Cantabria -en historia- no es de segunda clase |
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Un cuarto de siglo después del alumbramiento de las autonomías no es posible mantener dos o tres modelos, con ventajas
y privilegios de unas pocas sobre las demás.
La autonomía cantabra no se desarrollara plenamente en nuestra comunidad con una clase política que manifiesta una reiterada docilidad con Madrid. |
Ya
afirmo que, en gran parte, estoy de acuerdo con las declaraciones
de Jiménez de Parga si las hubiera expresado como ciudadano; por el contrario,
las considero improcedentes en su condición de Presidente
del Tribunal Constitucional por cuanto hay que mantener a esta alta instancia
al margen de las polémicas y, sobre todo, de la discusión que pudiera
enturbiar su papel de interprete de la Constitución de 1978. Jiménez de
Parga es un charlatán polemista pero es un hombre preparado,
que sabe lo que dice, aunque no es muy consciente donde y en condición
de que alta responsabilidad lo dice. Pero tiene razón en función de que
la Constitución, sus derechos y deberes, lo son para todos los ciudadanos
de la nación española, no entendiendo de ventajas o privilegios
solo para unos de acuerdo al territorio en el que vivan. Quiero señalar, en primer lugar, que los cantabros somos tan comunidad histórica como la vasca, la gallega o la catalana; ahora bien, también debo afirmar que estas comunidades gozan de otros derechos, privilegios y ventajas que no tiene Cantabria en base –afirman para defender su rango superior- que sus estatutos ya fueron aprobados en la etapa de la II República, sosteniendo, además, que como comunidades con idioma propio, son naciones o nacionalidades históricas. Hay, evidentemente, otra razón de peso: tienen sentimiento nacionalista que se expresa en sus fuerzas políticas que en Cataluña y el País Vasco vienen gobernando ininterrumpidamente desde hace más de veinte años. Sin embargo, en Cantabria la autonomía no ha fomentando el necesario espíritu de identidad, que unido a unos gobernantes más atentos al guiño de Madrid que a sus propias responsabilidades de ejercer el autogobierno, sitúan a Cantabria en una autonomía administrativa, lejos del valor intrínseco de lo que entendemos por autogobierno político con todas las consecuencias. Situado el debate, tenemos que señalar que defendemos que Cantabria no es una autonomía de segunda clase, aunque en la práctica lo sea, incluso, respecto a las citadas, estemos aun más lejos. De ahí que nos pronunciemos a favor de la tesis planteada por Jiménez de Parga de lograr que todas las autonomías sean iguales y que aquellos principios que sirvieron para abrir los procesos autonómicos en los primeros años de la democracia, hoy debieran superarse, no solo desde la idea de que vivimos en una misma nación, sino también porque pertenecemos a otra organización supranacional como es la Unión Europea. En consecuencia, se puede aceptar que en unas comunidades exista una base social con una profunda identidad, de autoafirmacion de lo propio, que no existe en el resto y que no hay en Cantabria; sin embargo, esto no debiera ser impedimento para que, según lo expresado por Jiménez de Parga, se pueda y deba restablecer en el actual Estado de las autonomías -camino de un cuarto de siglo de su desarrollo- el que no existan diferencias entre las Comunidades Autónomas, salvo que nos mantengamos en la arbitrariedad, porque tanta historia –nunca menos- tiene Cantabria como el País Vasco o Cataluña. Somos los cantabros quienes más percibimos las ventajas y privilegios de otros territorios que, por ser vecinos, sus decisiones tienen repercusiones que muchas veces no notamos, pero que son siempre en nuestra contra. En mi etapa de diputado del Parlamento cantabro y en multitud de artículos, he defendido para Cantabria los mismos derechos que tienen los vascos, consciente de que sus privilegios afectan directamente a Cantabria. Entiendo que aunque la Constitución reconoce el concierto del País Vasco, hay que recordar otros artículos que proclaman la solidaridad y aquellos que proclaman que todos los ciudadanos de la nación española somos iguales ante la ley. No es mi intención negar o cuestionar derechos de otros; la aspiración que me ha animado siempre cuando he expresado opiniones al respecto es tener esos mismos derechos, para que podamos competir en pie de igualdad, porque de otra manera, unos serán más ricos y otros seremos, poco a poco, más pobres. Por mucho que se quiera justificar sobre la base de la historia, no es posible aceptar que el País Vasco pueda aplicar un veinte por ciento en su impuesto de sociedades y aquí se impongan porcentajes muy superiores, ya que entonces no hablaremos de dos o tres velocidades en lo político e institucional, sino en un plano tan esencial como el económico, financiero y empresarial. La polémica abierta da mucho de sí, aunque los principios más básicos, desde mi punto de vista, son los ya expuestos. Jiménez de Parga es un polemista pero ha sido certero. Su único error es que no puede hablar en esos términos al ostentar un alto cargo al que se le debe exigir la máxima imparcialidad. Hago mías estas reflexiones del ex-presidente del Principado de Asturias, Pedro de Silva, intelectual y escritor prolífico, quien ha venido a decir que Jiménez de Parga podría haberse referido mas atrás que al año mil de su Granada, en concreto, al relato de Estrabon sobre los pueblos del Norte: Kallaikoi, Astoures, Kantabroi y Ouaskones, ya estaban en la cornisa hace dos milenios haciendo de las suyas, indicando que aparte lo dicharachero y jacarandoso del presidente del Tribunal Constitucional, tiene mas razón que Kant: dar el nombre de “históricas” a unas comunidades solo por haber plebiscitado estatuto en la República (o sea, anteayer) es equivoco y hay que desterrarlo. Concluyendo, los mismos derechos para todas las autonomías en un mismo Estado y en una Europa que avanza como gran proyecto supranacional. |
ALERTA - 25 de Enero de 2003 © José Ramón SAIZ www.joseramonsaiz.com |