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En
nuestras reflexiones de ayer destacábamos que en los últimos veinte
años se ha
consolidado la autonomía y que, finalmente, contamos con un Estatuto que
tras la reforma de 1998 ha superado
todas las restricciones y limitaciones impuestas
en su texto en 1981. Ha quedado reconocida la dimensión de identidad de
Cantabria como Comunidad Histórica,
empeño en el que en su momento pusimos toda nuestra voluntad y estrategia
parlamentaria y, prácticamente, tenemos todas las
competencias que define en su Título VIII
la Constitución Española. Reflexionábamos sobre las disfunciones
políticas, la falta
de capacidad reivindicativa, el conformismo,
la ausencia de nervio, la limitada
autonomía de nuestros dirigentes al convertirse en sumisos
al poder central, la creencia hoy mayoritaria de que no existe
liderazgo en las instituciones cántabras y la constatación de una inhibición
institucional
en la promoción de la historia cántabra y el fortalecimiento de su
identidad.
En
el Parlamento cántabro escuchamos el otro día discursos retóricos
carentes
de autocrítica. No podemos ni debemos recrearnos en cuestiones banales;
por el contrario, la necesidad de ejercer la reflexión, profundizar en el
pensamiento y las exigencias de la calle,
al tiempo que preguntarnos que piensan nuestros
ciudadanos sobre
cuanto sucede en nuestra autonomía, nos plantea estas nuevas
reflexiones:
3.-
Un Parlamento alejado de la ciudadanía, sin frescura en los debates ni
improvisación en el control del Gobierno.
Cuando dice
De la Sierra –y puede ser un deber institucional- que tenemos un
Parlamento sobre cuya actividad se concita el interés de la ciudadanía,
tenemos que decir que no es así.
Hoy, nuestro Parlamento por la mayoría muy absoluta en
la que está instalado el Gobierno, está alejado
de los ciudadanos, los debates son de escasa entidad aunque se ponga buena
voluntad, lo que puede estar motivado por el hecho de que los resultados
de las votaciones responden a una regla matemática:
veinticinco votos del Gobierno se imponen
sin diálogo ni búsqueda de consenso, a los catorce de la oposición.
El
problema es que los partidos del Gobierno tienen en sus manos el
dinamizar
el Parlamento, buscando una mayor sintonía con la calle
pero nada hacen en ese sentido; no les interesa activar el pluralismo y el
debate, lo que es egoismo
y comodidad
que, sin embargo, afecta gravemente a la imagen del Parlamento. Un
reglamento que hace viejos
todos los asuntos que se llevan a debate a la Cámara, es un reglamento
para pervertir
las funciones del Legislativo. Un reglamento que no permite
preguntas de control al Gobierno a bote pronto
es un Parlamento sin el ingenio y la chispa de la improvisación. Comenta
la oposición –y tendrá razones- que el Presidente de la Comunidad a
quien no le dotaron, por cierto, de brillantez dialéctica ni
parlamentaria lleva un block de anillas en el que tiene escritas distintas
opciones de respuesta
a diferentes tonos de las preguntas o interpelaciones. Este control hasta
lo absurdo de tener preparado el modelo de respuesta, hace que los pocos
debates en los que interviene el señor presidente
sean aburridos, monótonos, sin frescura ni alardes intelectuales y, por
tanto, de
nula improvisación fina y brillante. Nuestro Parlamento es, a todos los
efectos, una Cámara Legislativa pero dista de ser
el Parlamento que queremos con un reglamento que convierta a la institución
parlamentaria en flexible, dinámica y fluida para conectar
de verdad con la ciudadanía.
Es
el caso de las preguntas
que forman parte del control al Ejecutivo. En una Comunidad pequeña como
la nuestra, debiera proyectarse el estilo parlamentario inglés, donde el
presidente y los consejeros se sometan a preguntas sin conocer su
contenido previo. Así, el responsable que demuestre una falta
de dominio
sobre los problemas reales de la comunidad referidos al departamento de su
competencia o, desconocer donde está Bolmir
o Calseca
y quién fue y lo que representó Amós de Escalante, automáticamente se
le debiera mandar a casa
porque no sirve para el cargo que ostenta.
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4.-
La Administración sigue
excesivamente burocratizada y no se ha mejorado su servicio a los
ciudadanos a raíz de la asunción de competencias.
Un principio esencial además de la identidad histórica y diferenciada
del espíritu del autogobierno se centra en el funcionamiento más
eficaz, más
rápido
y más directo
de los servicios a los ciudadanos en las materias transferidas. En este
aspecto tan esencial se ha avanzado muy poco
y hoy puede afirmarse que aunque la Administración se ha incrementado en
número de empleados –y no sólo a través de la asunción de
transferencias- el servicio a los administrados se ha ralentizado y, por
consiguiente, ha empeorado.
Muchos ciudadanos critican con razón, por ejemplo, que la Administración
no contesta
a sus peticiones o, tarda en exceso
en resolver, cuando ya no hay que enviar los papeles a Madrid.
Este
funcionamiento anómalo de la Administración cántabra es evidente, por
ejemplo, en el campo de los servicios
sociales, área
en la que el Gobierno ha demostrado últimamente su mayor
incompetencia
provocando la crisis de AMICA que gracias a la presión ciudadana se
encuentra, afortunadamente, en vías de solución al dar marcha atrás en
sus propósitos insolidarios
la Consejería de Bienestar Social. Pues bien, en este caso de los
servicios sociales que puede trasladarse a otros departamentos que regulan
ayudas o subvenciones a través de convocatorias públicas, se
reiteran
estas disfunciones: los presupuestos entran en vigor cada año el 1 de
enero pero su aplicación no es automática ya que se tardan hasta ocho y
diez meses en publicar
las órdenes que regulan las ayudas. Dichas convocatorias tardan también
varios meses en resolverse
y, finalmente, otros tantos meses en abonarse,
con lo cual se ha reiterado que organizaciones sociales que trabajan en el
día a día y que cuentan con recursos muy justos o insuficientes,
perciben las ayudas un año y medio después de
la entrada en vigor de los presupuestos. Por supuesto, muchos meses
más tarde –lamentablemente-
que cuando la Administración central las abonaba cuando eran de su
competencia.
No
es fácil entender y asumir estas anomalías que tanto deterioran
el sentido práctico de la autonomía y que juegan a favor
de los objetivos de unos nostálgicos que presentan sus alternativas de reconquista.
Estas disfunciones representan una seria incompetencia, realmente grave
porque socavan
el propio espíritu que inspiraron la autonomía. El Gobierno debiera corregir
estas graves anomalías dedicando esfuerzos constantes en la ordenación
de una Administración dispersa
y de baja eficacia,
ya que representan todo un “caballo
de Troya” que amenaza la consolidación de
los ideales de un autogobierno eficaz.
Esta
situación anómala
en la Administración se puede agravar por la reiteración de errores
del
Ejecutivo cántabro en materia de función pública. La reciente asunción
por el Gobierno de la potestad
de nombrar jefes funcionariales al margen
de los méritos y del concurso, representa una grave adulteración
de las normas que deben presidir la función pública en un Estado de
derecho y democrático; además, en el caso de esta área del PP en el
Ejecutivo supone incumplir
el espíritu que Aznar prometió en su investidura presidencial.
En definitiva, se politizan
los cargos medios y se instala el caciquismo
funcionarial que tanto denunció el señor Revilla en el pasado reciente.
Es una más
de las disfunciones que se producen y que lastimósamente
afectan a un pilar básico del autogobierno, como es la necesidad
de una Administración competente, rápida, eficaz, próxima al ciudadano
y apolítica.
ALERTA
24-02-2002
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