Jóvenes cántabros, empleo y vivienda

Jóvenes cántabros, empleo y vivienda.

Tras ocho años en los que el PP-PRC no han hecho nada en esta materia, anuncian ahora un aluvión de promesas para intentar atraerse a una juventud que acumula muchas incertidumbres para su futuro.

PP, PRC y PSOE pactaron la ley del suelo o la de los “pelotazos” urbanísticos para sus ayuntamientos, no actuando en el necesario objetivo de crear mas suelo publico y abaratar el precio de la vivienda.

En las elecciones de 1995 los dos partidos gobernantes prometieron impulsar la construcción de miles de viviendas sociales o protegidas, detectado que este era uno de los problemas más graves de la Comunidad cántabra. Ocho años después, el problema se ha agravado; prácticamente no se ha hecho nada, pero en vísperas electorales los partidos coaligados PP y PRC, prometen otro “aluvión” de viviendas. En consecuencia, como primera reflexión, han jugado con las expectativas de miles de familias, de jóvenes, de toda una sociedad que esperaba acciones positivas en este campo de la vivienda. Además, han convertido a Cantabria en una mala noticia en el Estado: estamos a la cabeza de las autonomías que más han visto crecer el precio de la vivienda. Es decir, todo un disparate; toda una política antisocial generada en estos años en los que el Gobierno ha sido incapaz de cumplir apenas el cinco por ciento de lo prometido. Lo explicaremos.

En 1995 el Partido Popular prometió la construcción de varias miles de viviendas, sin especificar. El Partido Regionalista, a través del señor Revilla, concreto su oferta en diez mil viviendas para la legislatura. Apenas en los cuatro años de la legislatura pasada se pusieron en marcha quinientas viviendas; además, distribuidas territorialmente de forma caciquil y por intereses políticos hasta el punto de que las actuaciones en los centros urbanos –donde más se precisan- apenas se hizo nada. El problema se ha agravado en estos años y hoy nuestros jóvenes tienen una doble preocupación que es latente en todas las conversaciones: por un lado, el empleo, casi siempre precario, en muchas ocasiones sin sintonía con su preparación universitaria y profesional; por otro, la vivienda.

Sobre el empleo y la precariedad que sufren los jóvenes cántabros ya hemos escrito con reiteración; lo seguiremos haciendo con toda seguridad, porque es un problema de una envergadura tremenda ya que significa que perdemos el capital humano de una juventud bien preparada en la Universidad y en los centros de Formación Profesional, aunque es cierto que existe una deficiente planificación de esas enseñanzas al tener pocas sintonías con el mercado laboral de Cantabria. La reflexión sobre este problema lo ofrece este dato: siete/ocho de cada diez jóvenes cántabros tienen que buscar fuera de Cantabria un empleo digno; en consecuencia, la descapitalización de las energías más jóvenes es una tragedia para el futuro de Cantabria.

Sobre el problema de la vivienda en Cantabria hay que partir de este escenario agravado en estos años de grave inhibición sobre la cuestión: la principal incertidumbre de la emancipación del 90 por ciento de los jóvenes cántabros es el elevado precio de la vivienda hasta el punto de que esa emancipación se sitúa, hoy, entre los 28-30 años. Otros obstáculos son: prolongación del periodo de formación, inestabilidad laboral y económica por la precariedad del mercado laboral y aspiraciones con respecto a los estándares de vida de sus familias de origen y el nivel de las expectativas profesionales fruto de su formación.

Si analizamos en un estudio detallado sobre las transformaciones demográficas, la nula aplicación de la Ley del Suelo que pactaron PP, PRC y PSOE a favor de sus “pelotazos” urbanísticos en sus municipios de influencia y las características de la demanda, con un perfil del demandante de 25-30 años; un 40 por ciento con contrato fijo, de los cuales un 50 por ciento no supera las 125.000 pesetas al mes de ingresos, la definición del problema es de una gran enormidad, que debiera impedir que los partidos que nada hicieron en estos años jueguen con los jóvenes anunciando decenas de miles de viviendas. Igualmente, no deja de ser inmoral que por electoralismo las pocas viviendas que se construyen se sorteen con años de distancia a su entrega oficial, con lo cual el favorecido –no siempre el que más la necesita- hace cuentas y previsiones que finalmente quedan alteradas con los consiguientes trastornos adicionales.

La desgracia para nuestros jóvenes es que todo lo que se anuncia con una alegría incalificable –lo que se promete y no se hace es, sencillamente, corrupción política- no se basa en una definición previa de criterios que deben orientar la política pública de vivienda para jóvenes o, la existencia de unas líneas de actuación; se trata de prometer cifras, sin especificar, además, los recursos. Es decir, entendiendo la accesibilidad a la vivienda como problema de vulnerabilidad social, especialmente de los jóvenes en un ochenta por ciento que forman parte de la demanda, es necesario impulsar una política de vivienda para aquellos jóvenes que no tienen posibilidades de acceso ni recursos económicos para acudir al mercado.

¿Qué alternativas deben aplicarse ante este problema de gran injusticia social que soportan los jóvenes cántabros?. Varios, entre otros, que la Administración garantice una tasa de beneficios para promover la vivienda protegida de promoción privada al tiempo que atiende a las necesidades sociales de los grupos más vulnerables y, por otra parte, impulsar un control efectivo del suelo por parte de la Administración, local y autonómica, utilizando mecanismos legales para incrementar el patrimonio público del suelo, que abarate los costos finales. Además, se puede y se debe utilizar la vivienda vacía como recurso por la insostenbilidad de la política intensiva de construcción de vivienda nueva, bien subvencionando la compra o el alquiler o, penalizando fiscalmente la retención de vivienda vacía; medidas de discriminación positiva a través de reservas para menores de 35 años en promociones de vivienda protegida y facilitar el acceso al crédito hipotecario. Nada de esto se ha hecho desde las instancias públicas de Cantabria, terminando en esa dolorosísima estadística de ser la comunidad más cara en cuanto al precio de la vivienda. El suspenso es, pues, mayúsculo. Lo saben y por eso prometen el oro y el moro.

Energía eólica: Navarra a la cabeza; Cantabria a la cola.
Prometo que la próxima semana abordaré este asunto con más detalle y profundidad. Se trata, de nuevo, de comprobar hasta que punto no se desarrollan todas las posibilidades de recursos y creación de empleo que tiene Cantabria. Navarra, que nos saca un cuarto de siglo en todos los indicadores económicos y sociales, tiene una empresa pública que se dedica a la producción de energía eólica; lo hace, además, con todos los informes a favor de una dinámica sociedad tanto en lo económico como en la actividad profesional. El pasado año obtuvo unos beneficios de más de mil millones de pesetas y genera unos cientos de empleos, además de dar vida a muchos pueblos de comarcas despobladas y sin recursos. Aquí, en Cantabria, tenemos Campoo como una zona ideal para la promoción de esta energía. Pues bien, por parte del Gobierno de Cantabria todo son trabas, favoritismos, adjudicaciones a empresas de fuera y negativa a que juntas vecinales idóneas para el desarrollo de la energía eólica, puedan desarrollar esta energía no contaminante y acceder a ingresos importantes para la mejora de sus pueblos y el hábitat de sus gentes. Es decir, lo que se desarrolla con eficacia de gestión, empleo y excelentes beneficios en Navarra, se impide en Cantabria. Mal, muy mal, que nos indica cómo el Gobierno cántabro desaprovecha inmensas posibilidades de un desarrollo equilibrado para una comarca muy deprimida. En fin, ni hacen ni dejan hacer.