Hemos escrito con reiteración -y todo indica que estamos condenados a insistir- sobre la fuerte atracción que para inversiones tiene el territorio del País Vasco a pesar de la doble confrontación política interna -nacionalismo y constitucionalismo- y la de su Gobierno (PNV-EA) con el del Estado (PP). Para nadie es un secreto que esa atracción para lograr nuevas inversiones se basa en su total autonomía fiscal -que es casi soberanía- que permite que el tejido industrial vasco se fortalezca cada día más, a pesar -repito- de las profundas incertidumbres políticas que están abiertas cara a un horizonte próximo. Igualmente, no hay duda que los vecinos -sobre todo cántabros y riojanos- sufrimos más directamente las consecuencias y, de esta situación no puede desvincularse el reciente anuncio de traslado a Vitoria de una gran parte de la plantilla cántabra de lo que fue la empresa Gerposa -nacida de la iniciativa cántabra- y que hoy toma el nombre de Crhistian Salvesen Gerposa, S.A.

El desmantelamiento de una empresa comienza, como es el caso, por el traslado obligatorio de sus empleados a otros centros de trabajo fuera del territorio de su domicilio familiar. Para ello se buscan argumentos que, como el caso que nos ocupa, han sido debidamente replicados por el comité de empresa que no encuentra una sola razón que justifique la drástica decisión de trasladar medio centenar de conductores al País Vasco, lo que hace sospechar que estemos ante el inicio de una estrategia que tendría su culminación en el traslado total de la sociedad al eje Bilbao-Vitoria.

Cantabria tiene un problema de gran magnitud con su industria. Es su gran reto. Existir con futuro o estar condenados a la cola. El sector ha ido descendiendo muy lentamente, pero la suma de muchas décimas en unos años ha llevado a que, hoy por hoy, todas las energías institucionales necesariamente deban unirse en el fortalecimiento del sector industrial. Claro que las inversiones industriales están muy condicionadas por las subvenciones, las exenciones fiscales, el ofrecimiento de suelo, la formación profesional, etcétera. En cuanto a subvenciones y exenciones fiscales, el Gobierno vasco y sus Diputaciones tienen sobre Cantabria la gran ventaja de su casi soberanía fiscal; así, por citar un ejemplo, mientras que en nuestra comunidad el impuesto de sociedades supera el treinta por ciento, en el País Vasco entre una y otra cosa el porcentaje se sitúa en torno al veinte por ciento.

En relación a suelo industrial, la comunidad castellana ha puesto en marcha un plan muy ambicioso y algunos ayuntamientos limítrofes a Cantabria -caso de Aguilar de Campoo, por ejemplo- visitan con regularidad a empresarios cántabros ofreciendo suelo gratis y reducción de impuestos municipales. Aquí, sin embargo, seguimos en áreas industriales con una larga tradición, como es el caso de Torrelavega, sin suelo que ofrecer y sin la presentación de los necesarios atractivos para atraer empresas que generen nuevos empleos.

El nuevo Gobierno tiene que actuar con diligencia y rapidez en este problema de los trabajadores de Gerposa, S.A. una de esas empresas familiares surgida desde la vocación empresarial de cántabros con espíritu de riesgo e iniciativa que, con el paso del tiempo, sucumbió a la internacionalización de la economía. No es razonable el traslado de cincuenta familias en las justificaciones invocadas por los directivos de la sociedad; más bien los argumentos presagian el comienzo de una estrategia cuyo final intuimos. Un traslado, además, que es traumático por mucho que se quiera minimizar desde la empresa y, además, caro económicamente, de ahí que expresemos nuestra solidaridad con quienes no pueden ser abandonados en su lucha por mantener su empleo en un hábitat tranquilo como el cántabro, lejos de la tensión e, incluso, de la marginación.

Insistiré una vez más. La inquietud sobre el futuro industrial de Cantabria aconseja unir fuerzas políticas, sociales e institucionales en el objetivo de lograr un crecimiento de este sector. En muchas ocasiones ya hemos señalado que sin industria no hay futuro y esta conclusión tiene que movilizar las energías necesarias en el logro de nuevas inversiones empresariales que, además, generen empleo. Habrá que aplicar políticas radicales, como lo son, sin duda, las que se aplican desde el País Vasco y Castilla y, para ello, se precisa de financiación, que no será fácil buscarla y que, además, entrará en serias estrecheces si tenemos en cuenta que la enseñanza y la sanidad van a tragarse cada año más porcentaje del presupuesto regional. Y en este campo los milagros no son frecuentes, de ahí que estemos ante un reto complejo que medirá capacidades o descubrirá fracasos. Más nos vale a todos que ocurra lo primero.