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Veinte años de autogobierno   /9

La situación industrial, un cuadro preocupante 

La Fundación La Caixa acaba de publicar su “Anuario social de España 2001”. Se trata de un informe elaborado por el Instituto Lawrence R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha convertido en uno de los estudios más completos y rigurosos para medir el bienestar social. El anuario tiene el gran mérito de poner de forma conjunta muchos datos, algunos ya conocidos y divulgados, que ofrecen un cuadro revelador de la calidad de vida en las distintas comunidades, que en Cantabria siempre ha estado -en los últimos cincuenta años- por encima de los parámetros que marca la media nacional. 

Si los datos de Cantabria, por lo general,  no permiten ni la euforia ni el catastrofismo, sin embargo, las estadísticas que reflejan el índice industrial (informe de La Caixa, página 371) y el reciente estudio conocido “Las pymes en España 1996-2000”, presentan datos seriamente preocupantes. Así, estamos en la cola del índice industrial con La Rioja – que tiene, sin embargo, un pujante sector agrario y vitinícola, mientras la ganadería cántabra sigue en crisis-, con tan solo un 1,2 sobre el total nacional. Navarra –con la misma población de Cantabria- nos duplica la fuerza en este sector y comunidades autónomas que ofrecían una imagen tradicional de fuerza en otros sectores, presentan índices, hoy, muy superiores al de Cantabria. 

En cuanto a la creación de nuevas pymes, el informe que se ha dado a conocer hace unos días refleja que mientras estas sociedades en Cantabria han experimentado un crecimiento igual al de la media nacional (8,83 por ciento en el periodo 1996-2000), en el País Vasco el crecimiento ha sido del 20 por ciento. Los datos referidos a grandes empresas son, sin embargo, negros para Cantabria y esperanzadores para el resto de las Comunidades Autónomas. Así, en nuestra comunidad han descendido de 42 a 37; sin embargo, en el resto de las autonomías el incremento en su territorio de grandes empresas ha sido importante. Ejemplos vecinos: en Asturias pasaron de 69 a 73; en Castilla y León de 86 a 98; en Galicia de 131 a 157; en el País Vasco de 240 a 268 y en Navarra de 75 a 110. En otras comunidades con un nivel de riqueza inferior al cántabro, los datos son también positivos: citamos, por ejemplo, a Andalucía, que ha pasado de 285 a 322 grandes empresas; Extremadura de 23 a 40 y Aragón de 80 a 112. Estos son  datos reales que no coinciden,  precisamente, con las reiteradas autocomplacencias oficiales de los gobernantes que intentan cambiar –ojalá que fuera con hechos- la realidad decadente de Cantabria en cuanto a su sector industrial, ocultándonos en sus balances oficiales y propagandísticos la verdadera situación. 

Los datos tanto del índice industrial de La Caixa como el de “Las pymes en España 1996-2000” reflejan tristemente un panorama sombrío que tiene su traducción en el paro, actualmente casi un punto por encima de la media nacional. La existencia de reajustes de plantilla en grandes empresas, la caída industrial en cuanto a empleos se refiere en comarcas tradicionales en este sector como Campóo y Torrelavega, nos dicen que esta caída de la industria cántabra no se detiene, sino que parece acelerarse. Es lo que nos indica la estadística antes reseñada cuando Cantabria es la única Comunidad Autónoma que ha perdido “grandes empresas” en el periodo 1996-2000. Por tanto, de los datos extraídos podemos reflejar estas reflexiones: 

1.- Las pymes crecen al mismo ritmo (8,8 por ciento) que la media nacional, es decir, las empresas que precisan de menor inversión y que parten del ya existente tejido industrial cántabro o de nuevas inversiones propias, reflejan un crecimiento moderado, lejos de otras comunidades que, sin embargo, tienen un mismo nivel de riqueza que Cantabria. A pesar de la situación de terrorismo en el País Vasco, en el territorio vecino el incremento es llamativo, pasando de ciento veinticinco mil pymes a ciento cincuenta mil, con un crecimiento de sus pymes del veinte por ciento. Este dato ya dice mucho de la grave inhibición de Cantabria en relación a las ventajas fiscales vascas, que sólo el Gobierno de La Rioja ha llevado hasta Bruselas para denunciar una competencia alterada por una fiscalidad significativamente más baja en los territorios vascos. 

2.- Faltan grandes inversiones industriales. Este dato es el más preocupante y nos dice que en los últimos siete años -en un contexto que los gobernantes califican de exitosa normalidad- el resultado que tenemos a la vista es que hemos perdido empresas grandes y la localización de nuevas no ha sido suficiente para contrarrestar el desequilibrio existente. Hace seis años el presidente Martinez Sieso salió de su primera reunión en La Moncloa afirmando que en los siguientes meses se concretaría un gran proyecto inversor industrial para Cantabria. La promesa, como otras muchas, quedó en el olvido y todavía los que gozamos de buena memoria recordamos los triunfalistas titulares de prensa que anunciaron la triste broma. En resumen, los resultados del Gobierno y de Sodercan en materia industrial aparecen nítidamente claros: la tendencia del sector industrial es a la baja, lo que refleja el incremento del paro por encima de la media nacional y la evidente falta de alternativas profesionales para los jóvenes. 

Otro de los criterios que, además, frenan el crecimiento de la empresa de Cantabria es el referido a la obra pública. Haciendo cálculos nos encontramos que el Gobierno central tiene adjudicadas a empresas que no tienen domicilio fiscal en Cantabria (apenas una oficina y cuatro empleados), obras por importe próximo a los cien mil millones de pesetas; además, la administración autonómica, una parte de su inversión directa –que no es inferior a los veinte mil millones de pesetas- se lo ha adjudicado a empresas que, insistimos, no tienen vinculación alguna con Cantabria, es decir, nuestro Gobierno está financiando los presupuestos de otras Comunidades Autónomas ya que el IRPF del personal de esas empresas y de los beneficios, no revierten en Cantabria y sí, por el contrario, en la autonomía en la que dichas empresas tienen su sede fiscal. 

Considero que sólo con que el Gobierno de Cantabria velara –como es su obligación- para que una cuarta parte de la inversión pública estatal y el noventa por ciento de la autonómica se quedara en empresas de Cantabria, asistiríamos a que seis u ocho empresas cántabras crecieran y dejaran libres inversiones menores para empresas más pequeñas o para la creación de otras nuevas. Sin embargo, el Gobierno hace al revés y con esta política de premiar al de fuera no genera –sino destruye- tejido empresarial en la comunidad. En suma, toda una salida de capital absurda, empobrecedora y demostrativa de un Gobierno que no defiende los intereses de Cantabria, especialmente el coaligado Partido Regionalista que por filosofía y criterios territoriales está en una estrategia totalmente contraria a lo que prometió. No voy a referirme a todo aquello en lo que se comprometió, sobre todo después de su bien pagado cambio en todo lo relacionado con Nueva Montaña y el Corte Inglés. 

En fin, el anuario de La Caixa nos dice que, como desde hace décadas, estamos bien en instrucción y bienestar y poco más, mientras que la puntuación baja llamativamente en el terreno industrial. El problema está apuntado pero a buen seguro seguiremos sin políticas donde los déficits están más marcados y afectan, en especial, a toda nuestra juventud a la que formamos con nuestro dinero para –por obligación- tener que emigrar y desarrollar su profesionalidad en otras comunidades. Concluyendo, si las reconversiones y reajustes continúan, no se fomenta la investigación ni llegan inversiones nuevas, se puede asegurar que Cantabria dejará de ser (si no lo es ya) una comunidad industrial.