Plan del Litoral: el "pelotazo" de la discrecionalidad.

La licencia legal para la arbitrariedad de los poderes públicos en asuntos de urbanismo, representa la antesala del clientelismo político y la corrupción.

No conozco caso alguno de Administraciones sometidas al derecho y a la ley que cuestiones importantes queden sometidas a la discrecionalidad de los gobernantes. Solo por quebrarse el principio de seguridad jurídica, hay que denunciar que en Cantabria muchas licencias de construcción, en última instancia, están sometidas a la libre decisión de dos consejeros -uno por cada partido gobernante- cuyos nombres y responsabilidades conocemos todos y que están a porrazos estos días después de ocho años menos tres meses -que es el tiempo que falta para las elecciones- de amores infinitos. No hace falta que insistamos en la tesis de que la discrecionalidad provoca inseguridad jurídica, institucionaliza el clientelismo político y termina impulsando una administración intervencionista sobre la que planearan lógicas sospechas. Ya es sabido que la corrupción latente en esta comunidad surge precisamente de la arbitrariedad urbanística, que es la que obliga a determinados recorridos con la gallina en la cesta. Alguien ha escrito o dicho que el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues bien, ejercer este tipo de poder -el de la discrecionalidad en materia urbanística- decidiendo quién puede construir y quién no; que terrenos valen para unos buenos pelotazos y, aquellos que se condenan a la nada, tirando una línea caprichosa -así es la arbitrariedad- para dejar esta o aquella propiedad fuera o dentro de los permisos o de las prohibiciones o, apelando a indeterminados efectos en el medio ambiente; todo ello forma parte, en su conjunto, de la perversión de las normas. Así, por supuesto, no se construye una autonomía con garantías jurídicas, sino un caciquismo deplorable. El Plan del Litoral es necesario y desde hace tiempo se reclamaba con urgencia, objetivo y reflexión en el que todo el mundo coincide; ahora bien, las discrepancias surgen sobre la forma de llegar a su aprobación, al presentar importantes lagunas técnicas y jurídicas, así como su envío in extremis al Parlamento, cuando no hay tiempo material para un debate a fondo al encontrarse la legislatura finiquitada. Atrás han quedado tiempos preciosos perdidos conscientemente para llegar a este final de cobardía política de unos y otros, que buscan excusas para su retraso, después de denunciar que la oposición al plan venia de la mano de los promotores de los grandes pelotazos urbanísticos, cuando pelotazos ha habido en el pasado más reciente. Como prueba, ahí están casi una veintena de sentencias judiciales que ordenan el derribo de quinientas viviendas y anulaciones de planes urbanísticos, que apuntan al Gobierno de Sieso-Revilla como el más condenado por los tribunales por no hacer respetar la legalidad urbanística y, por supuesto, detrás de cada pelotazo urbanístico ha habido un gobernante que lo permitió o autorizó y, presuntamente, más cosas. Sobre lo que sucede estos días en torno al debate del Plan del Litoral -no nos engañemos- esta un claro conflicto de intereses e influencias del dinero. El gran pelotazo del Plan del Litoral -que se quiere aprobar con calzador y, sin tiempo, en un Parlamento vencido-, es la discrecionalidad y arbitrariedad publicas, que deja en manos de los políticos de turno el camino abierto a tomar decisiones que finalmente solo se podrá controlar -y tras largos años de espera y cuantiosos gastos- por los tribunales de justicia. Un plan, además, que para una comunidad en la que la cultura de la tierra y de la propiedad están tan afianzadas, que obvia un asunto de vital trascendencia: las compensaciones económicas para las propiedades que pasan a disfrute ciudadano. También es un pelotazo el propio proyecto de Plan del Litoral -lo que es fácil deducir- cuando se redacta, primero, y finalmente se enmienda por los ayuntamientos afines, con inclinaciones partidistas y de favor, momento en el que la gangrena termina infectando todo el proyecto, de ahí que sean muchos los colectivos que han protestado y autoridades del urbanismo ya han dejado sentir su inquietud -desde la defensa de su necesidad- sobre sus debilidades y falta de rigor o, el lamento de muchas familias -generalmente las mas despreciadas en estos casos, que solo recogen las migajas de las plusvalías- que sienten pisoteado su derecho social a la propiedad, pensando que tienen algo que dejar a sus hijos después de trabajar las fincas -malviviendo- durante decenas de años y, finalmente comprueban que su patrimonio no vale nada. Claro que entre esa larga nómina de perjudicados no encontraremos un solo nombre de familiar político con influencias y próximo a quienes interpretan a su gusto las normas desde la discrecionalidad. En fin, todo un conflicto de intereses, influencias y dinero en los partidos del Gobierno y la oposición -y de ambas partes, en complicidad, a la vez- que estamos viviendo, con el pueblo de espectador marginado y puteado. Por tanto, lo ético es que en estas elecciones, a la vuelta de la esquina, el PP y PRC defiendan ante los ciudadanos -para validar la confianza- el Plan del Litoral que conjuntamente han presentado en el Parlamento. Claro, si son valientes y tienen coraje político. ALERTA - 22 de Febrero de 2003 © José Ramón SAIZ