posibilidades que sienten pisoteados sus derechos, pensando que tenían una propiedad que dejar a sus hijos después de trabajar las fincas durante decenas de años para malvivir y, finalmente, comprueban que no se les respeta el derecho social a esa propiedad y obtener unas pequeñas plusvalías. Claro que entre esa larga nómina de perjudicados no encontraríamos un solo nombre de familiar político con influencias o próximo a quienes interpretan a su gusto las normas desde la discrecionalidad. Necesitamos un Plan del Litoral que, en sus líneas generales, se elabore desde el debate, la controversia, la opinión de los agentes sociales y económicos, de todas las partes implicadas. Los entendidos en la materia ya han apuntado todas las anomalías del plan del Gobierno y han pedido algo tan sensato como pasar de un simplista sistema de protección a una planificación integral que compatibilice un litoral razonable con el desarrollo de la comunidad ya que la presión económica está sobre esa zona no sobre la montaña, que allí no acude la inversión. En definitiva, una Plan del Litoral que llegue pronto, que no sea un recurso electoral más que se incumple en esta legislatura, que acabe con la discrecionalidad, sea justo socialmente y restablezca la seguridad jurídica.
ALERTA 20-7-02 |
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